Por Guillermo Cherashny.-

La causa de los cuadernos demostró que existía un sistema ilegal de recaudación en distintos sectores de la economía como obras públicas, transporte, energía, peajes, etc., pero fue horriblemente instruida por el dúo Bonadío-Stornelli. En efecto, no sólo no filmaron los arrepentimientos sino que fueron los autores intelectuales de los dichos de los arrepentidos. Así fue que varios empresarios fueron amenazados con pasar de la prisión de Ezeiza o Marcos Paz, al penal de alta seguridad de Sierra Chica, y otros empresarios fueron levemente tratados como Angelo Calcaterra, el primo del presidente, quien declaró que sólo pagó para campañas electorales y nunca coimas; pero resulta que sus pagos no fueron en años electorales. Además, Calcaterra está imputado por supuestos sobornos en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra faraónica que no pudo ser terminada por su alto valor económico y fue suspendida. Esa obra fue adjudicada por un acuerdo de Ricardo Jaime y Angelo Calcaterra, el presidente de IECSA S.A., la empresa de la familia Macri, quien le propuso el negocio a Jaime y en la adjudicación se sobrefacturó la obra, que no valía más de 1000 millones de dólares pero se licitó por 1600 millones de dólares, y en el año 2013 se relicitó por 2.200 millones de dólares y nuevamente en junio de 2016 se aumentó a 3000 millones de dólares en el gobierno de Mauricio Macri favoreciendo a su primo, pero con el detalle de que lo firmó Gabriela Michetti, quien estaba a cargo de la presidencia.

El juez federal Bonadío y el fiscal Stornelli le creyeron a Calcaterra que sólo había hecho aportes de campaña y no estuvo ni una hora declarando ni fue detenido y no lo apretaron para que declarara la verdad como hicieron con cerca de 50 empresarios, lo que demuestra que al familiar directo del presidente se la hicieron fácil y a los demás ni justicia. Por esta situación, todo ese proceso que el juez envió a juicio oral podría ser declarado nulo de nulidad absoluta.

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