Por Alfredo Nobre Leite.-

Con respecto a la extensión de la ley del arrepentido sobre hechos de corrupción, en sesión especial de la Cámara de Diputados, voces periodísticas opinan que es inmoral por tratarse de una infidencia al denunciar a un cómplice o superior del acto delictivo, ya que la corrupción se había extendido de manera sistemática en el anterior gobierno a todas sus esferas. Lo que debe pensarse es que teológicamente Dios permite el mal por un bien mayor. El mal sería la infidencia, pero el bien mayor combatir la corrupción y recuperar los bienes apropiados ilícitamente a las arcas del Estado. A la luz del caso del ex secretario de Obras Públicas, José López, sorprendido «in fraganti» arrojando bolsas con unos nueve millones de dólares por sobre el muro de un convento en General Rodríguez, se beneficiaría con una reducción de la pena de prisión, denunciando a sus superiores -dependía del ex ministro de Planificación, Julio de Vido- y llegar a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, pues nada se hacía, bajo el régimen kirchnerista, sin la autorización del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y luego de su sucesora.

Además, téngase en cuenta que el aceitado sistema para lucrar y hacer fortunas con los sobreprecios de las obras públicas, fue pergeñado por el aludido ex mandatario, desde su posición de intendente municipal de Río Gallegos en la década del ’80, luego como gobernador en dos periodos, y ya siendo presidente de la República, trasladó sus maniobras delictivas a nivel nacional. Las obras públicas se otorgaban a empresarios «amigos» y cómplices -léase Lázaro Báez, ex cajero del Banco Provincia de Santa Cruz, devenido a partir de 2003 en millonario-, que monopolizaba las licitaciones, y hasta recibía pagos por adelantado, para luego devolver al jefe de la «asociación ilícita» retornos en efectivo o alquilando habitaciones de hoteles de la familia «K», que no se ocupaban. En la financiera, llamada «La Rosadita», un video mostró al hijo de Báez, Martín, contando unos seis millones de dólares que iban a para a paraísos fiscales, como en Jamaica, Bahamas, islas Seychelles, etcétera.

Es lamentable que se tome como argumento los dichos de CFK que la corrupción siempre existió para financiar la política (y sus bolsillos). Éste es el mal que hay que erradicar de cuajo por amoral. Y, asimismo, considero que los bienes mal habidos de la familia «K» y cómplices, deben ser confiscados por la Justicia y reintegrados a las arcas del Estado, por ser recursos apropiados de los impuestos que pagamos todos, y más perverso aún por lucrar con las necesidades de los pobres -unos 12 millones-; por lo cual no se requiere ninguna ley en especial para dar cumplimiento a lo expuesto.

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