Por Guillermo Cherashny.-

Si había dudas sobre si el gobierno manejaba a través de Stornelli y Bonadío la causa de los cuadernos K, ya no queda ninguna. En efecto, en el resumen que el juez Bonadío envió al centro de información judicial de la Corte Suprema, se habla de asociación ilícita de Cristina Fernández y Julio de Vido desde 2008 al 2015, por lo cual las declaraciones de Claudio Uberti que cada concesionario vial pagaba 150.000 dólares por mes, lo que incluye a Autopistas del Sol de Franco, Gianfranco y Mariano Macri y Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la presidencia, quedarían en la nada y la familia presidencial sería amnistiada por el juez Bonadío.

En cuanto a lo que señaló Carlos Wagner que se cartelizó la obra pública desde el 2004 hasta el 2007 también integraban el directorio de IECSA nuevamente Franco, Gianfranco, Mariano y Pablo Clusellas. Es decir, sin ninguna explicación, el juez Bonadío fija un año arbitrario como es el año 2008, sobre lo cual el magistrado no tiene ningún fundamento legal y muestra una direccionamiento de la investigación al gobierno de la ex presidente y Julio de Vido y «limpia» a la familia presidencial y al secretario legal y técnico y ahora la responsabilidad recae sólo en Angelo Calcaterra, quien ya confesó aportes de campaña y se fue tranquilo a su casa. Es cierto que a Calcaterra se le viene encima la causa Odebrecht con el soterramiento del Sarmiento, donde el fiscal Franco Piccardi pidió un embargo de 54.000 millones de pesos que todavía el juez Martínez de Giorgi no lo confirmó, pero una resolución confusa del camarista Martín Irurzun parece obligarlos a ellos y a la empresa Ghella de los Macri y que actualmente tiene el 70% del soterramiento del Sarmiento. Y decimos confusa porque da la impresión de que Irurzun no le quiere dar el status de cosa juzgada al directivo de Odebrecht que inculpa en varias coimas al gobierno K a Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Franco y Mauricio Macri y desde 2007 de Angelo Calcaterra. Según el arrepentido brasileño Odebrecht pagaba la coima a través de IECSA y de ahí iba aparar a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Julio de Vido, con lo cual la obra del soterramiento del Sarmiento debería suspender inmediatamente y aplicarles graves multas a Calcaterra y Ghella y se abre la duda si Marcelo Mindlin compró IECSA o puso el nombre para salvar una obra adjudicada con sobornos.

La ley de obras públicas es del 47 pero en 1965 se aprobó un decreto de mayores costos por la inflación pero fue en el gobierno de la denominada revolución argentina cuando arrancó Yacyretá, calificada como la corrupción más grande de la historia argentina, que fue construida por Franco Macri, Impregillo, Perales Agiar, Benito Roggio, los fundadores del club de la obra pública y de su cartelización, por eso, que Bonadío fije el comienzo del saqueo en el 2008 es puramente arbitrario y puede ser tachado de nulo y en unos años en el juicio oral no se condene a nadie como cree el 90% de la opinión pública pero que usa el gobierno de Macri para intentar tapar el desastre económico y la causa de los aportes truchos de la provincia de Buenos Aires.

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