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30.08.2010 | Inteligencia | Por: Alexis Di Capo

¿UN NUEVO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN?

Investigarían al gobierno argentino por el tráfico ilegal de armas





Por Alexis Di Capo para el Informador Público

Distintos fabricantes de armas de Alemania y Austria les informaron a sus representantes comerciales y representantes ante las FF.AA. y de Seguridad argentinas sobre una drástica medida. Se trata de la decisión de suspender las ventas de armas a la Argentina. La medida alcanzaría incluso a las armas de uso civil y deportivo y también a la provisión al Estado nacional. Los fabricantes europeos les explicaron reservadamente a sus representantes locales que la Argentina estaría siendo investigada por organismos internacionales por realizar triangulaciones prohibidas de armamentos con Rusia, Venezuela y Bolivia, entre otros países.

 

SOSPECHAS

La posibilidad de la participación de autoridades argentinas en el comercio ilegal de armas viene siendo investigada desde diferentes ángulos y por distintos sectores. Reproducimos a continuación las partes principales de un informe publicado dos años atrás en:

http://www.rodelu.net/2006/semana05latinoam0653.html

“Toda la región es un queso gruyer. Seguramente desde las fronteras con Paraguay, Argentina y Uruguay se introduce en Brasil el armamento pesado que utilizan las organizaciones de delincuentes en San Pablo y Rio de Janeiro. Ese armamento sólo puede ser suministrado por elementos militares, porque es armamento de guerra. ¿De dónde se obtiene? Las misiones de paz pueden ser una vía fácil para derivar armas. La investigación de una comisión parlamentaria brasileña sobre ese tráfico quizás sirva para instrumentar acciones conjuntas que desmantelen el vínculo entre militares y las mafias. Habrá que esperar la información oficial para iniciar aquí una investigación.”

Así se expresó una calificada fuente del gobierno, consultada por BRECHA a raíz de las revelaciones de parlamentarios brasileños sobre la identificación de oficiales de alto rango, argentinos y uruguayos, involucrados en el tráfico ilegal de armas, obtenidas en grabaciones de conversaciones telefónicas y videos, en el proceso de seguimiento y vigilancia que organismos de inteligencia brasileños sometieron a miembros de las mafias Comando Vermelho, de Rio de Janeiro, y Primer Comando de la Capital, de San Pablo.

 

LAS DENUNCIAS

La investigación de los parlamentarios brasileños es considerada en Brasilia como la más decidida acción, emprendida hasta el momento, para desarticular el vínculo entre traficantes de armas y narcotraficantes, que mantiene a las principales ciudades brasileñas en un virtual estado de guerra. La información, inicialmente revelada por Jornal do Brasil, confirma que los parlamentarios investigadores llegaron a detectar la trama del contrabando de armas y a confirmar que el suministro de material de guerra sólo es posible con la participación de militares de la región. La confirmación de ese vínculo surgió de la documentación obtenida tras meses de paciente vigilancia. Según el diputado Paulo Pimenta, que pertenece al Partido de los Trabajadores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la comisión cuenta con grabaciones telefónicas, autorizadas por la justicia, de conversaciones mantenidas por intermediarios brasileños. “En esas grabaciones aparecen criminales brasileños conversando sobre la venta de armas, citando nombres de personas, de altos oficiales de las fuerzas armadas de Argentina y Uruguay”, afirmó el legislador. Pimenta señaló que él mismo pudo comprobar en un operativo realizado en la frontera entre las ciudades de Uruguayana y Paso de los Libres cómo se registraba una entrada bastante significativa de armas.

El diputado Torgan (del conservador Partido del Frente Liberal), un antiguo comisario de la Policía Federal que ya presidió una comisión parlamentaria sobre narcotráfico, dijo que están identificados como parte del tráfico al menos cinco generales de Uruguay, Paraguay y Surinam, y otros seis altos oficiales del Ejército argentino. “La información que tenemos es que son todos militares de los ejércitos de estos países. De Uruguay llegarían armas nuevas y usadas”, afirmó. Según Pimenta, investigaciones realizadas tiempo atrás establecían que por un arma robada se pagaban 100 dólares en Montevideo, 300 en Rivera y más de mil en Rio de Janeiro.

Por las informaciones recabadas en la comisión, en Argentina las propias fábricas de armas ayudan a los oficiales a traficarlas. “Las informaciones que recibimos muestran dónde actúan estos oficiales y cómo hacen para transportar las armas a Brasil”, dijo Torgan. Una de las informaciones incluye hasta el nombre de una empresa transportadora involucrada con los oficiales del Ejército argentino, que traería las armas a través de las carreteras del sur de Brasil hasta Rio y San Pablo.

Por su parte, el diputado Colbert Martins da Silva Filho, también miembro de esa comisión del Congreso brasileño y dirigente del Partido Popular Socialista, sostuvo que la comisión tiene videos con imágenes de equipos, automóviles y personas, lo que probaría que los militares involucrados no sólo participan en el contrabando de armas. “Ellos participan simultáneamente del tráfico de drogas. Son operaciones combinadas”, dijo.

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