Por Alexis Di Capo

Las denuncias sobre la red de consultorías truchas que opera desde el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA tienen nuevos capítulos. Así aparece en la trama Héctor Molina, quien cumpliría el rol de cajero del decano Alberto Barbieri, desempeñándose hasta hace poco como Subdirector del Centro de Asistencia Técnica de Economistas de la UBA. Molina tuvo además un rol central en el proceso de prórroga de las concesiones de los peajes en las autovías recientemente decidida por el gobierno nacional en un contexto altamente cuestionable (ver Escandalosa adjudicación de corredores viales) por la magnitud de los subsidios comprometidos.

El estudio técnico para el tema de las autovías se hizo mediante un convenio con la Facultad a un costo de $100.000 mensuales. Pero el verdadero costo fue 0, porque el trabajo lo hicieron los técnicos del Ministerio de Planificación. Molina certificaba y todos cobraban. Algo así como comprar el billete premiado.

Por las manos de Molina pasaban también todas las certificaciones de los servicios de los demás convenios que financiaba el Ministerio de Planificación y ejecutaba la Facultad. Aquél habría sido también el encargado de presionar a los docentes para que certificaran a los ñoquis que habrían facturado para engrosar los bolsillos de la plana mayor de Barbieri, integrada por Giusti, Yacobity y Catalino Núñez.

Esta operatoria se realizaría en el marco del paraguas político brindado por la estrecha relación existente entre Barbieri y Laly De Vido, esposa del super Ministro de Planificación.

También los chinos

Por un acuerdo con el Gobierno Chino, la Facultad es el representante en la Argentina del Instituto Confucio de China. Es un ente que organiza actividades para difundir la cultura china en España y Latinoamérica.

Se trata de un convenio por el cual la Facultad administra un fondo de u$s 100.000 mensuales, durante dos años. En total u$s 2.400.000.

Giusti y Catalino Núñez pusieron como Director a Héctor Seoane, que no es docente de la Facultad y cobra u$s 4.000 mes.

¿Cuál sería el objeto de esta designación? Que Seoane certifique con los ojos vendados lo que le pasan Giusti y Núñez, quienes luego le rinden cuentas a Yacobity y Barbieri.

En la letra de todos estos convenios, a la Facultad siempre le queda el 10%. Es notable que no haya ningún convenio que le deje más del 10%.

Convenio con el Correo Argentino:

Es un convenio que dirige el Prof. Carlos Slosse, quien cobraría $6.000 mensuales por certificar servicios de ñoquis por $90.000 mensuales. Su monto es de $1.080.000 anuales.

El costo real del trabajo de auditoría es $15.000 mensuales. El jefe de los ñoquis sería el Contador Juan Carlos Jaite, cajero de Giusti, quien en el último año ni siquiera habría pisado las oficinas del Correo. Su justificativo sería que “es político”.

El común denominador de los profesionales mencionados es que siempre vivieron del Estado. Desde sus comienzos en el poder, el kirchnerismo denunció que la contratación de consultorías privadas por parte del Estado era una fuente de corrupción. Así es que impuso la política de que los trabajos de consultoría los realicen los mismos entes oficiales. Y entonces generó en la práctica un sistema de corrupción hasta ahora incontrolable.