Por Hugo Modesto Izurdiaga.-

La violencia ejercida contra los jubilados por parte de la Policía Federal en las marchas del 28 de agosto y el pasado miércoles, no se deben pasar por alto. Ante estos acontecimientos, alguien tendrá que hacerse cargo de lo sucedido. El Congreso de la Nación debería llamar a declarar a la ministra de Seguridad, para que ésta pueda justificar, con razones convincentes, el accionar de las fuerzas policiales.

En un país democrático, todo ciudadano tiene derecho a expresar sus quejas y reclamos contra el Estado. Si el presidente hace oídos sordos a lo dictaminado por el Senado de la Nación, a la gente mayor no le queda otra alternativa que manifestar su disconformidad. Resulta inadmisible que una marcha pacífica en contra del veto presidencial tenga que ser reprimida con gases y palos. Los abuelos no son piqueteros; sólo defienden sus derechos y pretenden ser escuchados. El pegarle a un anciano es un acto vergonzoso… una represión únicamente vista en regímenes dictatoriales.

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