FAPLA Argentina 2015: piden normativa anti lavado de tercera generación para equilibrar eficacia y responsabilidad

FAPLA_2015

En resultados de la encuesta: disparidad de criterios de supervisores y falta de coordinación de organismos públicos; 72% de encuestados considera que las causas penales por lavado de dinero que se tramitan en Argentina se inician por una investigación de las fuerzas de seguridad y no por un ROS.

La Fundación Argentina para el estudio y análisis para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo celebró el 11 de junio su XI Encuentro Anual.

FAPLA llevó a cabo -en el Hotel Sheraton Retiro- su undécimo encuentro anual que contó con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la nación, Dr. Julio César Alak, funcionarios de la Unidad de Información Financiera, como el caso de su Vicepresidente, el Lic. Germán Saller, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación y destacados especialistas del ámbito local e internacional.

En la jornada se debatieron ideas y se realizaron análisis fácticos y regulatorios con cerca de 400 participantes vinculados a la prevención de lavado de activos en Argentina.

Durante la apertura, Marcelo Casanovas, Presidente de FAPLA, destacó el logro obtenido por la República Argentina en octubre del año pasado cuando GAFI decidió excluir al país de la Lista Gris de GAFI, sustentado en una gestión integral de los poderes del Estado Nacional (Poder Ejecutivo y Legislativo), considerando el tema como Política de Estado.

En lo relativo al estado de situación sobre el funcionamiento del sistema de prevención, tras la exclusión de la Lista Gris por parte de GAFI, Casanovas consideró que “desde una visión cuantitativa el sistema está en movimiento, tal como surge del propio Informe de Gestión 2014 de la Unidad de Información Financiera: a) 44.937 Sujetos Obligados (Art. 20 Ley 25.246 modificada por Ley 26.683) inscriptos ante la UIF, generando un flujo de información hacia dicho organismo mediante, a emisión de Reportes de Operación Sospechosa y de los distintos Reportes Sistemáticos Mensuales; b) La recepción en la UIF de 121.142 reportes de operación sospechosa (Art. 21 inc. b Ley 25.246) emitidos por los Sujetos Obligados (bancos, escribanos, agentes de Bolsa, AFIP, BCRA, entre otros); c) La realización por parte de la UIF de 154 fiscalizaciones presenciales a diversos Sujetos Obligados y 9.968 a distancia, más allá de las propias supervisiones efectuadas por el BCRA, la CNV, la SSN e INAES en la materia; d) La sustanciación de 221 Sumarios por parte de la UIF por incumplimientos normativos, habiendo aplicado sanciones pecuniarias por más de $ 265 millones; y, e) La actuación del organismo en 61 procesos penales como parte querellante”

En su opinión “el sistema comenzó a caminar pero le faltan muchos kilómetros para llegar a la meta de la eficiencia. Dicha opinión guarda relación con la percepción de los operadores del sistema al responder en la Encuesta Anual de FAPLA del año pasado donde el 95% de los asistentes perciben que NO se trabaja en forma coordinada entre los diversos eslabones de la prevención (Poder Judicial, fiscales, UIF, organismos de supervisión, sujetos obligados) para enfrentar a las organizaciones criminales. Existen escasas condenas penales por lavado de dinero, las sanciones administrativas aplicadas por la UIF -en casos de falta de reporte de operación sospechosa (la mayoría en estado de revisión judicial)- presentan situaciones que no parecerían justificar el esfuerzo de todo el sistema (persecución de “coleros” en adquisición de moneda extranjera), y en muchas situaciones se verifican altas dosis de discrecionalidad que podrían afectar principios constitucionales”.

Sobre el riesgo legal derivado del cumplimiento de la normativa antilavado, el directivo remarcó que “recae casi exclusivamente sobre el Sector Privado y no sobre el Sector Público, pese a que ambos sectores revisten el status de Sujetos Obligados al mismo cumplimiento normativo. No se tiene conocimiento de inspecciones efectuadas por la UIF ni de sanciones administrativas aplicadas en dichos ámbitos públicos (Sujetos Obligados del Sector Público: a) Organismos de Supervisión (BCRA, CNV, SSN, INAES), y, b) AFIP, Registros Públicos de Comercio, de la Propiedad Inmueble yo Automotor, entre otros).”

Finalmente, Casanovas explicó “considerando que nos acercamos a una elección que implica un nuevo mandato presidencial de 4 años dentro del marco de la democracia republicana, estima conveniente analizar la emisión de nueva normativa de tercera generación para dar mayor certidumbre jurídica al sistema, equilibrar los riesgos legales entre Sector Público y Privado, y mejorar la eficacia persiguiendo a las organizaciones criminales. De tal modo se ratificarán los actuales aspectos positivos del funcionamiento del sistema y se buscará corregir los aspectos negativos que atentan contra los objetivos señalados (EFICACIA, EQUILIBRIO, EVITAR LA SOBREACTUACION DEL SISTEMA)”.

En el transcurso del evento se expusieron las últimas novedades vinculadas a las sanciones administrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera, la actuación como querellante de dicho organismo en procesos penales, el rol de los supervisores de los Sujetos Obligados a Informar; y, dos paneles especiales, se analizó la situación actual tanto sobre corrupción como de cibercrimen (monedas virtuales) y su relación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Como todos los años -de modo interactivo- se realizó la encuesta interactiva que permite ponderar conjuntamente con los asistentes el estado de situación del sistema de prevención en la República Argentina.

El XI Encuentro fue auspiciado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

ENCUESTA ANUAL

Durante el XI Encuentro, del que participaron 400 asistentes, se realizó la Encuesta Anual FAPLA para conocer la opinión de los sujetos obligados a informar presentes acerca de la actualidad del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en nuestro país y en el mundo.

Según datos arrojados se destacan los siguientes aspectos:

El 62% afirma que ha sido supervisado por la UIF y/o por los Organismos de Supervisión (BCRA, CNV, SSN, INAES).

En el marco de una Fiscalización (UIF) o Supervisión (BCRA, INAES, SSN, CNV), el 60% de los encuestados considera que se pide más de información que la establecida en la normativa dictada por la Unidad de Información Financiera.

El 95% considera que no existe uniformidad de criterios interpretativos entre UIF, BCRA, CNV, SSN, INAES y los auditores internos o externos.

El 92% considera que no se trabaja en forma coordinada (Poder Judicial, Ministerio Público, UIF, Organismos de Supervisión, Sujetos Obligados) para enfrentar a las organizaciones criminales que lavan dinero.

El 21% de los encuestados recibió un reclamo por daño y perjuicios de su cliente por la formulación de un ROS o cierre sospecho de cuenta bancaria.

El 96% considera que hay aspectos ambiguos o de difícil interpretación en la normativa vigente

El 68% de los encuestados considera que la AFIP está en mejor posición que el BCRA para detectar una operación sospechosa.

El 72% de los encuestados considera que las causas penales por lavado de dinero que se tramitan en Argentina se inician por una investigación de las fuerzas de seguridad o instancias judiciales y no por una ROS. (CCN)

* Descargar Encuesta Completa (PDF)

 

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