Por Otto Schmucler.-

El 11 de julio comenzarán los alegatos en el juicio oral que se le sigue a Cristina Kirchner, varios ex funcionarios y al empresario Lázaro Báez por el direccionamiento de la obra pública (que es la causa “vialidad”). La Oficina Anticorrupción en una insólita como inadmisible decisión, le informó al Tribunal Oral Federal 2 que renunciaba a la querella que llevó adelante desde 2016.

Si la Unidad de Información Financiera imitara a la OA solo quedaría esperar la lectura en detalle de las pruebas que guarda el Ministerio Público correspondiendo al fiscal de la causa Diego Luciani determinar luego si acusa a la ex Presidenta (como jefa de una asociación ilícita y defraudadora de la administración pública podría pedir una condena que va de los 5 a los 16 años de prisión). Es decir que durante el mes de julio se sabrá cuál es la pena que solicita el fiscal para la actual vicepresidenta.

En 2015, también en Argentina, hubo otro fiscal que tuvo el pésimo tino de adelantar en televisión la denuncia que iba a presentar ante el Congreso contra la entonces Presidenta CFK. Pero no pudo hacerlo porque a dos días de su presentación apareció suicidado en su departamento de Puerto Madero.

Como en el mismo país las dos instituciones (presidencia y ministerio público fiscal) se volverán a cruzar, con la corrupción como escenario repetido, será indispensable extremar los recursos del Estado Nacional para que podamos beneficiarnos con un juicio justo, «con absolución o condena», indispensables para transitar el derrotero elegido.

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