Por Guillermo Cherashny.-

Angelo Calcaterra fue a declarar en la causa de los cuadernos. Estuvo unas dos horas y declaró que aportó para la campaña electoral del Frente para la Victoria en el 2103 y se fue a su casa tranquilo pensando, como le dijo su abogado, que no tendría problemas. Antes de eso estuvo con su primo, el presidente, y le dijo que no aguantaba una hora preso y que se presentaría para que zafara su CEO Sánchez Caballero y él juntos. Pero en el fallo de Bonadío incluye a los empresarios en carácter de partícipes de una banda criminal para estafar a la administración publica y, en su apelación ante la Cámara Federal, sus abogados plantearon que el juez Bonadío no podía incluirlo en una organización criminal con el kirchnerismo porque era sobrino de Franco Macri y primo de Mauricio Macri que, según Calcaterra, era opositor a los Kirchner. Pero el juez no hizo apreciaciones políticas en su resolutorio y consideró que Calcaterra y su empresa IECSA participaron en el club de la obra pública que integraban casi todos los afiliados a la Cámara Argentina de la Construcción, que fuera denunciada por el empresario Carlos Wagner que todas esas empresas cartelizaban la obra pública, es decir que se repartían entre ellas cada una de las obras y que pagaban 15% de soborno y que lo recuperaban cobrando sobreprecios en los contratos.

Los abogados de Calcaterra dicen que hizo un solo pago en 2013 como aporte de campaña, pero las declaraciones de los arrepentidos dijeron que a IECSA se les concedieron muchas obras públicas y en todas pagó coimas, por lo cual su situación legal a la hora del juicio es muy comprometida, porque encima mintió diciendo que eran aportes y no coimas, por lo cual se declaró un perseguido por el juez Bonadío como dicen los funcionarios kirchneristas procesados y, si bien no utilizó la palabra perseguido político, dijo más o menos lo mismo.

Calcaterra también está implicado en el soterramiento del Sarmiento por el fiscal Franco Piccardi, quien pidió su indagatoria, y donde la AFIP informó que la UTE IECSA-Ghella-Odebrecht le pagó 5 millones de dólares a una sociedad en Andorra vinculada a Julio de Vido, aunque el juez federal Martínez de Giorgi tiene cajoneada la causa y no pide las declaraciones de los arrepentidos de Odebrecht en coincidencia con el presidente Macri, que demora esas declaraciones porque implicarían aún más a su primo y a Marcelo Mindlin, que supuestamente le compró IECSA a Calcaterra. Y decimos supuestamente porque hay sospechas de que IECSA nunca salió de las manos de Franco Macri y sus hijos -entre los cuales está el presidente- y donde Marcelo Mindlin sería un simple testaferro, quien también concurrió a declarar en la causa de los cuadernos, porque está mencionado, y dijo que tuvo una reunión donde no pagó ni le pidieron nada, un cuento muy similar al que hizo Calcaterra y que nadie cree.

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