Por Carlos Tórtora.-

La judicialización extrema de la política después de las elecciones era fácilmente predecible, ya que la Justicia Federal no podía aparecer influyendo sobre el resultado electoral. Pero lo más grave -y que empieza a resultarle difícil de manejar al gobierno- es el riesgo de la judicialización de la economía. La lógica del macrismo funcionó con los parámetros de la normalidad institucional: si el oficialismo conseguía un buen resultado en los comicios de octubre -y así lo hizo- Macri perdería su imagen de presidente de transición para afirmarse como el timonel del país por cuatro años más, lo que le daría mayor previsibilidad a la economía y una cuota de confianza a los inversores para empezar a apostar al éxito del PRO. Pero ahora no sólo aparece el enorme obstáculo del descontrol inflacionario, la incógnita de cuánto tardarán en producirse reacciones sociales contra el ajuste y también protestas empresarias (la reacción de Coca Cola ante la marcha atrás en los aumentos de impuestos a la cerveza hablan de la tensión existente). Se insinúa también un problema tanto o más grave. Existe el peligro de que la ola anticorrupción arrastre ante los tribunales a buena parte del establishment local, asociado necesariamente al kirchnerismo durante más de una década a través del hombre clave en este tema, Julio De Vido. La posible citación a Benito Roggio, un verdadero zar de la construcción, en la causa por la importación de gas licuado que lo llevó a De Vido a un penal, hizo temblar a la Cámara Argentina de la Construcción en pleno. La amenaza explícita de Alessandra Minnicelli, esposa del ex Ministro de Planificación, acerca de que su esposo “tiene mucho que contar”, tendría tres destinatarios. Uno es la cúpula del kirchnerismo, tema que no afecta la gobernabilidad, sobre todo a partir de que Macri pactó con Miguel Ángel Pichetto que el Senado será un santuario para CFK y no habrá desafuero. Es decir, ella seguirá interfiriendo en el rumbo del peronismo y sus leales no provocarían disturbios en tanto su libertad siga asegurada. El segundo destinatario es el sector empresario que participó en energía, transporte, obra pública, etc., en los cientos de hechos de corrupción que se investigan o están por investigarse. Esta amenaza es más grave, por cuanto un desfile judicial de empresarios al estilo Brasil provocaría el mismo efecto que allí: una estampida de fuga de capitales y una suba tal vez dscontrolada del dólar. Pero hay un tercer destinatario del mensaje de De Vido y es el círculo áulico presidencial, sobre todo su costado empresarial y sus dos pilares, Nicolás Caputo y Angelo Calcaterra. O sea que De Vido negocia a tres bandas: amenaza a su ex jefa para que ella active sus apoyos, advierte a los empresarios que no están exentos de terminar como él y le recuerda a Macri que su entorno esta también a tiro de Comodoro Py.

La inquietud recorre ya los directorios de muchas de las principales empresas. Por ejemplo, vale la pena citar el artículo recientemente publicado por Antonio Rossi en este medio (https://www.informadorpublico.com/corrupcion/antonio-brufau-el-gran-ausente-entre-los-investigados-por-bonadio) que dice: “La causa por los supuestos sobreprecios de casi 7.000 millones de dólares en la importación de gas por barco entre 2008 y 2015 que lleva adelante el juez federal, Claudio Bonadío -en la cual fueron procesadas 23 personas y detenidos los funcionarios K, Julio De Vido y Roberto Baratta- sigue aportando sorpresas y datos llamativos.

A la polémica pericia del ingeniero David Cohen -quien ya fue denunciado penalmente por falso testimonio agravado- y la falta de mención de los proveedores internacionales del GNL que embolsaron los multimillonarios “sobreprecios”, se ha sumado ahora la significativa omisión entre los imputados del ex titular de Repsol YPF, Antonio Brufau.

Brufau -ex titular de Repsol YPF y vicepresidente Gas Natural Fenosa- sólo aparece en la investigación de Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli como un simple testigo virtual que fue incorporado a último momento con unas declaraciones parciales tomadas de una entrevista de hace más de cinco años que fue extraída de internet.

Ante un pedido del fiscal para convocarlo a declarar en el juzgado, Bonadío decidió que no sea llamarlo, pero que “se tengan presente para su oportunidad” parte de las declaraciones que Brufau realizó en abril de 2012 y que Stornelli bajó de Youtube.

Más allá de esa “curiosa situación”, los que conocen los pormenores de las compras externas de GNL y siguen de cerca la evolución de la causa consideran que existen, al menos, cuatro razones por las cuales Brufau tendría que formar parte de la lista de los “autores y partícipes necesarios” de las maniobras de defraudación y pago de sobreprecios en las importaciones de gas por barco.

La primera razón es que la empresa Repsol-YPF comandada por Brufau fue la que diseñó y armó el esquema de importación de GNL para afrontar la crisis energética un año antes de que llegara al país la primera terminal regasificadora de Bahía Blanca y se iniciaran las compras de gas por barco”.

En otras palabras, hay muchos Brufau que ahora le están transmitiendo a la plana mayor del macrismo un claro mensaje: sus empresas acompañaran la política económica del gobierno si este contempla entre sus prioridades evitar que el empresariado pague una parte del costo judicial de la corrupción K. Algo que se dice fácil pero estos jueces federales, que consiguieron sobrevivir al kirchnerismo, ahora se sienten presionados por Elisa Carrió los medios el Consejo de la Magistratura y la opinión pública y no tendrían la menor intención de barrer debajo de la alfombra.

Soluciones siempre hay

Operadores políticos del presidente ya están conversando con senadores y diputados del PJ acerca de una novedosa interpretación del artículo 256 bis del Código Penal que tipifica el cohecho activo y que lo iguala al pasivo (el del funcionario que recibió la coima). El artículo dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

La tesis para la cual se está buscando un consenso entre el PRO, el PJ y la UCR es que durante la década K se dio un presupuesto de hecho atípico. Este consistió en que la corrupción en materia de obra pública y contrataciones del estado estaba institucionalizada y que ninguna empresa podía participar en licitaciones o adjudicaciones directas del Estado sino acordaba previamente el pago de coimas. Habría existido por tanto una situación de coacción y los empresarios tuvieron-según esta idea- que optar entre aceptar las imposiciones oficiales u perder sus empresas al no poder estas participar de negocios con el principal operador económico, que es el Estado en sus tres niveles. Claro esta que la aplicación de esta solución implica dos posibilidades o mejor dicho tres. La primera, que los jueces fallen eximiendo de toda responsabilidad penal a los empresarios, para lo cual sería imposible que haya unanimidad y allí se abriría la necesidad de un plenario de Cámara y hasta de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Un itinerario complejo y muy conflictivo. El otro es que el costo político lo pague el Congreso modificando el Código Penal para contemplar estas situaciones de coacción. Pero nos topamos en este caso con la irretroactividad de la ley penal. Todo un problema a solucionar.

El macrismo, que no controla aún el Congreso y que no tiene en la Justicia ni remotamente el peso del kirchnerismo en su mejor época esta a las puertas de decisiones cruciales, debe negociar temas como la reforma de la Ley del Ministerio Público y el nombre del futuro Procurador General que tendrán consecuencias estratégicas. Si se recuesta en la negociación con los jueces y fiscales y de allí surge el sucesor de Alejandra Gils Carbó, será una cosa. Otra muy distinta es si, por ejemplo, explicita su nueva relación con Juan Manuel Urtubey -que acaba de decir que su gobierno no es peronista- para designar Procurador al hermano de éste, el Senador Rodolfo Urtubey.

Share