Por Luis Orea Campos.-

En reiteradas oportunidades vecinos del Barrio Monserrat se han quejado ante funcionarios del Gobierno de la Ciudad por la permanencia de un depósito de chatarra y cartonería en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y Luis Sáenz Peña, específicamente junto a la estatua de Mariano Moreno y bajo el añoso árbol de 45 metros de copa conocido como el “Gomero”.

Sin embargo, a pesar de que las quejas ya llevan unos tres años, la pareja de cirujas que han hecho de ese lugar su vivienda continúa impertérrita en el lugar aún hoy, burlándose de las autoridades y ocupando de prepo el espacio público de una de las más conspicuas plazas de la ciudad de Buenos Aires.

Ya el Informador Público dio noticia de estas irregularidades hace unos meses en la nota “Macchiavelli promete erradicar las chacaritas de la plaza Congreso ¿Podrá?” Por cierto -nobleza obliga- hay que reconocer que pudo respecto de la plaza Congreso, pero no ocurrió lo mismo en cuanto a la aledaña plaza Moreno.

Resulta altamente incongruente que el Gobierno de la Ciudad haya gastado ingentes sumas del dinero de los contribuyentes para remodelar ambos espacios de esparcimiento -plazas Congreso y Moreno- y toda esta loable obra quede arruinada porque un par de vagabundos ha hecho de la esquina mencionada no sólo su vivienda sino su depósito particular de chatarra y cartón, refugio de ratas y otras alimañas, a metros de un espacio donde juegan niños.

La ambigua explicación dada por algunos operarios -porque funcionarios no aparecen por el lugar- de que hay una medida cautelar dictada el marco de una acción de amparo promovida por la Asociación Madres de Plaza de Mayo en favor del cartonero no resiste ni siquiera los conocimientos de un estudiante de derecho de primer año.

En efecto, la apropiación de hecho del espacio público no puede ser amparada por ningún juez porque constituye un delito, y no es concebible que en un plazo de tres años o más esa medida no haya sido revocada. O hay impotencia o hay complicidad de las autoridades. Porque no se trata de un homeless tirado con un colchón en la vereda, se trata de un negocio turbio montado en el espacio público vista y paladar de quien quiera ver.

La pregunta subsiguiente deviene inevitable: ¿Es impotente Rodríguez Larreta para erradicar a estas personas? ¿O hay algo más oscuro que obstaculiza el lanzamiento por la fuerza pública?

En rigor de verdad, hay un margen para la duda, porque es increíble desde todo punto de vista que con el poder que tiene un Jefe de Gobierno de la principal ciudad de la Argentina no pueda desalojar a dos cirujas y limpiar esa fuente de infecciones sanitarias desde hace dos años.

Párrafo aparte merece la indolencia, impotencia o estulticia tanto de legisladores como de comuneros para exigir al Jefe de Gobierno y a su ministro Macchiavelli que se pongan los pantalones y vuelvan ese paisaje urbano a su estado natural hoy vulnerado a la vista gorda y complacencia de las autoridades que tienen el deber de preservarlo de estas invasiones.

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