Por Jorge Luis Vitale.-

Las amenazas, los piquetes y todo lo demás son porque se acerca el momento en que pueden quedar presos Cristina, De Vido y otros.

Además de los 66 detenidos que hay en la actualidad por la corrupción K, a continuación, las nuevas declaraciones indagatorias. Por estas causas, los K tomaron las calles y van hacer todo lo impensado para no ir presos.

Julio De Vido fue citado a indagatoria por la compra de barcos de gas para el 3 de octubre. Lo resolvió el juez Claudio Bonadío. También deberán declarar Daniel Cameron, Roberto Baratta y Roberto Dromi.

El juez Claudio Bonadío citó a indagatoria a Julio De Vido, ex ministro de Planificación del kirchnerismo y diputado nacional por el Frente para la Victoria, en la causa en la que se investigan las millonarias compras barcos de gas natural licuado (GNL) entre los años 2008 y 2015.

Para intentar paliar la crisis energética, el kirchnerismo importó barcos de GNL para abastecer las plantas de Bahía Blanca y Escobar. El GNL que se descarga de los barcos en estas terminales en estado líquido es regasificado en un buque que hace las veces de planta, para luego ser inyectado a la red de distribución, que llega hasta los hogares e industrias para su consumo. Aquellas compras están bajo investigación judicial porque se sospecha que hubo negociados.

Entre el año 2008 y diciembre de 2015 llegaron a los puertos de Bahía Blanca y Escobar un total de 497 barcos con GNL. De ese total, 232 amarraron en Bahía Blanca y 265 en el puerto de Escobar. El Estado pagó miles de millones de dólares para abastecer de gas a la red.

El llamado a indagatoria de De Vido y otros ex funcionarios se produjo luego de que un peritaje contable determinara, según explicaron a Infobae fuentes judiciales, que hubo un sobreprecio que ronda los «6.900 millones de dólares». Con esa información en el expediente, Bonadío decidió la citación a indagatoria.

El magistrado recibió el resultado del peritaje contable que determinó que se pagaron precios excesivos por las millonarias compras. Cada barco -según la cantidad de GNL que transportara- tenía un valor promedio de 30 millones de dólares. El total que se pagó por los casi 500 barcos de GNL bajo investigación -según fuentes judiciales- llegó a los 15.300 millones de dólares. Y el sobreprecio detectado es 6.900 millones de dólares un equivalente a 13 millones de dólares por barco.

El juez federal Claudio Bonadío citó a declaración indagatoria a 251 empresarios del transporte público automotor, en la causa donde ya indagó al ex ministro de Planificación Julio De Vido por irregularidades y falta de control en el pago de subsidios al gasoil y ya lo procesó en esta causa.

La nueva ronda de declaraciones indagatorias comenzaron el 22 de agosto próximo, día para el que fueron citados a declarar todos los imputados de la familia Cirigliano: Mario, Sergio, Nicolás, Antonio, Vicente y José, según la resolución.

El juez dispuso diez indagatorias por día a la misma hora y abrirá con los integrantes de los directorios de las empresas de los Cirigliano, dueños de “Transporte Automotor Plaza”.

Además serán indagados “al haberse reunido elementos de prueba suficientes para configurar el estado de sospecha requerido” los integrantes de directorios de la líneas 17, 22, “Empresa de Transportes Pedro de Mendoza SA”, “Transportes Santa Fe”, “Azul SA de Transporte Automotor”, “Transportes Colegiales SACI”, “Línea de Microómnibus 47 SA”.

También de “Microómnibus Ciudad de Bs.As. SATCI”, “Empresa Antártida Argentina SAT”, “Transportes Automotores Riachuelo SA”, líneas 102, 104, “Transportes Nueve de Julio SAC”, “General Pueyrredón SATCI”, “Expreso Lomas SA”, “Microómnibus Barracas de Belgrano SA”.

Además, los directivos de “Mayo SATA”, “Nudo SA”, “Micro ómnibus Sur SAC”, “Consultores Asociados Econtrans” y “Transporte Interprovincial Rosarina SA”.

Los Cirigliano declararon el 22 de agosto y las indagatorias terminarán el 25 de septiembre.

Bonadío ordenó formar una “nueva causa” para continuar con las imputaciones dirigidas a los directores de las empresas a fin de “no entorpecer el avance de la imputación efectuada contra los funcionarios -quienes ya prestaron sus declaraciones indagatorias- por razones de “economía procesal” y fueron procesados y embargados.

De esta forma, la nueva ronda de indagatorias no demorará la resolución de las situaciones procesales de De Vido y los demás ex funcionarios que ya fueron indagados. y procesados Esta denuncia la realicé en el 2012, y la estaba investigando Ercolini, pero se la pasó a Bonadío, que comenzó a actuar, y ya declararon los funcionarios, ahora le toca a los empresarios. Se pagaba el subsidio por micros que no circulaban y mayor plata para combustibles y otros actos de corrupción. Exactamente el mismo procedimiento que para el trigo.

El juez Julián Ercolini llamó a indagatoria a Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia en la causa Hotesur S.A., donde se investiga lavado de dinero.

La expresidenta debe presentarse el 9 de noviembre, Máximo el 13 y Florencia el 15.

Hotesur es la empresa familiar dueña del hotel Alto Calafate. La medida del magistrado incluye a Lázaro Báez, dueño de Valle Mitre SRL, y a su hijo Martín Báez, empresa que administró el hotel desde 2008 a julio de 2013 y que además alquiló habitaciones que nunca utilizó.

Osvaldo Sanfelice, quien gerencia actualmente el negocio, también deberá declarar junto a otros 19 involucrados en la causa. Entre ellos se encuentra Romina Mercado, sobrina de la ex mandataria y el detenido contador Víctor Manzanares.

Ercolini, además, mantuvo la inhibición general de bienes sobre los imputados. A Florencia Kirchner, por ejemplo, la afecta en 4,6 millones de dólares. El Tribunal Oral Federal Número 4 fijó la fecha en la cual comenzará el juicio oral y público contra Amado Boudou por la causa Ciccone. Será el 3 de octubre, en medio de la campaña para las elecciones legislativas.

Según se verificó en el expediente, Nicolás Ciccone se contactó con el entonces ministro de Economía Boudou para realizar el salvataje financiero de Ciccone Calcográfica a través de un acuerdo que incluía la cesión de parte del paquete accionario de esta firma.

A estas causas deberá agregársele esta otra: El fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá la citación a indagatoria de la ex presidenta por la denuncia de Nisman de presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

La medida sería para después de las elecciones de octubre e involucrará a otros funcionarios, como el ex canciller Héctor Timerman.

A todas estas causas hay que agregarles aquellas en las que están procesados por asociación ilícita.

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