Por Jorge Luis Vitale.-

El allanamiento a la Municipalidad de Berazategui del día 1 de septiembre de 2016, por una denuncia de enriquecimiento y administración fraudulenta del «Plan Argentina Trabaja» del intendente Patricio Mussi, por medio del juez federal N° 1 de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Antonio Armelia, tiene la misma mecánica que la denuncia que se detalla a continuación.

Esta causa ahora está en manos del juez Martínez Di Giorgi y fijarían indagatorias para funcionarios, cooperativistas y la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

El mal uso de las cooperativas es común en Jujuy y en todas las provincias pero en especial en la de Buenos Aires. Milagro Sala y Berazategui son un ejemplo del clientelismo y la corrupción K.

Esta denuncia fue ratificada por mí en el mes de octubre de 2012 ante el Juzgado Penal en lo Criminal Federal N° 5, Secretaría N° 9. También se presento un informe realizado por la Universidad Católica Argentina. Se solicitó se cite a dicha institución para que remita toda la información relacionada con el tema en cuestión, consistente en un estudio realizado sobre cada municipio de la Provincia de Buenos Aires y de las provincias donde se implementó este programa. A su vez, solicité declaren, en calidad de testigos, diputados, concejales, cooperativistas, que testimonian en el programa PPT sobre estos hechos que presuponen la comisión de delitos. Hasta la fecha, es la única denuncia que se encuentra en trámite. Pese a que el ex juez Oyarbide la tenía planchada y con ésta especulaba para no ser llevado al juicio político con los K.

LA DENUNCIA PENAL CONTRA ALICIA KIRCHNER POR CORRUPCIÓN CON EL PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA

El día 1 de octubre de 2012 fue denunciada penalmente la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, “o quien sea responsable”, por presuntos delitos en la distribución de fondos del Programa Argentina Trabaja, que suman $ 5.000 millones, ante evidencias de cobros por medio de cooperativas inexistentes, en principio, en Chaco, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy y otras, cuyas autoridades responden al gobierno nacional.

No obstante, las mismas fuentes indicaron que igual sistema de distribución de fondos Desarrollo Social realizaba con todas las intendencias y gobernaciones afines al oficialismo kirchnerista.

La presentación escrita, a cargo del abogado Jorge Vitale, recayó en Juzgado Federal 5, a cargo de Norberto Oyarbide, fiscal Patricio Everst. Ahora, a cargo de Martínez Di Giorgi.

Es la causa 10.331/12 caratulada “Abuso de Autoridad, Malversación de Caudales Públicos, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública y Violación de Deberes de Funcionarios Públicos”.

El abogado fundamenta su denuncia en las pruebas mostradas en el programa “Periodismo Para Todos” que el Canal 13 emitió el pasado 23 de septiembre.

Allí se conocieron los testimonios de los concejales del municipio de Quilmes, Mario Sahagun (FAP), Diego Buffone CC) y Fernando Pérez (UCR). Los tres coincidieron en precisiones sobre la utilización que las autoridades comunales hacen de gente careciente, haciéndoles facturar por millones, pero que cobran otras personas.

Con este mecanismo, el municipio de Quilmes, que encabezaba el metalúrgico “Barba” Gutiérrez, registra cerca de una veintena de proveedores “fantasma”, que durante 2011-2012 facturaron por 5 millones de pesos.

En este caso, los coincidieron en señalar que José Luis Pavón, mano derecha del ministro de Producción comunal, Guillermo Robledo, ser el vínculo con el ex intendente.

En Chaco, se indica además, la bronca de varios cooperativistas perjudicados por estas graves irregularidades, los cuales también refieren a que varios de los punteros beneficiados con estos fondos hasta llegar a pasearse con 4×4 con el mayor desparpajo.

La ex ministra Kirchner tenía para su área un presupuesto de $ 27.485 millones, de los cuales $ 5.000 millones corresponden al Programa Argentina Trabaja.

En la denuncia se insiste en que el delito se configura, ya que los fondos que distribuía la ministra Kirchner, según este informe, eran cursados a través de cooperativas inexistentes o que en el caso de existir, eran solamente “un sello”, integradas por personas que carecen de recursos económicos, por caso jubilados, desocupados, y hasta ex convictos.

Así se fundamenta que la responsabilidad del ministerio de Desarrollo Social surge a partir de entregar esos fondos sin que se acredite debidamente el destino final de los mismos que, como queda evidenciado en los casos referidos, no son a beneficiarios necesitados de esa ayuda. Es decir, que esos fondos no son destinados al Programa Argentina Trabaja, sino que serían utilizados para cajas políticas o en su defecto, consumidos por corrupción.

Este tipo de cooperativas de trabajo encubren el asistencialismo y no crean empleos genuinos.

ESTE PLAN ES UNA RED DE DEFRAUDACIÓN DE DINERO PÚBLICO

Eran nulos los controles. Quienes estaban encargados de estos controles eran el Ministerio de Desarrollo Social, la SIGEN, los Tribunales de Cuenta de cada provincia, la universidad estatal y entes cooperativos. Todos estos entes y en especial la SIGEN, con su titular a la cabeza, han dicho que estos planes son perfectos, en cambio, las cooperativas, los municipios y diversas denuncias en cada una de las provincias dicen todo lo contrario.

La población a cubrir en la actualidad y que estarían en condiciones son 4 millones de personas. Y los beneficiarios son 100 mil. La cantidad de cooperativas, en este momento, son dos mil. De la cuales más del 25 por ciento tienen denuncias. La remuneración que recibe cada persona es de aproximadamente dos mil seiscientos pesos.

Este plan solamente cambia su nombre para diferenciarse de la década del noventa, que se lo llamaba Plan Trabajar y del año 2002, cuando se lo llamaba Jefe de Hogar; sólo difiere en el título de la asignación presupuestaria. Antes se los llamaba subsidios o asistencialismo y después se le llamó Plan Trabajar Argentino, cuando es exactamente igual que los plantes antes mencionados, ya que la mayoría de las personas incluidas en dichas cooperativas no trabajan y solamente firman planillas que dan origen a rubros de presentismo y otros rubros que son lo que en el mejor de los casos se quedan los punteros. Y en otros casos, lisa y llanamente con porcentajes más altos.

Existe un caso testigo de Florencio Varela, donde cobran el beneficio 10 mil personas. Si todas ellas salieran a trabajar ese día en Florencio Varela, se vería nada más que trabajadores del plan, situación que no sucede.

Este plan se distribuye fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, en todas las intendencias a fines al gobierno. También Tucumán, Corrientes, San Juan, Entre Ríos y Jujuy.

El perfil de la mayoría de las personas de este plan no trabaja, ya que hasta las mismas personas reclaman elementos para desempeñar tareas, que no tienen, llámese herramientas o materiales. Estas personas eran utilizadas pura y exclusivamente para presenciar actos políticos públicos del gobierno nacional.

El acceso a estos planes sólo era posible para aquellos que tuvieran una relación directa con el gobierno. Todo esto surge de un informe realizado por la Universidad Católica Argentina, que se encuentra publicado en la serie Informes de la Economía Real, Empleo y Desarrollo Social, a cargo del director Patricio Millán y los investigadores Jorge Colina y Osvaldo Giordano, Año VI, N° 29. Febrero de 2011.

Todo esto se ve corroborado, no sólo por el informe de campo realizado por la universidad en los distintos lugares, sino también por todas las denuncias realizadas por cooperativas, realmente constituidas y que no han podido ingresar en el plan por cuestiones políticas, por particulares que se han sentido afectados, por concejales y diputados provinciales y nacionales, tal cual lo expone la crónica desde el año 2010 hasta la fecha. También se corrobora por las denuncias de Chaco, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Florencia Varela, Quilmes, etc. En la causa ya están los contratos, las partidas abonadas, las pericias, y se supone un perjuicio al estado nacional superior a los 10.000 millones. Es hora de ver las cuentas privadas de la actual gobernadora.

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