Por Alfredo Nobre Leite.-

Señor Director:

Han corrido como un reguero de pólvora, las denuncias de colocaciones de bombas por jóvenes irresponsables en los colegios secundarios, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, que por ser un delito federal de «intimidación pública», debe ser encarada por las autoridades judiciales con severidad, aplicando el artículo 181 del Código Penal, y haciendo responsables a los padres y aplicándoles penas de prisión (recordemos que el padre de la niña de 14 años violada por un energúmeno de 18 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, fue uno de los impulsores de la «toma» de dicho colegio, y por ello tardó más de dos semanas en hacer la denuncia penal: -¿con semejantes padres que se puede esperar de sus hijos?), tomando las medidas necesarios para acotar esa supuesta «broma», que se inició tras las «tomas» de los colegios secundarios, por oponerse a la reforma del sistema educativo. La proliferación de dichas amenazas, que obliga la Policía a tomar medidas preventivas para evitar consecuencias mayores de ser verídicas, debe considerarse como un conato de guerrilla urbana, teniendo en cuenta que así empezaron los trágicos hechos de atentados subversivos/terroristas de los años ’70 del siglo pasado, que no han de repetirse.

Tanto la Gobernación bonaerense, como el Gobierno nacional, deben actuar en consecuencia, que por estar caldeada la situación política, que es vox populi, por la proximidad de las elecciones de medio término, para impedir que descendientes de elementos filoterroristas del pasado se les ocurre cometer alguna atrocidad, que luego tengamos que lamentar. En Villa Ballester, el viernes 6 por la noche, se denunció la colocación de una bomba en el colegio secundario «Tupac Amarú» de Balcarce y Mitre, y esta mañana del 9 del actual, hubo similar denuncia en ese mismo colegio; y en Ramos Mejía, también esta mañana se denunció otro hecho análogo en un establecimiento secundario, que deben cesar, haciendo responsables penalmente a los padres de esos pelandrunes, que van a la escuela para cualquier cosa, menos estudiar, e impedir el normal desarrollo de la actividad curricular, con menoscabo de nuestros impuestos que pagamos para su enseñanza gratuita, que es inaceptable, y por lo cual deben terminar esos atentados a la tranquilidad ciudadana.

Con cordiales saludos.

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