Por Guillermo Cherashny.-

Al discurso de Garavano y el fallo que sobreseyó a Carlos Menem la aliada Carrió tiene más motivos para desconfiar del presidente, aunque hasta ahora siempre finalmente se hizo la distraída. En efecto, todos se acuerdan cuando defendió a Francisco Macri con los Panama Papers mostrando la declaración en la televisión y por ende al presidente. Lo mismo pasó con el decreto que habilitó a los parientes de los funcionarios a blanquear los dineros que tenían en el exterior que Macri quiso introducir en la ley pero ella y Massa se opusieron y tiempo después el presidente emitió un decreto y Carrió se fue de vacaciones y a su vuelta no dijo nada y sería un tema terminado si no fuera porque Felipe Solá apeló y recién ahora está habilitado, porque Comodoro Py es rápido para citar y meter presos a los K pero muy lento cuando se trata del presidente y sus familiares, que tienen varias denuncias de negociados como los parques eólicos, el blanqueo de Gianfranco Macri de 600 millones de pesos, la venta de Autopistas del Sol después de un aumento de los peajes. Podemos citar muchos casos más donde Carrió no dijo nada sobre los probables delitos de Macri, su familia y sus amigos, porque nunca quiere hacerle el juego al peronismo rompiendo Cambiemos.

Sin embargo, Leandro Cuccioli, el nuevo mandamás de la AFIP, le tocó a su hombre: Jaime Mecikovsky, un alto directivo de AFIP que fue acusado de darle información reservada a la diputada y que además aportó pruebas contra Ricardo Echegaray para sus juicios, aunque todavía está en libertad. Pero Mecikovsky, la semana pasada, junto a su asesor, el inspector Carlos Bo, el mismo que descubrió las coimas de Skanska, que se taparon en su momento, aportaron la semana pasada que la UTE del soterramiento del Sarmiento envió en forma ilegal 5 millones de dólares a una cuenta fantasma en Andorra. La información que mandó Mecikovsky fue al juzgado federal del Dr. Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo investigar los supuestos delitos en la adjudicación del soterramiento del Sarmiento concedida a IECSA de Angelo Calcaterra, Odebrecht, la italiana Ghella, socia de IECSA y la española CONSA. El fiscal de esa causa, Franco Piccardo, pidió un embargo millonario contra Calcaterra y Ghella que el juez demora hace rato. Esa información también fue al juzgado de Claudio Bonadío por los cuadernos de Centeno, donde también está implicado Calcaterra.

Es evidente que el presidente y su gobierno no tienen ningún interés en que los ejecutivos de Odebrecht declaren e impliquen a su familia; por eso removieron de la AFIP a Mecikovsky y Bo y veremos si Carrió se hace la distraída como tantas veces lo señalamos en esta nota.

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