Por Alfredo Nobre Leite.-

Señor Director:

Es inaceptable, a la luz de los atentados terroristas, con luctuosas pérdidas de vidas, ocurridos en Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Suecia, Estados Unidos, Canadá, África, Rusia, Turquía, Siria, Irak, Israel, Pakistán, Afganistán por el islamismo terrorista del EI (Estado Islámico) o ISIS, que el obispo jesuita Hugo Salaberry, que preside la Comisión Episcopal de Migraciones y Turismo, sostenga que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNI) que controlará el ingreso de supuestos delincuentes, al país, y su deportación, diga que «El DNU vulnera los derechos constitucionales garantizados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales (que no pueden estar por sobre la Constitución, artículo 31)», y que «Frente al riesgo de una grave vulneración a los derechos de los migrantes en la ley 25.871, recordemos las palabras de Francisco: «La Iglesia apoya los que se esfuerzan por defender los derechos de todos a vivir dignamente».

Le hago saber que por sobre los sedicentes derechos que alude, el principal derecho a tutelar es la vida de nuestra población, que puede quedar sujeto al riesgo de perderla por el ingreso de terroristas/asesinos infiltrados entre los inmigrantes -como ha sucedido en Europa- por lo cual está en nuestro derecho tomar todas las medidas de investigación y control de inmigrantes para evitar los atentados con el asesinato de personas, como los sucedidos recientemente en Francia e Inglaterra; dado que nuestras fronteras no pueden ser coladores para la importación de indeseables, asesinos, contrabandistas, el narcotráfico, que es lo que hacen los Estados responsables de vidas y bienes de sus poblaciones.

Sugiero que monseñor Salaberry debería ocuparse un poco más de la salvación de las almas, y dejar esas cuestiones prosaicas al Gobierno legítimamente constituido.

Con cordiales saludos.

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