Por Carlos Tórtora.-

Varios de los empresarios imputados en la causa de los cuadernos y que optaron por el rol de arrepentidos siguieron el mismo hilo en sus declaraciones ante el Juzgado Federal de Claudio Bonadío. Dijeron que las exigencias de entregas de sumas de dinero por parte de Roberto Baratta y otros operadores del gobierno eran con destino a la campaña electoral (hay imprecisión acerca de si se trata de la campaña legislativa del 2013, la presidencial del 2015 o ambas). Obviamente, la intención de estas afirmaciones es descartar que se trate de retornos correspondientes a los contratos de obra pública. Sin embargo, no resulta tan sencillo el tema. No basta con declarar que se trató de un aporte de campaña para que el dinero en cuestión deba ser considerado así.

Los comprobantes

La ley 26215 de Financiamiento de los Partidos Políticos regula el financiamiento privado de los partidos en sólo dos artículos, el 44 y el 44 bis. El primero le pone topes a los aportes privados sosteniendo que los partidos no podrán recibir un total de aportes privados que supere el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta ley y el monto del aporte extraordinario para campaña electoral correspondiente al partido o alianza. Esta compleja ecuación marca el límite de gastos, lo que significa que la campaña no es un barril sin fondo.

Así llegamos al 44 bis y vemos que las donaciones -tales serían los aportes realizados por los empresarios investigados- “deben realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, en efectivo, mediante Internet o cualquier otro medio que permita la identificación del donante.” Y agrega: “dichas contribuciones deberán estar respaldadas con los comprobantes correspondientes. En el informe final de campaña se deberá informar la identificación de las personas que hayan realizado las contribuciones o donaciones”.

¿Cuentan los empresarios arrepentidos con la documentación del Frente para la Victoria que acredita sus aportes? ¿Figuran ellos como aportantes en los registros de campaña? Estas son las comprobaciones que falta efectuar. De no ser así, estaríamos ante aportes irregulares que comprometerían por igual a los dirigentes y los empresarios. Claro está que, en cuanto al origen de los fondos, como la ley prohíbe los aportes de personas ideales, los aportes en cuestión deben ser considerados como parte del patrimonio del aportante. Esto llevaría a que los investigados deban demostrar de dónde salió el dinero aun cuando todos sabemos que se trata de fondos de los grupos económicos en los cuales trabajan aquellos.

En síntesis, da la impresión de que en muchos casos estaremos frente a aportes irregulares a las campañas El reconocimiento, en definitiva, de que en las campañas se gastó más en negro que en blanco.

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