Por Jorge Luis Vitale.-

Este delito no está prescripto. Es más: está procesado por cohecho, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público, es decir, concurso de delitos cuyo máximo de pena llega a quince años y el mínimo a cinco años; por lo tanto, es imposible la condena condicional.

Esta causa es una verdadera megacausa que termina en la ex presidenta y el ex presidente fallecido.

El juicio oral contra Amado Boudou por el caso Ciccone comenzará el 3 de octubre.

El Tribunal Oral Federal N° 4 fijó la fecha para el inicio del proceso contra el ex vicepresidente, a cinco años y medio de que se desatara el escándalo. “Téngase presente para resolver en la oportunidad del debate respecto de la procedencia de la convocatoria de los testigos Jorge Vitale, Ricardo Monner Sans, Martín López Medus, Luis Carlos Petcoff Naidenoff, Graciela Ocaña, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Manuel Garrido y Nicolás Wiñazki.”

Además, al supuesto testaferro de Boudou lo investiga la justicia uruguaya, que solicitó la detención y luego la extradición de Vandenbroele después de que éste faltara dos veces a las citaciones indagatorias en las que debía explicar el origen de 620.000 dólares que la sociedad Dusbel transfirió en bonos, desde Montevideo, a una cuenta asociada a The Old Fund, en la Argentina.

El día 22 de agosto del 2012, el congreso nacional decretó la expropiación de Ciccone, pero el 20 de octubre del 2016 la Cámara de Apelaciones decretó y confirmó la inconstitucionalidad.

El fallo de primera instancia ordena al Estado nacional pagar por la expropiación de Ciccone unos 300 millones de pesos más el 6% de interés anual, por lo que la cifra total superará los $ 350 millones y podría elevarse.

Cuando dispuso la expropiación, el Gobierno de Cristina Kirchner argumentó que la decisión no le no costaría «ni un peso» al Estado, aunque ya en 2013 el juez Cosentino determinó que la medida era inconstitucional.

El Gobierno de Macri se resiste a pagar los 350 millones, por lo que la AFIP ya apeló el fallo judicial. El objetivo del organismo recaudador es que la Justicia admita la compensación entre lo que en principio vale la empresa -unos $ 300 millones- y las deudas impositivas que la familia Ciccone acumuló durante años hasta superar los $ 275 millones.

Sin embargo, tanto el juez Cosentino como los camaristas consideran que admitir esa compensación conllevaría un trato inequitativo para todos los demás acreedores que aspiran a recuperar al menos parte de los millones que les adeudan los Ciccone.

Por eso mismo, los camaristas aclararon que el desembolso de los $ 300 millones más intereses no terminará en los bolsillos de la familia Ciccone, que, dadas las deudas que acumularon, acaso no lleguen jamás a ver un cheque de ese expediente. El dinero irá a los acreedores verificados.

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