Por Alfredo Nobre Leite.-

Señor Director:

En virtud de las dificultades que padece la población en el marco de carestía de la canasta básica alimentaria, como consecuencia de la corrida cambiaria y la inflación que supera largamente el 30%, el Gobierno nacional ha establecido una ayuda a cartoneros, manteros y piqueteros que alcanzaría los $ 7.500, y un refuerzo a la asignación universal por hijo (AUH) en edad escolar de $ 1.200 en este mes y $ 1.700 a diciembre, cuyos recursos provienen de la ANSES; recuerdo a las autoridades que un 75% de los jubilados, bajo el umbral de la pobreza, perciben un haber mínimo de $ 8.500, que trabajaron y aportaron de 30 a 40 años de servicio, que apenas les alcanza para la manutención alimentaria y cuidado de la salud, teniendo en cuenta que PAMI ha eliminado el subsidio del 100% para medicamentos para enfermedades terminales o congénitas; y teniendo en cuenta que el mismo Estado paga a los convictos en presidio un salario mínimo vital y móvil de $ 10.500, que por supuesto no hicieron aportes alguno por trabajo no realizado.

Es de esperar que este año, el Estado se acuerde de quienes perciben el haber mínimo y se les conceda un refuerzo (que por lo menos deberían estar cobrando el salario mínimo vital y móvil), del mismo modo como a cartoneros, manteros y piqueteros, que viven del trabajo ajeno, y no trabajaron y menos hicieron aportes al sistema previsional.

Además, el Gobierno nacional debería considerar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de noviembre de 2006, que, en la «causa Badaro», entre otras, estipuló un ajuste de la movilidad del 88,57%, entre enero de 2002 y diciembre de 2006, y el 82% del salario en actividad a valores constantes; y que los jubilados no hacen otra cosa que reclamar lo que les corresponde, en virtud de los haberes míseros que perciben.

Con cordiales saludos.

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