De brotes verdes a frutos maduros

Acuerdo de Competitividad Agropecuaria.

Las políticas del gobierno del Presidente Macri beneficiaron al sector agropecuario pampeano de manera más que evidente, al instrumentar la eliminación de los ROEs y de la mayor parte de los Derechos de Exportación, y al promover un mercado libre y único de cambios, con escasa o nula intervención del Banco Central.

La respuesta no se hizo esperar: se re-equilibró en parte el portafolio de cultivos, en favor del trigo, el maíz y el girasol, favoreciendo planes de siembra más sustentables y permitiendo la aplicación de parte del paquete tecnológico disponible, lo cual se ve reflejado en una importante cosecha 2016/17, pese a los inconvenientes climáticos.

Pero no todas son buenas, ya que es visible el cambio de humor en los productores, a raíz del atraso del Tipo de Cambio al cual deben comercializar sus producciones. El ingreso de dólares para financiar el déficit público, el vinculado al blanqueo y las mayores facilidades para endeudarse en el exterior provistas al sector privado -luego del arreglo buitre-, generan sobreoferta de divisas que no encuentran una demanda sostenida por las inversiones e importaciones.

Se abandonó el objetivo de reducir el déficit fiscal a un nivel que impida el avance de la inflación y del atraso cambiario. En los meses que restan para las elecciones, todo parece indicar que atravesaremos la combinación de altas tasas de interés en pesos, precio de la divisa atrasado, elevados costos para producir medidos en dólares (La Argentina cara), sin que se obtengan resultados en el combate a la inflación.

En este marco, el gobierno nacional ha organizado programas sectoriales, basados en acuerdos de alcance parcial para el sector involucrado.

Como no se observa vocación de cambio macroeconómico y “los políticos” asumen que en las elecciones de octubre se discutirá poco y nada de economía y mucho “de política”, es que propiciamos, en esta nota, un Acuerdo de Competitividad Agropecuaria, que alivie al campo en esta coyuntura macro poco favorable y permita que los brotes verdes, que son más un “rebote” que un cambio de largo plazo, se transformen en una política sostenible de promoción de las inversiones y la competitividad de la cadena de valor agroindustrial. El campo debería comprometerse a maximizar las inversiones de mediano y largo plazo, en el marco de un Plan Estratégico que de previsibilidad a la obtención de los “frutos maduros”.

Las propuestas

Algunas propuestas de mejora en la competitividad, para asegurar el largo plazo, son:

Se propone una inmediata reforma tributaria, parcial, pero posible, que va a bajar los costos y muy probablemente los precios al consumidor. Posponer para 2018 una reforma “integral” es penalizar a los sectores más competitivos Las medidas son:

Reducción del 17,1 al 10% en el Impuesto a los Combustibles que grava al gasoil. La incidencia fiscal de esta medida es baja, pero favorece al agro y reduce el costo de los fletes camioneros. La reactivación ya visible puede licuar los costos fiscales.

Bajar, por seis meses, la alícuota del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, por el que se recauda aproximadamente 1,5% del PBI. Hoy se paga, en total, el 1,2%. Reducirlo al 1%: 0,50% para el débito y 0,50% para el crédito. Dopo vediamo.

Creación de un Fondo, co-administrado entre Nación y Provincias, para eliminar por etapas o por sectores, el Impuesto a los Ingresos Brutos. Hace 25 años que se propone la transformación de este impuesto, hoy en cascada, que grava acumulativamente las cuatro etapas de la producción, en un Impuesto a las Ventas Finales, como es el Tax, en los Estados Unidos. Nunca sucedió. De las cuatro etapas: materias primas, industria, mayorista y minorista, se propone eliminar el impuesto en la primera etapa. Esto podría significar una caída anual de M$ 80.000 a 90.000 en la recaudación de las provincias.

El Fondo a crearse podría tener tres financiamientos:

a) congelamiento del gasto de consumo del Tesoro Nacional en los niveles de 2016, es decir un ahorro presupuestario de M$ 73.886;

b) aplicación de la recaudación por multas del blanqueo, luego de cubrir los M$ 90.000, necesarios para la reparación histórica de los jubilados y c) disminución de los sueldos de los funcionarios políticos, para que sólo perciban “la paritaria” del 18% que propone el oficialismo, (alternativa: “cláusula gatillo”, pero todo el incremento se paga con bonos).

Fortalecer las inversiones y el desarrollo agrícola del país, promoviendo el uso de semilla legal y la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, en cumplimiento de Tratados Internacionales y las Leyes que contemplan derechos de obtentor y derechos de patente. La semilla fiscalizada, la erradicación de la semilla ilegal (bolsa blanca) y la reglamentación del uso propio, sólo bajo las condiciones acordadas con el titular de los derechos de propiedad intelectual, permiten el reconocimiento de dichos derechos sobre las innovaciones contenidas dentro de una semilla. Asegurar un sistema integral y unificado de cobro en la semilla de los derechos de propiedad intelectual. Los titulares de los derechos del obtentor (sobre el germoplasma) y el titular de los derechos de patente (sobre una invención biotecnológica aplicada a las plantas), deben tener la libertad de establecer las condiciones para su uso (acuerdos privados voluntarios).

Promoción fiscal de la fertilización, entendida como inversión en tierra, para reponer nutrientes a los suelos que lo demanden. Doble deducción en Ganancias.

Reforma de dos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, que impiden -al estar redactados de manera contradictoria- los contratos y las transacciones en dólares. Atenuación parcial del “riesgo monetario”, en el que incurre toda producción como la agrícola, por ejemplo, cuando enfrenta, con ingresos dolarizados, al menos el 35% de sus costos, que se encuentran pesificados.

Agilizar la instrumentación de coberturas de seguro agrícola, distintas a la ya difundida de granizo y adicionales. Promover, mediante compensaciones estatales, la cobertura de otros riesgos re-asegurables, por ejemplo: rindes mínimos zonales. La política pública, de manera complementaria con la actividad privada, debería incluir la creación de un modelo para la atención de eventos extraordinarios no asegurables. Conviene tener, junto a una política de cuidado ambiental, una cobertura para las catástrofes o los eventos no asegurables.

Promoción de un sistema de créditos y depósitos en dólares, con menores encajes bancarios y menores tasas de interés, para financiar sectores exportadores. Sólo un mínimo de los depósitos de particulares, en dólares, ha sido derivado a crédito promocional para la exportación del campo y sus industrias, que producen dólares.

Empleo del FONDAGRO (fideicomiso) como capital semilla (promoviendo la participación privada de cuota-partistas) para financiar reconversiones tecnológicas y productivas. Creación de fideicomisos para recría vacuna, vinculados a un aumento en la producción de novillos gordos de exportación. Subsidio explícito a la implantación de pasturas, para mejorar índices de terneros logrados y aumentar (de 20 a 33%, en dos años) la participación de novillos en la faena.

Decidido combate al comercio desleal, a la evasión impositiva y a las prácticas sanitarias y de comercialización interna, que generan el denominado “doble estándar” en las producciones ganaderas, principalmente en la carne vacuna.

Intensificar las mejoras en las logísticas de transporte y comercialización: profundizar la hidrovía, promover los bi-trenes, reducir la edad promedio del parque camionero, acelerar la inversión en las principales rutas de comunicación y poner en valor el Belgrano Cargas, etc.. Estas iniciativas deben ser evaluadas, considerando su impacto social-regional. Si se aplica, promover la Asociación Público-Privada.

Prepararse para festejar los FRUTOS MADUROS. Pero, ¡con moderación!

Lic. Jorge Ingaramo

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