Por José Antonio Riesco para el Informador Público

La democracia sucedió al absolutismo de las viejas monarquías como un método para la resolución pacífica de las diferencias políticas en el seno de la sociedad; y de paso como un procedimiento para que se expresara la voluntad de los electores. Su historial práctico demostró relevante utilidad e hizo posible la evolución del Estado hacia la implantación de formas perfeccionadas en el sistema político y, asimismo, de valores de participación, justicia y garantía de los derechos civiles, políticos y sociales. Pero también sirvió para experiencias “non santas” en la pugna por el poder y los cargos públicos, designados o representativos.

El fraude electoral, las artimañas en la definición de los distritos, la exclusión de las minorías, se enriquecieron luego con la conducta ilegal de los demagogos y autócratas (aún disimulados) mediante diversas modalidades de corrupción: clientelismo, uso y abuso ilegal de los recursos público, nepotismo (la parentela en la corte), restricciones a la competencia, etc. Parte de estos vicios ha sido la designación (o postulación de candidaturas) de amigos políticos cuyo prontuario policial está lleno de “virtudes y antecedentes”. De ahí la presencia en funciones de gobierno de inmorales y delincuentes y que no logra curar el origen democrático del cargo, aunque sí hace realidad aquello de que "la democracia, a veces, es el sistema que permite al pueblo elegir a sus propios sinvergüenzas”.

Por la vía democrática suelen colarse los antidemocráticos; y siempre es bueno recordar que Adolfo Hitler llegó al poder absoluto con demostraciones de potencia electoral; y no podría descartarse que, habiendo hoy elecciones libres en Cuba, el tirano Fidel obtendría mayoría. Como largamente lo hizo Sukarno en Indonesia. La concepción mítica de la democracia en las naciones sin tradiciones consolidadas en la materia llevó más de una vez a desfigurar u ocultar las causas socio-culturales que en cada país le da vigencia y que no todos comparten.

Dentro de esta mistificación está la desfiguración del sistema. Tal la pretensión de que, mediante grandes inversiones en publicidad, se puede construir al menos la imagen de un gran político para “venderlo” a la audiencia electoral con alta probabilidad de éxito en los comicios y asegurar así su instalación en el gobierno. “¡Y que Dios nos ayude...!” La democracia degenera de tal modo en una farsa política para unos y acaso en un buen negocio para otros. No viene mal mirar en la propia casa.

El procedimiento de elección del Presidente no tuvo nada de feliz cuando, a partir de 1976, durante el “Proceso”, practicaron el suyo los generales con el aval tácito de sus subordinados. ¿Le fue mucho mejor a la democracia posterior aplicando la Constitución, el estatuto de los partidos políticos y la ley electoral…? Y no valen aquí los argumentos ideológicos o romantiqueros. Los hechos son los hechos, y son los testimonios a la fecha. Es que una y otra vez los personalismos y la audacia oficiaron de méritos para trepar al poder; en su lugar se impusieron "las encuestas” y los acuerdismos de segunda. La lógica del comité. Si nos guiamos por los resultados (y el precio que la nación viene pagando), vale preguntarse sobre cuál de los electos desde 1983 al presente era antes y demostró luego condiciones de auténtico estadista.

Esto viene a propósito de la respuesta negativa con que el vicepresidente Julio Cleto Cobos acaba de rechazar la propuesta del Dr. Ricardo Alfonsín (h.) de dirimir la candidatura presidencial de la UCR para 2011 mediante una “interna” (primaria y cerrada) entre los afiliados de ese partido y no más allá de marzo próximo. Cobos está sindicado de poco veloz en su gestión política y corre el riesgo de que el destino no lo siga esperando. Pero su argumento es sensato, ya que afirma la necesidad de, previamente, poner en claro los objetivos y valores que aplicará el próximo gobierno, y además sostiene la necesidad de ampliar el escenario de las consultas -en torno a dicha problemática- a todos los sectores de la comunidad (empresarios, gremiales, etc.) y sin descartar a las otras fuerzas políticas. (v. Clarín: 20.VIII.2010)

No parece, en cambio, una muestra de sensatez la propuesta de Alfonsín, aunque sí pueda serlo respecto a sus intereses como pre candidato. Al menos no mira a la tremenda necesidad que la Argentina tiene de ir más allá (¡mucho más allá...!) del mero electoralismo y del dañino internismo que viene carcomiendo la seriedad del régimen de partidos políticos. Repetir la lógica del comité sería ignorar, desaprensivamente, las reiteradas frustraciones de la democracia que venimos experimentando por largos años. Antes del Proceso militar y también luego que cesó. Y es bueno entender que los derechos de los políticos sólo se legitiman si se subordinan a los derechos de la nación. Esta necesita buenos candidatos, pero más que candidatos requiere estadistas.

José Antonio Riesco

Instituto de Teoría del Estado