Por Ricardo Lafferriere.-

La nota de La Nación no avanza sobre el desagregado, pero teniendo en cuenta el lapso en el cual fueron retenidos los recursos apropiados por las empresas de Cristóbal López (2011/2015) no sería aventurado calcular el monto, a valores actualizados, en más de Veinte millones de pesos, tal vez veinticinco. En grandes números podríamos hablar de Mil quinientos millones de dólares.

Ese monto es muy grande. Por lo pronto, es superior al presupuesto de dieciocho provincias argentinas. En efecto, son inferiores a ese monto las cuentas anuales de Tierra del Fuego, San Luis, La Rioja, La Pampa, Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, Jujuy, Río Negro, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Corrientes, Salta, Misiones, Neuquén, Chaco, Tucumán y bordea los de Entre Ríos y Mendoza.

Es una suma pasmosa. Es muy difícil tratar de imaginar cómo puede habérsele “pasado” a la AFIP semejante apropiación de recursos públicos, de percepción directa y en tiempo real -ya que se recaudan junto a la venta de combustibles, estrictamente controlados no sólo por la AFIP sino también por el Ministerio de Energía.

También es difícil imaginar cómo hará ahora el gobierno nacional para recuperar esos recursos, tal como expresó el presidente Macri que habría instruido a las actuales autoridades de la AFIP. No hay a la vista empresas solventes en ese grupo empresario que alcancen a cubrir semejante deuda.

La complicidad delictiva de las autoridades de control fiscal resulta también inexplicable. Nos dice una nota adicional en La Nación que las empresas no figuraban entre los “grandes contribuyentes”, sujeta a un escrutinio especializado por la central de la AFIP, sino apenas como una empresa mediana inscripta en una agencia del barrio de Palermo, en la Capital Federal. Es una muestra más del deterioro terminal a que fue sometido el Estado durante la administración kirchnerista, que permitió -por complicidad o por inoperancia- semejante daño a las finanzas públicas.

Por prudencia y respeto no seguimos haciendo la lista de equivalencias de lo que el Estado podría hacer con ese dinero en obras públicas, educación, salud o vivienda. Sólo diremos que es mucho. Es un monto que no puede medirse en términos de la economía individual, sino de los grandes números de las finanzas públicas.

Ahora, hay que aplicar la ley. Recuperar lo que se pueda, por supuesto, pero también las normas penales tributarias y las del Código Penal general. La impunidad -de empresarios y funcionarios- es incompatible con el sentido de solidaridad nacional. Ningún sacrificio puede pedirse a quien bordea fin de mes o aún vive en la calle si un despropósito tan descarado se sumerge en las mediaciones burocráticas o termina protegido por la impunidad.

Y por último, tomar este enorme desfalco como un aliente en la tarea de reconstruir el Estado. Lo destrozaron quienes lo invocaban diariamente, ocultando en ese relato su utilización como herramienta delictiva. Lo debemos reconstruir con profesionalidad, para que cumpla su misión elemental: recaudar impuestos para financiar las necesidades de una convivencia civilizada.

Share