Por Alfredo Nobre Leite.-

Señor director:

Son inaceptables e improcedentes las declaraciones del presidente Alberto Fernández, reiterando un discurso ante los miembros del Consejo Económico y Social (CES), insistiendo en que se reforme la Corte Suprema, a saber: «Resulta necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal. Se trata de una tarea que tenemos que impulsar con el máximo nivel de patriotismo, amplio espíritu republicano y apego a la verdad». Le recuerdo en este aspecto, que su ministro de Justicia, Martín Soria, que visitó la Corte Suprema el 7 de diciembre perdió una excelente oportunidad de presentarlos estas novedosas iniciativas, y no haberlos faltado el respeto con sus bravuconadas. En ese aspecto, recordemos que es un clásico en el peronismo desde 1946 de meterse las manos en la Corte Suprema, es más que preocupante, tratándose de un gobierno sujeto a los caprichos de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que lo nombró para el cargo presidencial, que día y día avasalla su autoridad con sus cartas, y que el único propósito de ese avasallamiento no es otro que «liquidar» las denuncias contra su «mandante», como sedicente jefa de una asociación ilícita para delinquir, por lo cual está procesada, y de ahí el propósito no confesado por el jefe de Estado, en esta cuestión, y punto.

Es procedente recordar al Gobierno nacional, en las personas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que el Poder Judicial es contralor constitucional de los otros poderes, como de sus mandatos, en virtud de la legitimidad constitucional de decretos y leyes que emitan.

Si realmente el jefe de Estado procura mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema, lo que debería procurar es la limitación de las causas de toda naturaleza que llegan al estrado de la Corte Suprema, de modo similar a la Corte Suprema de la Justicia de Estados Unidos de América, es decir que aquellas mayoritariamente se definan en la Cámara Federal de Casación.

Espero y confiando que su propósito no sea interferir en el normal funcionamiento del Poder Judicial, sino agilizar las definiciones de la Justicia para beneficio de todos los judiciables que somos, sería elogioso su propósito, pero las dudas perdurarán por tratarse del cuarto gobierno kirchnerista, sujeto al enjuiciamiento nada menos que de la vicepresidente Cristina F. de Kirchner; en virtud de las denuncias por el sedicente desfalco/latrocinio cometido por el fallecido presidente Néstor Kirchner y de su consorte, Cristina F, de Kirchner, estimado en US$ 80.000 millones, recursos depositados en paraísos fiscales, que deben regresar a las arcas del Estado.

Con cordiales saludos.

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