Por Carlos Tórtora.-

Con la entradera de ayer en la casa del hombre fuerte del gobierno platense, el Ministro Gobierno Federico Salvai, la dramática situación de descontrol en la seguridad bonaerense ingresó en una etapa superlativa.

La secuencia comenzó a escasos 17 días de su asunción con la fuga de los tres condenados por el crimen de General Rodríguez, que estaban alojados en el penal de General Alvear, e incluyó asaltos a tres intendentes en un lapso de doce horas, uno de ellos el de La Plata, Julio Garro, presuntamente facilitado por un policía de la Bonaerense que alquilaba una casa antigua a la del jefe comunal en un country de City Bell; el secuestro de un diputado del Parlasur y de su esposa diputada provincial por el oficialismo; un asalto tipo comando a plena luz del día en la Autopista La Plata-Buenos Aires en el que dos oficiales de la Policía provincial -que custodiaban el traslado de 11 millones de pesos- fueron baleados a quemarropa por hombres que portaban armas largas y usaban chalecos similares a los de la Policía Federal; y, finalmente, la excursión de dos integrantes de la custodia uniformada del edificio de la Gobernación por el despacho de la propia Vidal.

La característica en común de todos estos hechos es que parecen ejecutados para demostrar impunidad. Por ejemplo, hace tres días fue asesinado en Pilar el titular de un negocio de Lotería, Alejandro Novelli, y horas más tarde, como una réplica, asaltaron uno de los principales bares de la localidad, situado frente al municipio.

Lo de Salvai fue como un mensaje para desmentir la ofensiva mediática del Ministro de Seguridad Cristian Ritondo, quien salió a rechazar indirectamente su remoción del gabinete, exaltando la participación de la bonaerense en el caso López.

Ritondo está marcado de cerca por Salvai y Manuel Mosca, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia -ambos de la total confianza de Vidal- que le impiden desplegar sus planes políticos para armar un aparato territorial con el sueño de Vidal presidente-Ritondo gobernador.

¿Y ahora qué?

Desde la triple fuga del penal de General Alvear, en diciembre pasado, Ritondo intentó aferrarse a la popularidad de Vidal, proclamando que ambos eran víctimas de un complot de la mafia policial porque se negaban a recibir la valija, producto del narco y la prostitución, con la cual la policía compromete a los gobernadores desde los tiempos de Antonio Cafiero.

Sin embargo, los hechos señalan otra cosa sobre el Ministro de Seguridad. Dos meses atrás, se presentó una denuncia penal que apunta contra él y el superintendente de la región La Plata, Fernando Grasso, a los que acusan de los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público y encubrimiento, en el marco de la causa que investiga el fiscal platense Marcelo Martini sobre el origen de 36 sobres con más de 157 mil pesos en la sede de la Departamental La Plata, hecho descubierto el 1º de abril pasado y por el cual la Justicia ya pidió la detención de cinco efectivos.

Desde el Sindicato de Policías de Buenos Aires (SIPOBA), con el patrocinio legal del abogado Daniel Galleguillo, presentaron una ampliación de la denuncia y brindaron detalles que comprometen al titular de la cartera de Seguridad, al que apuntan por el entramado de la corrupción, y al jefe policial Grasso.

Básicamente, desde el gremio entienden que tanto el Ministro de Seguridad como el Auditor General de Asuntos Internos decidieron irregularmente hacer finalizar la responsabilidad del hecho del hallazgo de los sobres con dinero en la figura del entonces Jefe de la Departamental, Darío Camerini, desligando del hecho al Comisario General Grasso.

“Adviértase que la permanencia en funciones de Grasso (fue confirmado en la cúpula por Ritondo) favorece la impunidad, el desvío y la eliminación de huellas y elementos de compromiso, con la finalidad de mantener el status quo delictivo”, indican desde el sindicato.

Este tipo de escándalos sugieren que, en realidad, el ministro es el protagonista de una lucha entre bandas policiales que se disputarían el mercado del delito. Pero Ritondo, un porteño sin poder territorial alguno en la provincia, carecería de capacidad para ordenar la guerra interna en la bonaerense. Las versiones de cambio de gabinete arrecian y el nuevo Ministro de Justicia Gustavo Ferrari es señalado como el principal candidato para quedarse también con seguridad.

La desesperada resistencia de Ritondo a dejar su cargo choca ahora con los cálculos de la cúpula del PRO. “Con este nivel de descontrol -razonan en Balcarce 50- es impensable poner en marcha un plan electoral serio, cuando día por medio ocurren hechos que dejan en el ridículo a la gobernación”.

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