Por Alexis Di Capo.-

La cada vez más ruidosa causa por extorsión que involucra al falso abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal federal, Carlos Stornelli ha comenzado a mostrar una arista extrajudicial que salpica con fuerza a la líder de la Coalición Cívica y socia política del macrismo, Elisa Carrió; a sus principales colaboradoras, Paula Olivetto y Mariana Zuvic y al periodista de Clarín, Daniel Santoro.

Más allá de lo que se va conociendo de la investigación sobre los teléfonos, equipos y documentos que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla secuestró en la casa de D’Alesssio y que confirman la existencia de numerosos contactos y comunicaciones del falso abogado con funcionarios judiciales, periodistas y operadores todoterreno, hay un dato político que saltó sobre el tapete y que promete dejar en offside y muy expuesta a Carrió.

El caso que preocupa puertas adentro al equipo de Carrió comenzó a gestarse el 28 de enero cuando el juez Ramos Padilla dio curso a la denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien sostuvo que tras un encuentro de tres horas con Stornelli, en el balneario CR de Pinamar, D’Alessio le pidió 300.000 dólares. La extorsión consistió en decirle que un arrepentido -Juan Manuel Campillo- lo había involucrado en la causa de las fotocopias y que para evitar problemas había que hacerle “una atención” a Stornelli.

No bien trascendieron los primeros datos de la denuncia y las medidas adoptadas por el juez; las legisladoras Carrió, Olivetto y Zuvic salieron a “blindar” las acusaciones contra Stornelli presentando escuchas ilegales de ex funcionarios kirchneristas que estando detenidos en cárceles federales habían mantenido una serie de conversaciones con amigos y allegados que para las diputados oficialistas eran pruebas de un supuesto armado de una operación contra el fiscal y la causa de los cuadernos.

En ese primer momento, lo que llamó la atención fue que Carrió y sus colaboradoras solo se habían limitado a “proteger y contrarrestar” lo que afectaba a Stornelli, pero sin atacar a D’Alessio.

En la misma línea defensiva se movió el periodista Daniel Santoro para tratar de despegarse de su comprobada vinculación con el falso abogado cuando las críticas lo comenzaron a rodear.

Una nueva denuncia del empresario Víctor Palomino Zitta -un arrepentido en la causa conocida como la «Mafia de los contenedores»- ante el juzgado de Ramos Padilla volvió a dejar en evidencia a D’Alessio y Santoro.

Palomino Zitta denunció que él también fue extorsionado por D’Alessio, quien le habría reclamado 500.000 dólares para «repartirse» con el juez de la causa Marcelo Aguinsky, un estudio jurídico y el periodista Santoro.

De inmediato, Carrió salió a apoyar a Santoro consignando que era otra operación armada por “La Cámpora, sectores de la AFI y Echegaray».

El motivo por el cual Carrió y Santoro no atacan, ni maldicen a D’Alessio estaría directamente relacionado con el accionar que tuvo el falso abogado en los equipos de trabajo de la Coalición Cívica y en una serie de denuncias contra ex funcionarios K y empresarios que no comulgan con el macrismo.

En el período que va desde fines de 2017 hasta diciembre pasado, D’Alessio -llevado de la mano de Santoro- habría participado activamente en al menos cuatro “reuniones intensas de trabajo” con Carrió y sus seguidoras, aportándoles informaciones y documentos referidos a diversos temas que eran coyunturalmente de interés y “funcionales” a la política de denuncias públicas del oficialismo.

Esas reuniones tuvieron como escenario la chacra que Carrió posee en Exaltación de la Cruz, donde se diseñan y programan sus movidas y salidas mediáticas y políticas.

Las contribuciones informativas y documentarias que D’ Alessio arrimó al equipo de Carrió se habrían focalizado en cinco temas clave, con los cuales las legisladoras de la Coalición Cívica en tandém con Santoro en el diario Clarín procedieron a instalar profusamente en la agenda mediática y política.

–Importaciones de GNL (gas natural licuado).

–Denuncias contra importadores y personal de Aduana.

–Ataque a operadores de servicios portuarios y marítimos.

–Denuncias de irregularidades contra las empresas que operan en la Hidrovía.

–Maniobras irregulares en el funcionamiento de la ex Enarsa.

Según parece, además de los correos, informes y documentos que  D’Alessio remitió a Carrió, en los teléfonos y computadoras que están en el juzgado de Ramos Padilla también habría fotos y videos de esas “reuniones intensas de trabajo” que la líder de la Coalición Cívica tendrá que salir a explicar si salen a la luz.

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