Por Alfredo A. A. Solari para el Informador Público

Las sociedades políticas no constituyen un sistema homogéneo, en el que -por el hecho de compartir un territorio, un idioma, una bandera, una institucionalización y una historia comunes- necesariamente todos comparten el mismo sistema de valores. Por el contrario, si se analiza el tema con algún rigor, de inmediato se advierte que las sociedades son sistemas de subsistemas yuxtapuestos, en los cuales las diferencias entre sí pueden ser tan abrumadores que hagan dudar de si ellos pueden constituir algún todo con un mínima ligazón común. En nuestro país, por ejemplo, claras han sido las diferencias históricas entre los conjuntos de valores que profesaban y llevaban a la práctica -con terribles secuelas de exterminio, muertes impiadosas, exilios y persecuciones de todo tipo- federales y unitarios. “¡Viva la Santa Confederación! ¡Mueran los salvajes unitarios!” es una demostración al canto. Como también lo fue, un siglo después, la división de las aguas entre peronistas y oligarcas en los ‘50, y algunos años más tarde, entre la “Patria Peronista” y la “Patria Socialista”.

Además de las diferencias políticas entre los diversos subsistemas (alguno/s de los cuales puede presentarse, como dominante/s o hegemónico/s por períodos más ó menos prolongados), existen otras numerosas diferencias de diversa naturaleza: empleados de generalmente crecientes plantillas gubernamentales, ante la dependencia de los estados locales frente al gobierno federal, o debido a la alternancia, que no echa a los que estaban -tienen la estabilidad del empleado público- pero hace ingresar a los que no estaban; ministros, secretarios, subsecretarios, jueces, que se benefician de la sumisión al poder político (y en algunos casos, más de los deseables, de las coautorías ó complicidades ó instigaciones o encubrimientos a la corrupción); jubilados del estado ó de la actividad privada, a los cuales el sistema de reparto siempre los perjudica en grado creciente; grandes empresarios que, con una adaptación darwiniana notable a la corrupción de los gobiernos, siguen haciendo negocios, con socios distintos en cada gestión; cuentapropistas productores más ó menos marginales a los cuales la inflación golpea sin piedad, y piden proteccionismo hasta con respecto a la luz del sol; pobladores rurales y urbanos; de grandes centros o de pequeños centros; de urbes estructuradas ó de villas de emergencia; de educación primaria, media, secundaria, terciaria o cuaternaria; de instituciones públicas -penetradas ideológicamente con disvalores constitucionales- o privadas conservadoras de valores republicanos; y un largo etc. Entre los conjuntos de valores (o disvalores) que comparten ó no tan diversos núcleos poblacionales, los intereses que los mueven, sus creencias, actitudes, y -a veces, ideologías-, no es fácil encontrar grandes coincidencias (a veces no las hay) que generen comportamientos concurrentes predecibles en un acto eleccionario. No sólo de parte del sufragante, sino también -y muy especialmente- de las dirigencias políticas. Todavía persiste el recuerdo de Ricardo López Murphy en 2003, exhibiendo una soberbia “pureza” política que contribuyó a la entronización del Gran Malvado, Destructor de las Leyes. Por todas estas razones, es difícil creer en las encuestas: a veces el entrevistado dice algo por adelantado, y al final hace otra cosa; o no. La sociología no es una ciencia exacta que permita predicciones apodícticas en base a fundamentos verificables universales, ni la estadística es otra cosa que el cómputo de similitudes ó diferencias entre universos muestrales siempre determinados con un componente de discrecionalidad insuprimible.

“¡Cristina ya ganó!” nos dice la propaganda oficial de genuflexos, sirvientes y prebendarios del régimen K. Pero el 15 de agosto se va a saber la verdad: ¿y si, frente a frente los subsistemas que integran el oficialismo y la oposición, resulta -como en 2009- que éstos suman más que aquéllos? El resultado, que consideramos posible, no resulta, sin embargo, auspicioso de por sí. Porque la legislación electora vigente no prevé que, con posterioridad a las primarias, los diversos partidos ó alianzas concertadas con anterioridad, puedan forjar una nueva alianza entre sí. Aunque esto sea de manifiesta inconstitucionalidad, no se advierten -por ahora- uñas de guitarrero en ningún partido ni alianza ya conformada para plantear el tema judicialmente mediante una simple acción declarativa de inconstitucionalidad, ya que el art. 38 de la CN „deformada‟ en 1994 -en lo que aquí interesa- dispone: “Art. 38: Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución.” Precisamente una de esas actividades libres, es la de concertar alianzas, ya que el art. 10 de la ley de partidos políticos 23.298 establece que: “Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir alianzas de distrito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos, de acuerdo a lo que establezcan sus respectivas cartas orgánicas, con el propósito de presentar candidatos para cargos públicos electivos”, pero de inmediato viene la cortapisa agregada al mismo artículo por la L.25.671 (BO 14-12-2009, luego del “triunfo” de la “oposición”!) pomposa -y absurdamente- llamada “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”; “Los partidos políticos que integren la alianza deben requerir su reconocimiento, ante el juez federal con competencia electoral del distrito respectivo o de la Capital Federal, en el caso de las alianzas nacionales, hasta sesenta (60) días antes de la fecha de la elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria”. O sea, la situación posterior de conformación de alianzas no está prevista. Y ahí, en esa norma, naufragaron la democratización, la transparencia, y la equidad, de la representación política. Ello, unido a la masiva declaración de caducidad de múltiples partidos políticos que no alcanzaron a obtener el piso mínimo del 2% del padrón electoral en dos elecciones sucesivas (piso suprimido por Duhalde L. 25.611 BO 4/7/2002, y repuesto por Kirchner L. 26.191 (BO 29/12/2006) configura, en los hechos, una oligarquización inequitativa de la representación política.

Es inexplicable, y parte de la ceguera argentina actual que nos está llevando con rumbo colisión, que ningún “craneoteco” de las dirigencias políticas (desde líderes connotados, como la Dra. Carrió, o Alfonsín, o Duhalde, etc.) ni ninguna de sus primeras -o segundas- espadas, hiciera tópico este gravísimo tema encarando el planteo de inconstitucionalidad de esas disposiciones en sede judicial, obnubilados todos con la ilusión del poder, y la difusión de su propaganda de que cada uno de ellos será el que gane. Qué pobreza de valores, qué olvido del sistema republicano, federal y democrático establecido en los arts. 1 y 33 de la constitución nacional! ¡Qué obscena exhibición de genuflexiones, sumisiones y subditanías, indignas de argentinos! Pero claro, hemos dicho que la sociedad argentina -como todas las demás- es un sistema de subsistemas de valores, donde -por ahora- los disvalores vienen en el N° 1 del “top ten”.

¿Qué queda entonces para el 15 de agosto, si ese conglomerado yuxtapuesto logra, vis a vis, más votos que ella? Sólo la grandeza de los candidatos de los partidos que subsigan al más votado de los de la “oposición”, para “bajarse” de sus postulaciones, y manifestar y pedir a sus seguidores que, para bien de la Patria, es preferible encolumnarse con la primera minoría, antes que dejarle a ella el proverbial “campo ‘e orégano”. Y mostrarle a la hegemónica y autoritaria presidente, Gran Destructora de las Leyes, que en la calle, codo a codo, somos muchos más que vos.

Buenos Aires, 2 de julio de 2011.

* Abogado. Profesor de Garantías Constitucionales del Derecho Penal, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.

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