Por Susana Merlo.-

A pesar de las declaraciones (y la creencia pública bastante generalizada), de que el campo es uno de los pocos sectores capaces de ofrecer hoy respuestas rápidas a un Gobierno urgido de buenos resultados, y que ya transcurrió casi un año y medio de Administración Macri, parecen muy pocas las acciones encaradas para tratar de asegurar al máximo esos resultados, especialmente en lo que respecta a la producción de granos, principal fuente del ingreso de divisas, y de importantes aportes impositivos. Esto, sin olvidar la urgente necesidad de contención de la mayoría de las economías extrapampeanas, para que no compliquen más los tantos con mira a las elecciones de octubre.

Para colmo, no solo los precios internacionales se fueron debilitando en ese lapso, sino que también el clima (además de dejar muy mal parados a casi todos los meteorólogos), vuelve a poner en jaque una cosecha que, igual que el año pasado, sigue demorándose y perdiendo volumen con cada día que pasa, aunque todavía se mantienen cifras interesantes que, de todos modos, distan hasta ahora en 15-18 millones de toneladas de las cifras oficiales, y que podrían caer aún más.

Lo más grave, sin embargo, es que el actual gabinete nacional habiendo asumido con inundaciones (a fines de 2015), no sólo no aportó algún proyecto de ley orientado a los seguros agrícolas, asunto pendiente desde hace más de una década y media, sino que tampoco tomó medidas inmediatas con un tema recurrente que se agravó, otra vez, al mantenerse los excesos de humedad desde la primavera pasada: las inundaciones.

Unas pocas obras aisladas con esfuerzos provinciales, y el plan de la Cuenca del Salado (que cuentan con bastante financiación internacional), y que impulsa especialmente Buenos Aires, y no mucho más.

Sin embargo, y aunque los números oficiales no lo reflejen, solo en esta campaña, las pérdidas directas que está provocando el exceso de agua ya superan los U$S 3.000 millones por caída de producción, sin contar, otros daños en infraestructura, lucro cesante, menor actividad económica, aportes fiscales, etc., etc. que podrían duplicar esa cifra.

Por supuesto que tal monto habría permitido encarar buena parte de las obras para evitar los daños recurrentes pues, aunque no se pueden evitar las precipitaciones, sí es factible contener y guiar los excesos de agua.

Naturalmente alguno podrá sostener que “con arcas vacías no se pueden hacer obras”, lo cual es relativamente cierto, como también lo es que si se hubiera podido evitar la pérdida de 5-6 millones de toneladas de granos, el país contaría con más de U$S 2.000 millones por ventas directas, más los impuestos, y con mayor actividad económica.

Sin embargo, el tema parece mucho más grave aún, porque implica el desaprovechamiento de algo que ya existe, y está subejecutado.

Debido la reiteración de desastres agropecuarios, hacia fines de los ´90, junto con el Plan Maestro del ´98 (para regular la Cuenca del Salado), se ideó un fondo que tomó forma definitiva en 2001, y que se conformaba con aportes directos de la venta de combustibles, con el objetivo de encarar obras de infraestructura para evitar las inundaciones en zonas productivas rurales, que evitaran las cuantiosas pérdidas que estas generan.

Si bien al principio ese fue el objetivo y así fue ocurriendo (aunque nunca fue pleno el aprovechamiento de la recaudación anual), las cosas cambiaron en 2006 cuando, vía el Congreso, se logró modificar la ley -26-181- derogando la “especificidad rural” que tenía el fideicomiso constituido hasta ese momento.

Más allá de que algunos sospecharon ver en esa determinación, especulaciones politicas para el inminente ciclo electoral de 2007, ya que la flexibilización posibilita desde entonces distribuir los fondos entre los intendentes para encarar, teóricamente, obras urbanas en esas localidades, lo cierto es que tampoco así se llegó a ejecutar la totalidad de la recaudación, situación que se arrastra hasta hoy.

La magnitud del desaprovechamiento es tal que en 2015 (año de elecciones) solo se usó el 35% de los $ 2.042 millones recaudados, mientras que el año pasado, de los $ 3.421 millones anuales del fideicomiso, se aplicó apenas el 15%, y en lo que va de este año (con inundaciones y todo), solo se ronda el 8%…

No es público el destino del resto del dinero aportado por los combustibles.

De más está decir que el Fondo Hídrico en cuestión, que nunca recibió mayor interés tampoco de las entidades del campo, que deberían estar entre los principales interesados en el tema, acumula también cantidad de objeciones por parte de la AGN (Auditoría General de la Nación), que tampoco se dieron a conocer.

La gran pregunta es entonces: ¿cuánto daño se podría haber evitado adjudicando correctamente esos fondos? ¿cuántas pérdidas no hubieran existido? ¿cuánto más se podría haber hecho con los recursos genuinos provenientes de políticas correctas? ¿quiénes son -y fueron- los responsables primarios de semejante ineficiencia?

Se podría seguir mucho más, pero no es necesario…

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