Por Jorge Luis Vitale.-

Ante el hecho que es de conocimiento público sobre José López, esta causa puede aclarar perfectamente cómo funcionaba el tándem Cristina Kirchner, Julio de Vido y José López. Pero además, cumplir con la Cámara de Apelaciones y Casación, que le ordena al juez llamar a indagatoria a los funcionarios y a Hebe de Bonafini.

Esta causa es lo suficientemente clara como para dejar en claro toda la mecánica utilizada con la obra pública y las viviendas.

Esta causa es del 2011, y el juez la tiene planchada y no cumple con la orden de las Cámaras de Apelaciones.

¿Cuándo comenzarán las indagatorias en la causa de los #Sueños Compartidos”?

¿Cuántos muertos más debe haber para que esta causa avance?

Chaco tenía destinados más de 200 millones de pesos para viviendas, que quedaron en el camino de la corrupción. Estos son verdaderos sueños incumplidos.

El día 18 de julio de 2015 murió Marcela Díaz, empleada de la Fundación Sueños Compartidos, que había denunciado a punteros de Hebe de Bonafini, y en especial a Rubén Pocho Brizuela, por una serie de delitos y, además, por los delitos que específicamente se investigan en la causa que tramita muy lentamente Martínez Di Giorgi. A esta testigo la mató una bala perdida cuando estaba amenazada, había realizado la denuncia y no la protegieron. Y así terminó.

* Ver: Mataron a una testigo que comprometió a Hebe de Bonafini

Sin embargo, la causa no avanza, pese al fallo de la Cámara, que imputa a los funcionarios. ¿Qué espera este juez? ¿Más muertes o suicidios hasta que actúe? Si no está en condiciones, que deje la causa y explique los motivos.

La causa de las construcciones de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo está parada desde hace más de nueve meses y el juez sigue demorando, sin que la prensa, ni la oposición, ni digan ni hagan nada, salvo honrosas excepciones; el resto sólo se preocupó por salvar a los K. La justicia federal en la Argentina llegó a lo más bajo que uno puedan imaginarse.

El Congreso aprobó la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y la presidenta promulgó la misma, pretendiendo, de esta manera, encubrir los 2.000 millones de pesos que se pagaron a la Fundación y a la Universidad desde el 2004. Schoklender pidió el sobreseimiento en la causa, ya que correspondía acusar a los funcionarios y el juez nada hizo.

Comienza en el año 2004, cuando Néstor Kirchner, a través del Banco Nación-Leasing, le hizo entrega a la Universidad y a la Fundación de entre 40 y 50 millones de dólares. A esta suma se le deben agregar los 1.200 millones entregados para «Sueños Compartidos», más los subsidios y el pasivo que hoy asume la Nación.

Mientras esto ocurría, el juez Martínez Di Giorgi nada dijo y siguieron acusándose Schoklender con Hebe de Bonafini con hechos que son delitos, pero con esta nueva denuncia de falso testimonio pretendieron parar la verdadera causa en la que están involucrados los funcionarios

El Gobierno K asumió con esta estatización el pasivo de 325 millones, ya que al decir 200 millones no se computan los juicios, que son el resto. Pero además, blanquear todo el dinero utilizado con otros fines que no son precisamente la educación.

Oyarbide quería salvar a Bonafini y De Vido por la estafa de “Sueños Compartidos”. Por eso está bien el fallo de la Sala 1, que acumula esta causa con la que lleva Martinez Di Giorgi.

El gobierno le entregó a la Fundación $ 1.200 millones, pero sólo terminaron una de cada cinco viviendas planificadas. Pero ahora estatizada, la deuda de la Fundación, es de 325 millones.

En realidad, el Juez Norberto Oyarbide trató por todos los medios de imputar todos los delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y los funcionarios responsables del Ministerio de Planeamiento.

Por tal razón, es lógico prever que la acumulación a la causa principal es positiva. A esta altura de la causa, los importantes son los funcionarios firmantes de los contratos y que autorizaron los pagos.

Porque Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los $ 450 millones que le faltan a la Fundación y dónde se encuentran los 40 millones que Néstor le dio en el año 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra Miceli.

En su momento, el peritaje de la Policía Federal determinó la falta de más de $ 150 millones en la administración del programa. Sin embargo, ese faltante llegaría a $ 450 millones, ya que el Gobierno les entregó a los responsables del programa $1.200 millones. Pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueran entregadas 2.000 unidades.

Así las cosas, es imposible imaginar que tal cantidad de fondos la hayan llevado Sergio Schoklender y sus hermano Pablo, sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales.

Y para arribar concretamente a esta conclusión, lo que cabe es el seguimiento de la causa 6204/11 que tiene el juez federal Marcelo Di Giorgi. La inició el abogado Jorge Vitale por violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa “Sueños Compartidos”.

Los principales argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas registra sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe.

En la demanda se afirma que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.

La presentación afirma que las viviendas que construyeron la Fundación que lidera Bonafini son en base a “planchas de telgopor de 8 centímetros, reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”.

En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el gobierno nacional le paga a la Fundación $ 210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $ 81.000 por unidad.

También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones.

Otra de las pruebas que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación.

* “La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”.

* “Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”

* “Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”

Por último, se refiere a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras, cuestiones.

Al afectar directamente fondos públicos, hacen responsables al ministro del área, Julio De Vido, al jefe de Gabinete Nacional, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y, por consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos”.

Por todo lo que está en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la Fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y, por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales.

Schoklender, además, dijo ante el juez que Felisa Miceli administraba la Fundación Madres, junto con Bonafini y el resto de autoridades. Un dato que la misma Miceli, en la causa donde fue condenada a cuatro años de prisión, confirmó que realizaba aquel trabajo

Todos sabemos cómo actuo el Juez Oyarbide (hoy fuera de la causa), pero no olvidemos a Di Giorgi. Porque es grave su silencio acerca del pago de $ 1.200 millones que hizo el Ejecutivo por “Sueños Compartidos”, a pesar que sólo se terminó de construir el 20% de la obra comprometida.

Claro que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas off-shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE y el resto de casos que son de conocimiento público.

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