Por Jorge Luis Vitale.-

La Cámara de Casación rechazó los pedidos de Boudou y no queda otra alternativa que elevar la causa a juicio oral y fijar la fecha. En causa residual, Quedan los otros funcionarios que colaboraron y participaron, pero en especial los que coordinaron estos ilícitos. Uno falleció: Néstor Kirchner. La otra, Cristina Fernández. Además, queda pendiente procesar a toda esta banda por la negociación de la deuda con Formosa.

El juez federal Ariel Lijo suspendió la audiencia que estaba prevista para el día 19 de diciembre, en la que iba a tomar declaración indagatoria al ex vicepresidente Amado Boudou, en la causa en que está acusado por la renegociación supuestamente irregular en 2009 de la deuda pública de la provincia de Formosa cuando él era ministro de Economía.

Los investigadores creen que la reestructuración de la deuda provincial de Formosa fue la antesala de la operación para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica, por la que el ex vicepresidente está a punto de ser enviado a juicio oral.

Boudou, como ministro de Economía, y el gobernador formoseño Gildo Insfrán -quien fue acusado por el fiscal Carlos Rívolo pero no llamado a indagatoria por Lijo- acordaron un pago de 7,5 millones de pesos a la empresa The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele, por servicios de la reestructuración de la deuda pública formoseña.

El juez federal Ariel Lijo tomó la declaración indagatoria al ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, el 26 de octubre, en el marco del caso por el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica.

El magistrado avanzó en los pasos para enviar a juicio oral y público al ex vicepresidente Amado Boudou; a su amigo, el empresario José María Núñez Carmona; al dueño de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele; el antiguo dueño de la gráfica, Nicolás Ciccone, el ex jefe de asesores de la AFI Rafael Resnick Brenner; y el ex funcionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri.

También le tomó la declaración indagatoria Katya Daura, ex directora de la Casa de la Moneda y otros implicados.

Las citaciones habían sido pedidas por el fiscal del caso, Jorge Di Lello, y así fueron convocados Echegaray, Daura, Pablo Jorge Amato y Jorge Enrique Capirone, de la Compañía de Valores Sudamericana (la reemplazante de la ex Ciccone Calcográfica), así como los integrantes de The Old Fund, Máximo Lanusse, Sergio Gustavo Martínez, Juan Carlos López (vinculado comercialmente a Vandenbroele); al gerente de Compras y Contrataciones de la Casa de Moneda, Juan Biasin, y la jefa de Área de Importaciones de Casa de Moneda, Analía Istueta. Todos ellos ya han declarado y comenzó a correr el tiempo para que queden procesados.

Cuando realicé la denuncia por la causa «Boudou-Ciccone», tenía dos razones fundamentales: una, que ya no teníamos la auditoría de FMI, por lo cual podía comenzar el relato, pero además se quedaban con la máquina de hacer billetes, bonos y otros valores en forma privada.

Era el cierre perfecto para la emisión descontrolada. Además, la falta de registración de bonos. Por eso es muy importante que el juez haya tomado la indagatoria al ex director de la AFIP Ricardo Echegaray el día 26 de octubre y a la ex presidenta de la Casa de la Moneda, figuras alcanzadas por el hecho.

Ricardo Echegaray (ex titular de la AFIP) está acusado de facilitar el levantamiento de la quiebra de Ciccone y permitir su control por Boudou.

Katya Daura (ex titular de la Casa de la Moneda) primero suspendió la compra de máquinas impresoras y luego licitó la impresión de billetes.

Jorge Brito (Presidente del Banco Macro): El juez sospecha que, junto a otros empresarios, habría aportado fondos para capitalizar Ciccone y evitar su quiebra.

A todas estas personas se les agregan no menos de ocho personas, cercanos a Boudou y la Casa de la Moneda. ¿Cómo era posible coordinar todo ese accionar delictivo sin una autoridad superior? Y esa autoridad era el ex presidente Néstor Kirchner, ideólogo de todo esto, y luego su continuadora, la ex presidente.

El juez Valenti, de Uruguay, pidió la extradición de Vandenbroele por lavado de dinero en la causa Ciccone. Y después vienen otros. Esto demuestra la actividad que está realizando la justicia internacional. Después sigue la causa que se está tramitando en España.

Si bien fue procesado y pedida la elevación a juicio oral del ex vicepresidente de la República Amado Boudou y otros, faltan más funcionarios y la conexión internacional.

Si bien la causa se va encaminando a otros funcionarios, como el director de la AFIP y la ex presidenta de la Casa de la Moneda, faltan aún más funcionarios. Además de la conexión de la ruta de dinero con los jueces internacionales, faltan todavía la UIF, el Banco Central y más funcionarios del ministerio de Economía.

En la causa contra el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por el caso Ciccone, los fiscales no actuaron de oficio y los jueces que intervinieron -inclusive el actuar- tuvieron dudas de activar este procedimiento. Fueron las investigaciones periodísticas en sí mismas las que avanzaron sobre el tema. Hoy nos encontramos ante una situación muy especial: no solo que están acreditados y probados todos los hechos de violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, sino que existen jueces en Uruguay, España y Suiza que han investigado la conexión con esta causa y la forma y modo en que se ha generado el dinero a través de rutas de lavado de dinero.

La importancia de esta causa está también en la valentía de testigos que afrontaron amenazas sin aflojar: Laura Muñoz, ex de Vandenbroele; Guillermo Reinwick, familiar de los Ciccone, y el que fue funcionario de Economía, José Capdevila, que se exilió por la inseguridad.

Hay que recordar, además, que en abril de 2012 el Gobierno, por esta causa, echó al jefe de los fiscales, Esteban Righi, y apartó al juez tan cuestionado a cargo de la investigación, Daniel Rafecas, por pedido José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou.

En Uruguay, España y Suiza, ya fue pedida la indagatoria de Vandenbroele, y ahora la extradición. Lo motiva la conexión que existe entre todas las empresas off-shore y el caso Ciccone, al haber utilizado las mismas rutas de lavado de dinero y fuga de capitales.

Es por eso que los jueces internacionales reiteran desde hace varios meses sus molestias, porque la Justicia argentina no responde a los pedidos de informes acerca de esos datos que vinculan a los citados cuatro países con la causa Boudou-Ciccone. La contestación a estos exhortos es una tarea pendiente en la causa. En estas causas les hice saber a los jueces intervinientes las relaciones que existen y las empresas intervinientes.

Ahora la acción judicial deberá acelerarse, para llamar a indagatoria a más funcionarios.

España: El juez Pablo Ruz investiga el caso Gurtel de lavado, que ya llevó a la cárcel al tesorero del gobernante Partido Popular, José Luis Bárcenas. Boudou y el presidente español Rajoy están vinculados a la misma empresa lavadora P. T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa. Ésta es la empresa off shore con oficinas insignificantes en Madrid y Montevideo que recibió los fondos para la compra de Calcográfica Ciccone.

Uruguay: El juez Néstor Valetti investiga la causa sobre la corrupción y su relación con la denuncia que se tramita en la Argentina contra el vicepresidente Boudou por el caso Ciccone. Así el juez y el fiscal de la causa comenzaron a investigar la empresa P. T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, radicada en Montevideo. Esta empresa giró los fondos por intermedio de Dusbel S.A. para The Old Fund, que presidía Vandenbroele, comprar Ciccone Calcográfica, que no puede justificar 50 millones.

Suiza: El juzgado de Quinta Denominación investiga el dinero enviado desde Uruguay, proveniente de la Argentina.

Con todas estas investigaciones internacionales podríamos llegar al descubrimiento de los verdaderos titulares de estas empresas off shore y a los verdaderos actos de corrupción, ya que en nuestro país se esconde mucha información.

Pero además, el juez Lijo también tendría que investigar la relación de la empresa Enarsa. S.A., que fue denunciada ante el Juzgado N° 5 en lo Federal a cargo del juez Ercolini, con la intervención del Fiscal Delgado. Fue porque su ex presidente, Exequiel Espinosa, debió renunciar en mayo de 2013 por su conexión con la empresa S.G.I., la llamada popularmente «La Rosadita», propiedad de Elaskar. El contador de Enarsa S.A., Jorge Norberto Cerrota, había sido Director General de S.G.I. Realizándose, supuestamente, la triangulación hacia Uruguay con la empresa P. T. Bex Bursátil Sociedad de Bolsa.

Por último, cabe también que la Justicia investigue que en diciembre 2012 fue confirmado la desaparición o robo de la Inspección General de Justicia (IGJ) de los expedientes de esas empresas vinculadas al caso Ciccone.

Las restantes empresas involucradas en las maniobras del caso Ciccone son Hábitat Natural S.A., Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A., y ahora la española Agroibérica y la uruguaya PT Bex Bursátil. Por tal razón, y por estos nuevos datos, se pidió la información necesaria en nuestro país y también a la Justicia española, con el fin de reconstruir esos antecedentes robados de la IGJ.

Del accionar del ex vicepresidente y sus amigos se desprende que no podrían estar ajenos la IGJ, la AFIP, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el Banco Central y la Casa de Moneda.

Los jueces argentinos ahora sí contestarán los exhortos internacionales. Estos últimos comenzarán a dar información sobre las cuentas detectadas en el exterior y en los paraísos fiscales de los funcionarios argentinos y empresarios amigos, como se ha informando sobre los fondos de Lázaro Báez en el exterior.

Éste es el momento de investigar todas estas conexiones que tienen en común las mismas personas: lavado de dinero, corrupción; y el pedido de extradición nos demuestra la actividad que tienen las causas internacionales y recién ahora se activan las nuestras.

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