Por Juan José de Guzmán.-
Ante la posibilidad de que cualquiera de las negociaciones que está realizando el gobierno triunfe y que el Senado de la Nación apruebe las candidaturas de Ariel Lijo y García Mansilla y no queden posibilidades de desactivar la sugerencia de Ricardo Lorenzetti y Santiago Caputo al presidente Milei para completar las vacantes de Helena Highton de Nolasco (jubilada en 2023) y de Juan Carlos Maqueda, que dejará su cargo este año para acogerse a la jubilación, la “Red de Mujeres por la Justicia”, que lidera la Jueza María Eugenia Chapero, activó esta semana un per saltum para que sea la Corte Suprema quien decida sobre la inconstitucionalidad de esas postulaciones.
Sostienen en su presentación que los Tratados de Derechos Humanos tienen jerarquía constitucional y que entre ellos se encuentra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (aprobada por resolución 34/80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, suscripta por la República Argentina en julio de 1980 y ratificada en la ley 23179 de 1985).
Sostienen las magistradas que esas dos vacantes deben ser cubiertas por mujeres.
Y será justicia.
31/08/2024 a las 3:55 PM
Lamento decir, y me temo, que el kakismo está detrás de todo ese asunto y por lo tanto las posibilidades de que no se concreten las postulaciones, son escasas. Habrá nuevos capítulos de esta historia, ya con ribetes de novelón.