El kirchnerismo carga uno de sus mayores estigmas en el hecho de haber sido creado por un matrimonio que durante las décadas de los años 70 y 80 hizo una importante fortuna ejecutando propiedades de deudores hipotecarios. Néstor y Cristina Fernández de Kirchner acumularon unas 22 viviendas en la provincia de Santa Cruz desalojando a deudores que ya no podían pagar sus créditos a causa de las feroces tasas de indexación que establecía la tristemente célebre Circular 1050 del Banco Central.

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Pasaron los años y el matrimonio Kirchner encontró en los “fondos buitre”, como llaman a los tenedores de bonos que reclamaban el pago total de sus papeles de deuda argentina, un enemigo formidable para lanzar una campaña contra la usura internacional. A contrapelo de su pasado, lanzaron una furiosa campaña contra la especulación de los acreedores. Y el actual ministro de Economía Axel Kicillof, fue a partir de su asunción el 20 de noviembre de 2013, el ariete para embestir contra los fondos buitre y un entusiasta sucesor de Néstor Kirchner a la hora de criticar las duras condiciones que imponían los acreedores para cobrar su dinero.

En junio de 2014, en uno de los momentos más calientes de la lucha entre el gobierno argentino y los holdouts, el ministro Axel Kicillof lanzó duras críticas contra los denominados “fondos buitre”. Entre sus frases más combativas estaban “el Gobierno va a defender a la gente de los usureros” o “intentan ponernos de rodillas ante usureros de carácter global” y “A los defensores de la usura les queremos decir que tengan cuidado, que el Estado va a vigilar”.

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El ministro de Economía, que la presidente Cristina Kirchner calificó como “su mano derecha y mejor asesor”, no obstante sus encendidos discursos contra la usura y el deseo de lucro desmedido de los acreedores, esconde en su pasado un curioso incidente en el que estuvo del otro lado del mostrador, en donde hoy están sus odiados “fondos buitre”.

Axel Kicillof ejerció en la década de los 90, tan criticada por los funcionarios kirchneristas, una tarea que se le desconocía totalmente: fue prestamista de dólares a tasas que le aseguraban el retorno de su dinero y una ganancia muy importante, como lo haría cualquier capitalista. Y, a comienzos del año 2000 -tal como lo demuestran los documentos en poder de (Eliminando Variables)- buscó de forma casi obsesiva que la Justicia ejecutara la hipoteca y desalojara la vivienda de un matrimonio que le debía dinero. Incluso trató de adquirir la propiedad aprovechando la situación límite de sus habitantes, una pareja con dos hijos menores que le debían a él y a una socia capitalista la cifra de US$ 6.300.

Un préstamo privado, en dólares y con cláusulas leoninas

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El 29 de septiembre de 1993, cuatro días después de haber cumplido 22 años, Axel Kicillof y la empresaria Susana Kantor le prestaron al por aquel entonces matrimonio de Julio César Moreno y María Alejandra Gauna la suma de US$ 6.300 en efectivo, presentando éstos últimos como garantía de hipoteca (real, en primer grado), de una propiedad de 397 metros cuadrados en el Partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires.

Kicillof aportó US$ 2.060 y Susana Kantor, entregó los US$ 4.240 restantes. El préstamo privado se realizó mediante un protocolo notarial de 14 folios (escritura N° 316, legalizada por el Colegio de Escribanos bajo el N° 000829555, serie L, del 08 de octubre de 1993), con catorce cláusulas, rubricadas por el escribano Abel Pedro Iranzi.

El pacto sellado, además, obligaba a los deudores Moreno y Gauna a devolver la suma de dinero entregada en un lapso de 6 meses, es decir para el 29 de marzo del 1994, con un interés anual del 12 por ciento, pagadero mensualmente los días 29 de cada mes.

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En la primera cláusula del convenio, se dejaba estipulado que la única moneda aceptada para devolver el préstamo y para pagar los intereses y punitorios acumulados en caso de que los deudores no cumplieran a tiempo sus obligaciones, serían dólares (o el monto en pesos necesario para adquirir la cantidad prestada), con “la cotización del peso en el mercado libre de New York, publicada por el Wall Steet Journal”, o bien “la cotización del peso en el mercado de Montevideo”, o bien “la suma de pesos suficiente para adquirir Bonos Externos de la República Argentina, “Serie 1987”, negociados en la Plaza de Montevideo, y que tengan el mismo valor a los dólares comprometidos en el préstamo”.

En la cláusula sexta, se subrayaba además que el pago de los intereses debía realizarse en el domicilio de los acreedores, “so pena de incurrir en mora” si no se realizaba íntegramente cada 29 de cada mes, en dólares billete. En el punto séptimo del contrato, además, se decía que de no cumplir con el pago cada 29, habría además un interés punitorio del 12 por ciento anual, que correría hasta la cancelación de la deuda, “aún en caso de ejecución y sobre el capital ajustado de acuerdo a los términos de la escritura”.

En el ítem décimo el convenio aclaraba que el incumplimiento de las cualquiera de las condiciones del contrato, daría derecho a Kicillof de iniciar una demanda y solicitar la devolución de la deuda, como “si se tratara de una obligación de plazo vencido”. La cláusula siguiente (11) colocaba como lugar de disputa a la Capital Federal de la República Argentina, mientras que en el punto 12 se informaba que “en caso de ejecución, la parte deudora se compromete a desalojar el bien hipotecario dentro de los quince días de consentida la sentencia de trance y remate ya fin de entregarlo libre de ocupantes a quien resultar su adquirente”.

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El requisito decimotercero, de acuerdo con los documentos a los que accedió (Eliminando Variables), disponía que los deudores renunciaban a recusar sin causa al juzgado o secretaría en donde se iniciaba la demanda, mientras que los acreedores -Kicillof y Kantor- “podían pedir la venta en pública subasta del bien gravado, tomado como base para el remate el importe que resulte de aplicar a su sólo arbitrio, algunas de las siguientes tres alternativas: 1) el importe que resulte del capital reclamado más sus intereses compensatorios y punitorios; 2) el que corresponda a la valuación vigente a la fecha de la subasta; 3) el importe del capital adeudado, de acuerdo a los términos de este contrato, con más un 30% para atender a los intereses compensatorios y/o punitorios con más las costas procesales”. Los acreedores, además, tenía la potestad de designar al martillero y al escribano que así consideran.

En igual sentido, se concertaba que la eventual indisponibilidad de fondos quedaría limitada al 20 por ciento del precio de venta, “en cuyo supuesto el 80% restante podrá ser extraído de los autos judiciales, una vez aprobado el remate”.

En el último punto del acta notarial, Kicillof le entregaba un poder especial a miembros de la familia Calvar (Héctor Calvar, Cecilia Elizabeth Calvar, Andrea Cristina Calvar y María Victoria Calvar), para que en su nombre y representación y actuando “en forma conjunta, separada, alternada o indistintamente, cobre en perciban el capital, las cuotas de capital, intereses compensatorios o punitorios si correspondiere, otorgando los recibos en legal forma”. En el mismo documento les daba la potestad de ampliar, sustituir o modificar la hipoteca o iniciar juicios en su nombre.

Durante siete años, los deudores pagaron puntualmente, pero a mediados del año 2000, dejaron de cumplir con las obligaciones pactadas. A partir de ese momento Kicillof instruyó a su abogado para que pidiera el remate de una propiedad en el conurbano que se había dispuesto como garantía para el préstamo.

Vista desde el presente, esa urgencia por reclamar el pago de la deuda resulta irónica. Es que hoy, el mismo Kicillof, colocado en posición de deudor frente a los holdouts, busca a toda costa dilatar el pago a los acreedores

Comienzo del caso Kicillof vs. Julio César Moreno

Axel Kicillof y Susana Kantor, como se informó más arriba, habían nombrado en 1993 como apoderados a distintos integrantes de la familia Calvar. Siete años después, quien asumió la defensa del ministro y su socia fue la abogada María Victoria Calvar, quien -a su vez- buscó patrocinio legal con la doctora Claudia Beatriz Gentile. La idea era lograr cuanto antes el cobro de la deuda, mediante la realización de un juicio ejecutivo.

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En el primer exordio presentado ante la Justicia el 17 octubre del 2000 y tuvo por objetivo reclamarle a la Justicia la ejecución de la hipoteca presentada por el matrimonio conformado por Julio César Moreno y María Alejandra Gauna, “por cobro de la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES BILLETE SEIS MIL TRESCIENTOS (U$S 6.300), con más sus intereses compensatorios y punitorios convenidos, gastos y costas (Sic)”, la letrada Calvar remarca que actúa en “nombre y representación, y siguiendo expresas instrucciones de mis poderdantes (Sic)”.

De acuerdo con el documento, las abogadas firmantes explicaban que el matrimonio al cual Kicillof le había prestado “incurrieron en mora el 29/6/00 fecha en que éstos debieron restituir el capital mutuado, por el cual los mismo deberán abonar los intereses compensatorios a partir de esa fecha (Sic)”. Incluso, se detallaba que a la fecha de presentación de la ejecución hipotecaria (17/10/2000), “se deben además del capital mutuado, los intereses compensatorios (doce por ciento anual) y los punitorios (doce por ciento anual), a partir del 29/6/00 (Sic)”.

Como puede verse en el jpg adjunto publicado por (Eliminando Variables), tantos los intereses compensatorios como punitorios para ese fecha, y sobre el capital prestado de US$ 6.300, eran del 3.67 por ciento cada uno, alcanzando un total de 462.4 dólares en poco más de 100 días de atraso, con lo que la suma adeudada por el matrimonio Moreno-Gauna era de US$ 6.762,42.

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Las abogadas de Kicillof y Kantor, además, solicitaban al juez trabar embargo por la suma reclamada, en dólares estadounidenses, “con más lo que V.S. presupueste en concepto de intereses y costas (Sic)”. En el escrito, las doctoras Calvar y Gentile informaban sumaban a los abogados Gerardo Romano y Oscar Eduardo Fuaz (o a quien ellos designen) para diligenciar testimonios, inscripciones y firmar minutas.

La causa recayó en el juzgado del hoy camarista Claudio Ramos Feijoo, con número de expediente 91.071/2000, secretaría de Gabriela Fabbri, y fue denominada “Kicillof, Axel y otro c/Moreno, Julio César y otro s/Ejecución Hipotecaria”.

Ramos Feijoo, el 24 de octubre del 2000, hizo lugar a la demanda iniciada por Kicillof, ordenando librar contra los ejecutados “intimación de pago por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MIL TRESCIENTOS (U$S 6.300) en concepto de capital con más la de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL DOSCIENTOS SESENTA (U$S 1.260) que se estiman provisoriamente para el cálculo de intereses y costas (Sic)”.

El magistrado, incluso, emplazó al matrimonio a que constituyan domicilio dentro del radio de Capital Federal, “todo ello dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento de mandar llevar la ejecución adelante sin más trámite y de notificarle las sucesivas resoluciones en forma automática”. Asimismo, decretó el embargo del inmueble hipotecado por las sumas aludidas.

Manual para apretar a un deudor de un crédito privado

Unos días después de la resolución firmada por el juez Ramos Feijoo, las abogadas de Kicillof presentaron un nuevo escrito en donde le resaltan que la liquidación practicada en su primer escrito revestía “carácter de provisorio” dado que contemplaba “como es lógico, el capital y los intereses devengados y no percibidos desde las fechas en que la deudora incurrió en mora y hasta la fecha de imposición de la demanda”. Y aclaraban que el pago de la tasa de justicia (del orden del 3 por ciento del monto total, o unos 203 dólares) “requería necesariamente su aplicación sobre un monto determinado”.

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En el punto IV de ese documento, las doctoras Calvar y Gentile señalaban que -en general- para contratos de común acuerdo en dólares, los acreedores solicitaban a la Justicia una tasa que iba desde el 30 por ciento al 48 por ciento anual en concepto de intereses punitorios y compensatorios. Sin embargo, subrayaban que la jurisprudencia vigente por aquel entonces había dictaminado que el monto máximo exigible por intereses y punitorios en dólares estadounidenses, había sido fijado en un 24 por ciento anual.

En un nuevo fallo del 04 de diciembre del 2000, el juez Ramos Feijoo hizo lugar al pedido de Kicillof de la tasa exigible por intereses y punitorios en dólares por hasta el 24 por ciento, al tiempo que debido a que el matrimonio Moreno-Gauna no comparecían ni constituían domicilio procesal, decidió que “las sucesivas resoluciones les serán notificadas de forma automática”.

El caso permaneció relativamente sin novedad durante unos seis meses, hasta que el 28 de junio del 2001 en una nueva presentación, Kicillof y Kantor solicitaban el remate público de la propiedad, la designación de un martillero, y le adjuntaban al juez un informe de dominio e inhibición de bienes del matrimonio que no habían pagado US$ 6.300, más los intereses por mora y punitorios. De hecho, en el contrato inicial firmado por las partes, quedaba especificado que el hoy ministro de Economía tenía la potestad de nombrar a un martillero de su agrado, por lo que se propuso al Martillero Público Arnoldo Jorge Beider.

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En otro escrito casi en paralelo al anterior, las abogadas de Kicillof ordenaban la desocupación de la propiedad -previa constatación-, nombrando para tal acto a la escribana María Roxana Arévalo. Ambas presentaciones fueron respondidas el 02 de julio del 2001 por parte del magistrado, en donde resolvió que si no existía contestación por parte del matrimonio deudor, en diez días subastaría el inmueble “como si estuviera libre de deudas”. Sin embargo, Ramos Feijoo le solicitó a las abogadas de Kicillof un informe sobre la valuación fiscal del inmueble, como así también una “tasación real efectuada por una inmobiliaria de la zona, teniendo en cuenta una de similares características”.

El 10 de octubre del 2001, el corredor y martillero designado por Kicillof, Rafael Murgia, valuó la propiedad de la pareja (392 metros cuadros, de los cuales unos 120 metros estaban construidos) en unos US$ 130 mil, aunque aclaraba que “debido a la profunda recesión económica, el precio de realización de la mencionada propiedad, estaría en un 10% inferior al valor de tasación”.

En aquellos días, pedir el remate de una propiedad significaba la posibilidad de hacerse con una vivienda a menor precio, y luego revenderla a una cifra real en el mercado.

María Victoria Calvar, apoderada del ministro, en otro escrito le solicitó al juez Ramos Feijoo, respecto a las pautas para fijar la base del remate, que se compute “el importe del capital adeudado con un más un 30% calculado para responder a intereses y costas de acuerdo a los términos del contrato”.

Kicillof: Dólares sí, pesos no

Finalmente, el 28 de noviembre del 2001, el juez Claudio Ramos Feijoo decretó la subasta del inmueble situado en el Partido Tres de Febrero en donde vivían Julio César Moreno y María Alejandra Gauna, “al contado, y al mejor postor, con la base de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 86.000), la que se fija analizando la valuación fiscal y la tasación real…” Es importante recordar que la propiedad había sido tasada en U$S 130.000 y el nuevo precio daba un margen negativo importante para adquirir la propiedad en la subasta a un valor sustancialmente menor al del mercado.

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El magistrado, además, solicitaba que en un plazo de 10 días se le informe “detalladamente” las condiciones físicas y de ocupación de la propiedad, “debiendo comprobarlas personalmente e individualizar a las personas que las ocupasen, identificándolas y estableciendo en qué carácter y con qué título lo hacen (Sic)”.

En paralelo, Ramos Feijoo ordenaba la publicación de ese edicto con las bases por dos días en el Boletín Oficial y en el diario Ámbito Financiero.

Kicillof, a través de sus abogadas, presentó un nuevo escrito en el que dejaba en claro que no quería pesos sino dólares en efectivo. Al respecto, su apoderada -Calvar- y la abogada patrocinante -Gentile- le recordaron al juez que en el contrato se había firmado en dólares y era lo que sus clientes querían.

El punto I de esa solicitud realizada a horas de conocido el edicto del Juez, dejaba bien en claro la postura del hoy ministro: “Que habiéndose fijado en “pesos” la base de la subasta, habida cuenta de que ha sido condición esencial del contrato mutuo que la restitución de las sumas adeudadas por capital e intereses fuera en dólares estadounidenses billete, y siendo la moneda en la que se reclamó la condena al promover la demanda, se ordenó el mandamiento de intimación de pago y se trabó el embargo, la de dólares estadounidenses billete, vengo a solicitar que sea fijada la base en dicha moneda, esto es: dólares estadounidenses billete (Sic)”.

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Hoy Axel Kicillof muestra en público cierto desprecio por aquellos que buscan un refugio de valor para sus ahorros en la divisa norteamericana. Ante la prensa, no dudó en aclarar que el billete norteamericano “no le interesa” o dudar de la racionalidad de ahorrar en otra moneda que no sea el peso argentino, incluso cuando la demanda llevó al dólar a valores cercanos a los 15 pesos por dólar en el mercado libre.

Es igual de curioso el comportamiento del primer candidato a diputado porteño por el Frente para la Victoria, quien en su momento prestaba en forma privada a tasas muy por encima del índice de inflación, exprimiendo al máximo la legislación con contratos realizados en escribanías y buscándole sacar provecho a una situación angustiante de las personas que le debían dinero, tal como lo hacen los fondos buitre que él mismo crítica.

No menos interesante es conocer la postura que tenía el ministro frente a la posibilidad de lograr quedarse con los bienes de los deudores, en una actitud análoga a la que luego repudiarían los militantes kirchneristas cuando el juez norteamericano Thomas Griesa incautó fondos argentinos o el gobierno de Ghana retuvo por semanas a la fragata Libertad por un pedido de los fondos buitre.

Por eso resulta muy llamativo el punto II de esa presentación a fines de noviembre del 2001. Tanto Kicillof como Kantor se mostraron interesados en comprar el inmueble: “Que solicito en ejercicio de los derechos que la ley le acuerda al acreedor hipotecario, y teniendo estos voluntad de adquirir el inmueble a subastarse, en virtud del Art. 818 del Código Civil, se los exima, en caso de resultar adquirentes del bien subastado, de abonar la seña al martillero actuante y luego, hasta la concurrencia de sus créditos, cuya liquidación habrá de practicarse oportunamente, se les conceda la compensación con el saldo del precio (Sic)”, exponía el documento.

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Ramos Feijoo, el 05 de diciembre del 2001, hizo lugar al pedido de Kicillof de modificar la moneda base de la subasta (de pesos a dólares) y eximir al hoy ministro y a su socia de la seña si resultaban adquirentes del inmueble.

La decisión de pasar a dólares algo que podía ser pagado en pesos, sabiendo del interés que tenían los acreedores por la propiedad, pareciera no ser inteligente; sin embargo, al parecer, no sabían quién podía ofertar por la propiedad al momento de la subasta, o si podían alcanzar el precio que los eventuales adquirientes decidieran pagar. Por lo tanto, prefirieron jugar por sobre seguro, ya que de esta forma (colocando el precio base en dólares) recibirían sí o sí con la compra de la vivienda el pago en dólares billete.

En el medio del proceso de la subasta, sucedieron los trágicos hechos del 19 y 20 de diciembre del 2001, con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, el arribo del corralito bancario, la declaración del default y la posterior pesificación. Tres días antes que concluyera ese año, el martillero Beider, recomendado por Kicillof, aceptó el cargo ante el juez Ramos Feijoo.

Kicillof contra la pesificación

La asunción de Eduardo Duhalde como presidente en enero del 2002, modificaba completamente el panorama económico de la Argentina. En el Congreso, Duhalde declamaba en medio de aplausos: “Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares, recibirá dólares; el que depositó pesos, recibirá pesos”.

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En el medio del caos económico, la medida era imposible de cumplir. Y, por si fuera poco, en febrero del 2002, se publicó el decreto 214/2002 en donde todas las obligaciones en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, serían transformadas a pesos. Además, ese decreto imponía que todos los depósitos en dólares serían convertidos a razón de 1.40 pesos por dólares, mientras que las deudas en dólares serían “pesificadas” a valor 1 a 1.

Kicillof, como capitalista que había entregado dólares a sus deudores, se vio sumamente perjudicado por la medida. La valuación en dólares billete del inmueble del matrimonio Moreno-Gauna era historia, como así también la idea de cobrar la deuda, intereses y mora en moneda norteamericana.

A través de sus abogadas, presentó el 07 de febrero un nuevo escrito ante el juez Ramos Feijoo en donde expresó: “Que, en vistas de los derechos y garantías fundamentales reconocidos por nuestra Carta Magna en los arts. 14,16 y 17 y entendiendo que éstos se ven sensiblemente afectados por lo normado por el Decreto 214/PEN/2002, vengo por el presente a hacer expresa reserva de plantear, en la etapa procesal oportuna, Caso Federal en atención a la manifiesta y flagrante inconstitucionalidad del mentado decreto (Sic)”.

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El doctor Ramos Feijoo, en un breve escrito realizado el 11 de febrero del 2002, le respondió brevemente que “en atención a las características especiales que comprende al juicio ejecutivo, no corresponde realizar el planteo aquí solicitado, debiendo el interesado ocurrir por la vía y forma que corresponda (Sic)”.

El 14 de febrero del 2002, se promulgó parcialmente la Ley 25.563, en donde en su artículo 16 se suspendía por 180 días la totalidad de las ejecuciones judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarías y prendarias de cualquier origen.

Aquella instancia le quitaba a Kicillof y Kantor una de sus armas principales para reclamar por la deuda y sus adicionales: La amenaza del desalojo y la subasta de la casa de los acreedores. Su reacción, fue consecuente. En un nuevo escrito presentado el 01 de marzo del 2002 por sus abogadas Calvar y Gentile ante Ramos Feijoo, le ponían de manifiesto la vulneración de los derechos y garantías fundamentales de los acreedores por la citada ley y el decreto 214/2002, reiterando la “expresa reserva” de plantear Caso Federal. Kicillof y Kantor decían: “…que lo normado por el Decreto 214/PEN/2002, en tanto impone la pesificación de las obligaciones expresadas en dólares estadounidenses billete y estable una relación de cambio irreal y confiscatoria, y por la ley 25663/2002, por cuanto su artículo 16 dispone la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, vulneran derechos y garantías fundamentales reconocidos por nuestra Carta Magna… (Sic)”. El juez respondió con un lacónico: “Tiénese presente”.

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Seis meses después, en septiembre del 2002 y ya vencido el plazo de suspensión por Ley, las abogadas de Kicillof le solicitaron al juez que se expida sobre la base fijada para el remate del domicilio de la pareja. Con posterioridad, en octubre de ese año, las mismas representantes legales le pidieron a Ramos Feijoo que modifique la base original -que había quedado desactualizada- y que había sido dispuesta en US$ 86 mil (cifra luego pesificada nuevamente).

Durante los primeros meses del 2003, el martillero Beider realizó la tasación del inmueble, valorando inicialmente en $150 mil, aunque para evitar el fracaso de la misma, el valor sugerido era de 100 mil pesos.

Por tercera vez, en junio del 2003, las doctoras Calvar y Gentile le hicieron un pedido de reserva de Caso Federal, esta vez bajo el argumento de que Axel Kicillof debía “necesariamente tener certeza respecto del criterio que habrá de aplicarse para liquidar y cuantificar su crédito, toda vez que el criterio que se aplique incidirá directamente sobre la extensión del crédito de mi mandante”. Y solicitaban la inaplicabilidad de las normas que impusieron la pesificación. Ramos Feijoo ordené diferir el tratamiento de esa cuestión.

Sobre la hora

Con la nueva tasación del inmueble, el juez ordenó publicar un nuevo edicto tanto en el Boletín Oficial como en el diario Ámbito Financiero. La fecha de la nueva subasta había sido dispuesta a las 12 horas del 17 de marzo del 2004, casi 4 años después de iniciada la demanda. Las abogadas de Kicillof, tras autorización del juez y por pedido de su cliente, lograron que el edicto fuera publicado en el matutino Clarín.

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Tras la publicación en marzo del 2004 del edicto, el 15 de ese mismo mes las doctoras Calvar y Gentile le pidieron al juez Claudio Ramos Feijoo la suspensión de la subasta, como así también el levantamiento del embargo de la vivienda. Fue un pedido realizado a pocas horas de concretarse la subasta ordenada por la justicia.

Según el texto del pedido, Axel Kicillof y Susana Kantor habían alcanzado un acuerdo extrajudicial con el matrimonio Moreno-Gauna, “habiéndose satisfecho las sumas reclamadas en las presentes, incluyendo capital, intereses y costas… (Sic)”.

Se desconoce la cifra que habrán pactado en el acuerdo privado Axel Kicillof y la pareja, pero con la inflación, los punitorios, la pesificación, el CER y otros índices que corrieron desde el año 2000 hasta el 2004, el número sin duda habrá sido más que importante, ya que los US$ 6.300 más los intereses que había dictaminado el juez a comienzos de la demanda, resultaban irrisorios.

Algunos datos adicionales sobre Kicillof y Kantor

En la Declaración Jurada de Axel Kicillof como funcionario durante el 2014, curiosamente, afirma que no posee ningún dólar ahorrado en el país, un cambio radical respecto a lo que sucedía apenas 10 años atrás cuando reclamaba judicialmente por dólares que le pertenecían a un matrimonio, bajo amenaza de rematarle la casa. A la vez, el ministro afirma ser propietario de dos lotes (uno de 840 m2 y otro de 420 m2), por un valor total cercano a los US$ 25 mil, como así también una casa de 69 metros cuadrados en Colonia, por un valor estimado de US$ 38 mil. Vale aquí aclarar que en la declaración jurada, el precio al 31 de diciembre pasado está valuado en pesos (total de propiedades en el extranjero: $ 507.060), algo que en el mercado de la vecina orilla consideran una verdadera “ganga”.

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Incluso, durante el transcurso del juicio ejecutivo hipotecario que tramitó durante casi cuatro años, Kicillof fundó junto a otros socios de la agrupación universitaria Tontos Pero No Tanto (TNT) el bar Espero Infinito, cuyo fondo de comercio -de acuerdo con las fuentes consultadas por los autores de este blog- fue vendido, aunque el gremialista gastronómico Luis Barrionuevo insistió en diversas entrevistas televisivas y radiales que el local cerró porque terminó fundido.

Susana Kantor, de 68 años de edad, se encuentra inscripta en la AFIP desde 1978, y actualmente es trabajadora autónoma -categoría I-, jubilada. En 1997, por ejemplo, fundó junto con algunos familiares la firma Skokie SA, originalmente una financiera e inversora, en la cual participó en el directorio hasta mayo del 2004, momento en que la empresa reformó su objeto social para pasar a ser, además, inmobiliaria e importadora y exportadora.

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La empresaria, por otro lado, fundó a fines de mayo del 2001, la empresa Packgraf SA, compañía dedicada a la producción de cajas y embalajes de cartón y papel, en la cual -según se sigue publicando en el Boletín Oficial- continúa en su directorio al día de la fecha.

Hay un dato adicional de color relacionado con Susana Kantor, la antigua socia prestamista de Axel Kicillof: Posee el mismo DNI (5.696.275) que el correntino Martín Lucas Govi, que reside en la ciudad de Monte Caseros, Corrientes. Tal como puede observarse en el Padrón Electoral Definitivo para las PASO del 09 de agosto del 2015, Govi, de 77 años y que se desempeña ante el fisco como productor frutihortícola, posee la misma matricula que la señora Kantor y tendrá como lugar de votación a la Escuela Superior 88 “Del Centenario”.

Unos 580 kilómetros al sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reside Susana Kantor, que es titular del mismo número de DNI (aunque diferente CUIT frente a la AFIP) que Martín Lucas Govi. Según el Padrón Electoral Definitivo para las PASO, la jubilada Kantor depositará su voto en la Escuela N° 30 Granaderos de San Marín, en el límite entre los barrios de Las Cañitas y Belgrano.

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Pese a compartir el número de documento, habría que aclarar sin embargo, que la Ley 17.671, promulgada a fines de la década de los 60, especifica que los número de Documento Nacional de Identidad deberán ser con un número fijo, exclusivo e inmutable. En este sentido, correría aproximadamente desde el número 10 millones en adelante.

El Relato y la memoria

El ministro Kicillof es hoy uno de los arietes del kirchnerismo contra los fondos buitre y un defensor irreductible de la estrategia de no ceder frente a las presiones de los acreedores. Como otros altos funcionarios del gabinete de Cristina Kirchner, arriesga quedar en rebeldía frente a los estrados internacionales en su postura de defender el no pago a los fondos buitres.

No deja de ser irónico que una década atrás el mismo ministro reclamara que la ley y la Constitución lo respaldaran en su búsqueda de recuperar sus US$ 2.060. No menos mordaz es que el ministro que cita las palabras de Néstor Kirchner respecto a “no pagar las deudas con el sufrimiento de la gente”, haya llevado su deseo de recuperar su dinero al punto de pedir que se subastara una propiedad habitada por una pareja con dos niños. Igual de llamativo es la fijación del ministro en recuperar el dinero en dólares norteamericanos, habida cuenta que es el mismo funcionario que un año después levantaría un cepo cambiario que le dificulta a la gente buscar una reserva de valor en dólares para sus depósitos y propone dejar de usar esa divisa para pensar la economía cotidiana de la Argentina.

Un viejo refrán dice “Dime de que te jactas y te diré de qué careces”. Tanto alardeo contra buitres, el lucro capitalista desmedido y los pedidos de sensibilidad frente a la situación de los deudores, debería haber advertido sobre algún punto oscuro en la vida de uno de los paladines de la lucha contra los holdouts. Esa mancha era un juicio de desalojo por algo más de dos mil dólares, más intereses. Quizás, lo mejor para Axel Kicillof hubiera sido no llevar tan lejos un reclamo por algo tan insignificante como un puñado de billetes en una moneda que, de acuerdo a sus discursos, “no le interesa a nadie”.

JMS e IMO | (Eliminando Variables) | @EliminandoV

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