Por Hernán Andrés Kruse.-

La novela de George Orwell “1984” es uno de los más lúcidos análisis jamás realizados sobre el poder y el control social, sobre el irrefrenable instinto de los gobernantes por espirar a los miembros de las sociedades que gobiernan, por tener todo bajo control para evitar que cualquier chispa desate el tan temido infierno.

La novela de Orwell tiene su desarrollo en el año 1984 y siguientes en una Londres futurista que forma parte de una región llamada “Franja Aérea 1” que tiempo atrás se denominó “Inglaterra o Britania” que a su vez era parte de un colosal estado de naturaleza colectivista llamado “Oceanía”. En Oceanía no había democracia. Reinaba un partido único compuesto por los miembros externos y una élite o consejo dirigente. El grueso de la sociedad era mantenida en la pobreza por la clase dirigente que se valía del entretenimiento para mantenerla anestesiada. Los miembros externos del partido único constituían la burocracia estatal. Carentes de libertad, vivían sometidos por las garras del estado policial y el despliegue de una propaganda embrutecedora que enervaba cualquier atisbo de libre albedrío. Los derechos brillaban por su ausencia y quienes no eran considerados demasiado “leales” con el partido sufrían severas represalias. La causa nacional era considerada sagrada y el poder organizaba frecuentes manifestaciones donde se les obligaba a gritar de manera desaforada las consignas favorables al partido y su odio por quienes eran considerados “traidores”. Sólo demostrando un fanatismo embrutecedor se podía estar a salvo de la vigilancia omnipresente de la denominada “policía del pensamiento”. Gracias a su frondosa imaginación Orwell se permitió distinguir cuatro ministerios que controlaban férreamente la vida de todos: a) el ministerio del Amor, cuya función primordial era la “reeducación” de los miembros del Partido considerados “díscolos”; b) el ministerio de la Paz, encargado de mantener un estado de guerra permanente con el resto del mundo; c) el ministerio de la Abundancia, encargado de velar por la eficiencia de la economía planificada; y d) el ministerio de la Verdad, encargado de la destrucción y/o manipulación de los documentos históricos para corroborar la “historia oficial” enarbolada por el Partido Único. Orwell pinta un estado totalitario químicamente puro que Stalin y Hitler llevaron a la práctica. Obviamente que el tipo de Estado de Orwell nada tiene que ver con la democracia liberal occidental asentada sobre principios filosóficos, políticos y económicos que enaltecen el respeto por los derechos y garantías individuales. Sin embargo, en los últimos años se ha podido detectar, especialmente en las democracias más desarrolladas del mundo, una paulatina y peligrosa tendencia a avanzar peligrosamente sobre las libertades de las personas. Luego del ataque terrorista contra las Torres Gemelas, el por entonces presidente W. Bush impuso el Acta Patriótica que significó una peligrosa intromisión en el ámbito de intimidad de los ciudadanos, legitimada por el peligro que significaba para la seguridad nacional el terrorismo internacional.

La Argentina, como no podía ser de otra manera, no está exenta de estos peligros. El Gran Hermano siempre acecha y hay que estar siempre alerta para no permitir que nuestros derechos y libertades corran peligro. Una de las decisiones más polémicas de Cristina Kirchner fue la designación en la jefatura del Ejército del general Milani, experto en el área de inteligencia, es decir, del espionaje. Si bien la cosa no pasó a mayores, lo cierto es que nuestras libertades corrieron serio riesgo ante la presencia de un militar que, además de sus conocimientos en inteligencia, fue denunciado por su supuesta participación en el terrorismo de Estado. Con Mauricio Macri en la Rosada la tentación por el control social, lamentablemente, no ha desaparecido. El lunes 25 el Boletín Oficial publicó el convenio en virtud del cual la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete, tendrá a su disposición la base de datos de la Anses para dar a publicidad medidas gubernamentales. Según la Resolución 166 “la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante sus unidades orgánicas, debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo”. En sus fundamentos, la resolución expresa: “resulta esencial para el Estado nacional la identificación, evaluación y análisis de problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales que permitan incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”. Jorge Grecco, Secretario de Comunicación Pública, justificó la decisión: “es mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo”.

La reacción de la oposición no se hizo esperar. Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del FPV, dijo que “es una barbaridad, es Orwell 1984”. Adelantó que buscarán “realizar una cadena de amparos para que la Justicia frene el convenio y la utilización de datos sensibles porque se trata de una vulneración a la intimidad de las personas”. “Es otra medida hegemónica de un gobierno ajeno a los principios republicanos”. “Con la cadena nacional, al menos, el que no quería escuchar tenía la posibilidad de pagar la televisión. Ahora se meten directamente en nuestras vidas y nuestra intimidad”, remató. Según Victoria Donda, de Libre del Sur, los datos deben protegerse, ser utilizados por el Estado “para fines de políticas de carácter social”. “Que el gobierno lo use para políticas de publicidad de comunicación está mal, si encima tiene otra intención que puede ser como persecución interna, me parece peor y justifica otro tipo de intervención”. Alicia Siciliani, diputada socialista, manifestó: “se debe priorizar la privacidad porque el límite difuso entre hostigamiento y la penetración en temas partidarios es peligroso”. “Esto forma parte de la cadena nacional del gobierno de Macri que prioriza la comunicación vía redes sociales, lo vimos en campaña y en estos seis meses de gobierno”. “Tenemos que tomar todos los recaudos para cuidar la privacidad de la gente”. Myriam Bregman, diputada del PTS-FIT, dijo: “Rechazamos que el Estado se apropie de los datos de las personas. Atenta contra las libertades democráticas e institucionales”. “El gobierno hace campañas por las redes sociales contra personalidades públicas con cuentas falsas. Quieren hacer como Google o Facebook que se apropian de los datos de las personas. Para campañas comunicacionales no necesitan esos datos”. Para Andrés Larroque, diputado del FPV, “es una amenaza clara y concreta a los derechos de los ciudadanos” y recordó “que la ley 25.326 de Protección de Datos de las Personas prohíbe expresamente la difusión de datos sensibles de los ciudadanos; dicho de otra forma, datos que permitan individualizar a alguien en concreto”. Desde el massismo, Graciela Camaño señaló: “Está prohibido. Claramente viola la ley 25.326 y el artículo 43 de la Constitución Nacional, que en el párrafo 3 establece el derecho a los datos personales” (fuente: Miguel Jorquera: “Gran Hermano en la Casa Rosada”, página 12, 26/7/016).

Acompañado por el ministro del interior, Rogelio Frigerio, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó una conferencia de prensa con el objetivo de defender el proyecto oficial. Dijo que “no se trata de información confidencial que vulnera la intimidad de ningún ciudadano” y que se pretende “trabajar en la cooperación dentro del Estado para mejorar la comunicación con los ciudadanos”. Consideró que esta clase de convenios para compartir información pública “está previsto y permitido por la ley” y “tiene muchísimos antecedentes en los últimos años”. Destacó que “la base de datos de la ANSES es tremendamente incompleta, con un tercio de datos de contactos de sus beneficiarios, lo que demuestra cuál era la concepción de la comunicación en la gestión anterior basada en la propaganda política que preveía un monólogo pero no una conversación”. “El año pasado en la Anses se gastaron mil millones de pesos en publicidad pero no podían contactarse con sus beneficiarios. Nosotros estamos transformando eso, pero no utilizando medios públicos-como Tecnópolis o Fútbol para Todos-para hacer propaganda política”. Remarcó que toda comunicación directa del Estado con la población “será puesta on line para que nadie tenga duda de que estamos aumentando la capacidad de llegar a los ciudadanos con la información pertinente sin vocación de utilización política”. Finalmente, destacó que “toda persona que reciba un mail del Estado” podrá dar de baja esa suscripción o “bajarse de esa base de datos diciendo que no quiere recibir más esa información”.

Las voces opositoras continuaron expresándose. Mirta Tundis, del Frente Renovador, expresó: “Para qué mandan a los jubilados a hacer trámites a las oficinas de agua, luz y gas para obtener la tarifa social, si contando con esa base de datos tranquilamente podrían haber pasado esa información a las empresas”. “Dicen que la base de datos la van a utilizar para informar a través de las redes sociales, cuando realmente la van a utilizar para hacer campaña política”. Por su parte, Edgardo Depetri, diputado nacional por el FPV, consideró que la resolución “violenta la institucionalidad, poniendo datos personales al servicio del marketing público del gobierno para que se acepten sus políticas” e insistió: “Es un asalto a la privacidad de las personas”. Por último, Humberto Tumini, secretario general de Libres del Sur, se preguntó: “¿Cambiemos? No, la derecha es siempre la misma aunque cambien, eso sí, algunos nombres”. “No es difícil de ver que están vendiendo gato por liebre y, acorde a la experiencia, también usarán toda la información para fines partidarios” (fuente: Página 12, 26/7/016).

Como será de polémica esta decisión del gobierno que hasta el propio Joaquín Morales Sol, en un artículo titulado “En las redes de lo mediático” (La Nación, 27/7/016), la critica duramente. Dice el autor: “El caso de la ANSES es, sin duda, mucho más serio que la discusión con Tinelli, que éste usa con buenos réditos para su instalación mediática. La resolución que dispuso la captación de todos los datos personales de los argentinos que aportan al sistema previsional (y de los que cobran) debería precisar para qué serán útiles en otros organismos del Estado. Esa información no es propiedad del Estado, sino de cada uno de los argentinos que están inscriptos en la ANSES para un fin específico. La medida es, tal vez, consecuencia de la desmedida devoción del gobierno macrista por las redes sociales. Y esas redes son muy importantes en el mundo de hoy-¿qué duda cabe?-, pero los macristas todavía no aprendieron a matizarlas” (…) “Esa doble faz de las redes sociales (su contribución a la rápida difusión de una información, por un lado, y su uso también rápido para diseminar cosas falsas, por el otro) es lo que hace más preocupante la decisión del gobierno de contar con los datos personales de los argentinos para la comunicación política” (…) “ni el gobierno ni el Estado son dueños de esos datos en poder de la ANSES; es cada argentino el propietario de toda la información que existe sobre su persona. Por lo tanto, es también cada argentino el que debe resolver si traslada sus datos al gobierno para otra cosa que no sea el fin específico o si prefiere sustraerlos del uso político”.

Una mala decisión de cualquier gobierno provoca la unión de la oposición. Con la decisión de Macri de que la Secretaría de Comunicación Pública pase a contar con la base de datos personales de la ANSES para publicar las medidas gubernamentales, la oposición se ha abroquelado en torno a su más enérgica negativa. Se trata, por ende, de una decisión errónea que seguramente el presidente, que indudablemente aspira a la reelección, sabrá enmendar.

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