Por Alexis Di Capo.-

El empresario kirchnerista y dueño del grupo Indalo Cristóbal López sigue ninguneando a la administración macrista y no le gira al Estado los fondos específicos de los peajes viales.

Tal como hizo con el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) que debía depositar la petrolera OIL y los aportes previsionales de los empleados de su holding, la concesionaria vial AECSA que opera las autopistas Riccheri y Ezeiza- Cañuelas retiene en forma indebida unos 15 millones de pesos mensuales de la porción tarifaria de los peajes que debería ingresar a las arcas fiscales.

Pese a haber sido intimada a principios de año y tener en su directorio un interventor oficial desde el mes de abril, AECSA -la operadora vial que López controla por medio de la constructora CPC- se sigue quedando con la recaudación del RAE (Recurso de Asignación Específica) que representa casi el 20% del valor de los peajes que pagan los usuarios del acceso Riccheri y la autopista a Cañuelas.

El cobro del RAE entró en escena en agosto de 2012 en los tres accesos a la Capital Federal que convergen sobre la Avenida General Paz: Norte, Oeste y Richheri. Había sido creado por el ministerio de Planificación de Julio De Vido para financiar la ampliación de la General Paz y obras menores en las zonas de concesión de los tres accesos metropolitanos. Según la normativa vigente, los ingresos provenientes del RAE tienen que ser girados por las concesionarias en forma mensual a la cuenta específica que administra la UCOFIN, la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura.

La concesionaria vial -que López que le había adquirido a fines de 2013 al grupo español OHL- cerró 2015 con una deuda de 250 millones de pesos por los ingresos apropiados del RAE.

Tras la última suba de los peajes de hasta el 66% que el actual gobierno autorizó en febrero para los accesos metropolitanos, AECSA ha venido acumulando todos los meses una deuda del orden de los 15 millones de pesos por los fondos que no le envía al Estado.

Esta retención indebida de los recursos específicos se registra en medio de una situación más que llamativa: la empresa se encuentra intervenida desde abril pasado con un veedor oficial que designó la administración macrista y que hasta ahora no ha procedido a denunciar este hecho.

Además, AECSA arrastra otros 150 millones de pesos de multas impagas por los incumplimientos de inversión y la falta de obras de mantenimiento que se registraron en los últimos tres años.

Si bien el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el titular de Vialidad, Javier Iguacel habían advertido en marzo que estaban dadas las condiciones para rescindirle la concesión, con el correr de los meses el gobierno cambió su postura con el fin de evitar un conflicto y darle tiempo a Cristóbal López para que venda el control a AECSA a otra empresa privada.

En el caso del negocio de los combustibles, López se quedó con unos 8.000 millones de pesos del ITC que la petrolera OIL cobró en los últimos años como “agente de retención” y no transfirió al Estado.

Por esta maniobra, López y su socio en el grupo Indalo, Fabián De Sousa tienen que ser indagados la próxima semana por el juez federal, Julián Ercolini, quien también citó a indagatoria al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y otros 20 funcionarios del organismo tributario que no controlaron, ni denunciaron la evasión impositiva.

Por su parte, la jueza en lo Penal Económico, Verónica Straccia también llamó a indagatoria al tándem de López y De Sousa por la causa abierta por la presunta evasión tributaria agravada de más de 60 millones de pesos que no giraron a la AFIP.

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