Por Jorge Luis Vitale.-

Cuando desaparece el miedo llega la justicia. Comenzarían a fijarse las fechas de indagatoria para Hebe de Bonafini y los funcionarios De Vido y cía. Causa de los Sueños Compartidos, que perdió la protección del gobierno K y el juez se anima a realizar lo que tenía que haber hecho hace 18 meses, cuando salió el fallo de la Cámara de Casación.

Fallo completo: http://www.diarioregistrado.com/upload/news/diarioregistrado/551819f6eea1a.pdf

¿Cuántos muertos más debe haber para que esta causa avance? Chaco tenía destinados más de 200 millones de pesos para viviendas, que quedaron en el camino de la corrupción. Éstos son verdaderos sueños incumplidos.

El 18 de julio murió Marcela Díaz, empleada de la fundación Sueños Compartidos, que había denunciado a punteros de Hebe de Bonafini, y en especial a Rubén Pocho Brizuela, por una serie de delitos y, además, por los delitos que específicamente se investigan en la causa, que tramita muy lentamente Martínez Di Giorgi. A esta testigo la mató una bala perdida, cuando estaba amenazada, había realizado la denuncia y no la protegieron. Y así terminó.

La causa de las construcciones de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo está parada desde hace más de 14 meses y el juez ahora sí se anima, sin que la prensa, ni la oposición, digan ni hagan nada, salvo honrosas excepciones. El resto sólo preocupaba por salvar a los K. El estado de la Justicia Federal en la Argentina llegó a lo más bajo que uno pueda imaginarse y hoy comienza avanzar. El Congreso aprobó la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y la presidenta promulgó la misma, lo que hace la plena vigencia, pretendiendo, de esta manera, encubrir los 2.000 millones de pesos que se pagaron a la Fundación y a la Universidad desde el 2004 a la fecha. Schoklender pidió el sobreseimiento en la causa, ya que corresponde acusar a los funcionarios y el juez nada hizo.

Comienza en el año 2004, cuando Néstor Kirchner, a través del Banco Nación Leasing, le hizo entrega a la Universidad y a la Fundación entre 40 y 50 millones de dólares. A esta suma se le deben agregar los 1.200 millones entregados para «Sueños Compartidos», más los subsidios y el pasivo que asumió la Nación.

El Gobierno asumió con esta estatización un pasivo de 325 millones, ya que al decir 200 millones no se computan los juicios, pero además blanquear todo el dinero utilizado con otros fines que no son precisamente la educación.

Oyarbide quería salvar a Bonafini y De Vido por la estafa de Sueños Compartidos. Por eso está bien el fallo de la Sala 1, que acumula esta causa con la que lleva Martínez Di Giorgi. Es importante que el juez actúe, porque tiene elementos suficientes, y tome su verdadero camino, donde la fundación pasa de ser damnificada a ser imputada.

En esta causa se demuestra una mecánica de corrupción en la que están involucrados varios organismos del Estado y también quienes armaron estos ilícitos.

El gobierno le entregó a la Fundación $ 1.200 millones, pero sólo terminaron una de cada cinco viviendas planificadas.

En realidad, el juez Norberto Oyarbide trató por todos los medios de imputar todos los delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y a los funcionarios responsables del Ministerio de Planeamiento. Por tal razón, es lógico prever que la acumulación a la causa principal es positiva.

A esta altura de la causa, los importantes son los funcionarios firmantes de los contratos, que autorizaron los pagos.

Porque Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los $ 450 millones que le faltan a la fundación y dónde se encuentran los 40 millones que Néstor le dio en el año 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra Miceli.

En su momento, el peritaje de la Policía Federal determinó la falta de más de $ 150 millones en la administración del programa. Sin embargo, ese faltante llegaría a $ 450 millones, ya que el Gobierno les entregó a los responsables del programa $ 1.200 millones. Pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueran entregadas 2.000 unidades.

Así las cosas, es imposible imaginar que tal cantidad de fondos se la hayan llevado Sergio Schoklender y sus hermano Pablo, sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales.

Y para arribar concretamente a esta conclusión lo que cabe es el seguimiento de la causa 6204/11, que hoy tiene paralizada y que deberá activar el juez federal Marcelo Di Giorgi. La inició el abogado Jorge Vitale por violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa Sueños Compartidos.

Los principales argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas registra sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe.

En la demanda se afirma que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que, por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.

La presentación afirma que las viviendas que construyó la fundación que lidera Bonafini son en base a “planchas de telgopor de 8 centimetros, reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”.

En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el gobierno nacional le paga a la fundación $ 210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $ 81.000 por unidad.

También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones.

Otras de las pruebas que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación.

* “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”.

* “Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”

* “Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”

Por último, se refiere a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras, cuestiones.

Al afectar directamente fondos públicos, hacen responsables al ministro del área, Julio De Vido, al jefe de Gabinete Nacional, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos”.

Por todo lo que está en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la Fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales.

Schoklender, además, dijo ante el juez que Felisa Miceli administraba la Fundación Madres, junto con Bonafini y el resto de autoridades. Un dato que la misma Miceli, en la causa donde fue condenada a cuatro años de prisión, confirmó que realizaba aquel trabajo.

Todos sabemos cómo actuó el juez Oyarbide (hoy fuera de la causa), pero no olvidemos a Di Giorgi. Porque es grave su silencio acerca del pago de $ 1.200 millones que hizo el Ejecutivo por Sueños Compartidos, a pesar que sólo se terminó de construir el 20% de la obra comprometida.

Claro que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas off-shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE y el resto de casos que son de conocimiento público.

La Cámara Federal confirmó que la causa aún no se encuentra en condiciones de ser elevada y debe pasar a la causa principal y, por lo tanto, no son suficientes las imputaciones que se les realizan a los Schoklender y a los 44 imputados, sino que faltan los funcionarios públicos. Por eso este fallo de la Cámara pone las cosas en claro y apunta adonde debe ir, es decir, investigar por qué se pago y no se construyó; además, por qué se pagaron sobreprecios. Todo esto ya lo tiene el juez al que se le derivó la causa. Pero además tiene la causa principal y sigue inmovilizada. También es importante que investigue a la empresa Meldorek S.A. y Antártida Argentina S.A. que tienen relación con empresas uruguayas, una de la cuales, P.P B Bursátil S.A., que es en la que intervino el PP español con fondos de corrupción. El juez uruguayo Valenti habría detectado estas circunstancias y, además, que esa empresa está constituida por la escribana que es la actual esposa del renunciado Moreno y con la compra de Ciccone y, si todo esto fuera poco, con la estatización les regalaron 325 millones que debía la fundación y lamentablemente lo pagamos todos.

Ver también:

* Mataron a una testigo que comprometió a Hebe de Bonafini

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