Por Mario Cadenas Madariaga.-

Una consideración general indispensable.

En primer término, debemos comenzar por reconocer que para todo el sector agroindustrial con la eliminación del cepo cambiario y de las retenciones, excepto para la soja a la que se le programó una reducción del 5% anual, ha comenzado un nuevo ciclo de fuerte expansión.

Pero ésta sin duda ha sido adoptada en el máximo nivel y antes de la designación de las autoridades del Ministerio de Agroindustrias.

El nuevo ministerio.

La creación de este ministerio es una innovación desde la organización constitucional de nuestro país es decir en 160 años, ya que el mismo fue siempre comprensivo solamente de las materias de la agricultura y la ganadería y la de los servicios vinculados, a las que se agregaron otras del sector primario, como la pesca, pero nunca incluyeron los sectores industriales elaboradores de las materias primas agrarias.

La innovación es importante porque las actividades son muy distintas, si bien son complementarias, y a la vez tienen una larga tradición de grandes contradicciones, hasta ahora no bien resueltas, y que no se superan por que formen parte de un mismo ministerio.

La contradicción proviene de la aspiración de la industria a pagar, naturalmente, el menor precio por tales materias primas, pero si la misma se resolviera de acuerdo a las leyes del mercado no habría problemas.

Pero he ahí, que desde tiempos de la Colonia, la industria y el comercio interno de tales materias primas, pretenden que se limiten las exportaciones agropecuarias, para que con la reducción de la competencia, se reduzcan sus precios.

En los últimos ochenta años nacieron teorías económicas, en nuestro país, que pretendieron dar un sustento racional a la posición de la industria y el comercio interno, con diversos argumentos, como la diferencia de productividad natural, el interés del mayor empleo, o la diferencia del valor agregado nacional, que hasta la fecha tienen cultores reconocidos u ocultos, en gran parte del sector.

Este fenómeno -del sobreprecio del comercio interno- se ha percibido ahora muy claramente por la opinión pública en el caso de la carne, de la leche, y del pan, donde el precio que se paga al productor no puede explicar el precio que se cobra al consumidor. Pero también lo habría constatado el periodismo si contare con la información suficiente en el caso de la industria textil, del tabaco, o del calzado. Se implementa a través de prácticas monopólicas, como las que explican que no se traslade el precio de exportación del trigo o de la leche al productor. Lo que revela claramente que la posición industrial que invoca la defensa del consumidor es solo un cartabón para ocultar la defensa de los intereses propios.*

El ministerio de agroindustria requiere una política correspondiente que comprenda armónicamente a todo el sector.

En verdad la política demanda en todos los órdenes hombres formados no sólo en el campo específico que le competa, sino también de orden general, a fin de que las orientaciones sectoriales coincidan con la política global.

Lo que revelan las designaciones hechas en el ministerio de referencia, es que quienes han accedido no tenían soluciones para los problemas propios del nuevo departamento. Y esto suscita incertidumbres en el sector cuando no genera luchas sectoriales mal orientadas.

La orientación básica.

El principio rector es que todo empresario de cada sector debe producir lo que es capaz de nacerlo, teniendo en cuenta las condiciones naturales, mejorando constantemente la productividad de su actividad, y que el Estado le debe proveer seguridad, un tratamiento fiscal justo e igual al de los demás sectores, mejoramiento de la infraestructura, crédito en condiciones similares a la de los países avanzados, con moneda estable, sin protección aduanera o con la protección indispensable fundada en el interés general, y una efectiva asistencia tecnológica.

Pero nadie puede pedir compensaciones por razones de distancia, u otra que alteren las condiciones naturales no modificables racionalmente, o las propias de su persona o empresa, que sólo a él conciernen.

El nudo gordiano de la cuestión es la baja productividad en general de la agroindustria, aunque haya ejemplos de lo contrario, pero que no modifican la media. Su solución a nuestro criterio se halla en la sustitución de todo su equipamiento, para reemplazarlo por los más modernos del mundo. Asi tendremos una agroindustria muy competitiva que podrá pagar los precios agrarios sin problemas. Pero esto requiere que se modifique la actual política crediticia.

Aun así, no se evitarán los conflictos, sino la forma general que deben resolverse, de tal manera que se beneficie al desenvolvimiento del conjunto. En todo proceso de crecimiento hay algunos que tienen éxito y que señalan la orientación de la evolución, y hay otros que fracasan, y que se deben readaptar, encontrando una nueva actividad. La expansión debe hacer lugar todos, lo que requiere un alto crecimiento.

La intervención del Estado en materia económica debe ser la excepción, una vez establecidas las reglas generales. La práctica generalizada de subordinar todo a la intervención del Estado es paralizante para la producción y contraria a la libertad de la iniciativa privada.

Las reglas prácticas de buen gobierno para el Ministerio Agroindustrial.

1) Publicar los precios FOB en los puertos argentinos, y los precios FAS que corresponden en pesos al costado del buque en los principales productos.

2) Publicar los precios pagados en el interior, por diferentes productos como la lana, el algodón, el tabaco, y demás productos que no cuentan con mayor difusión, pero hacerlo con inmediatez a las operaciones.

3) Publicar los precios en el interior de los principales insumos.

4) Denunciar la existencia de monopolios o de prácticas monopólicas cuando se constate su existencia en el ámbito de su competencia.

5) Mantener una gran información de las producciones de los países que son nuestros competidores, sus costos, precios y condiciones de exportación.

6) Investigar en forma permanente las condiciones del crédito interno a todos los sectores de la competencia del Ministerio y compararlos con los de Chile, por ser el país en desarrollo donde el crédito al sector privado alcanza al 80% del PBI contra el 12% propio de la Argentina y requerir al Banco Central mejorar dichas condiciones.

7) Investigar todos los problemas de infraestructura que se tengan por provincias y regiones, establecer prioridades, por la rentabilidad de sus soluciones.

8) Coordinar con las provincias la política nacional a través del Consejo Federal Agroindustrial.

* Yo tuve una experiencia personal y directa de esta rivalidad sectorial cuando eliminé, como Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, con la aprobación del Ministro José Alfredo Martínez de Hoz, en dos años, todos los impuestos a las exportaciones -menos el 5% sobre las exportaciones de cueros y semilla de soja, para compensar discriminaciones que sufrían las exportaciones industriales-, restableciendo a la vez, el mercado libre de cambios. Lo hice recibiendo y discutiendo con todos los sectores las respectivas modificaciones. Esta política hubiera tenido un gran éxito si el Ministro de Economía por influencia del Banco Central, no hubiera establecido La Tablita que originó una importante sobrevaluación del peso, que afectó a todos los sectores y la industria en particular, provocando la crisis de 1981.

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