Por Guillermo Cherashny.-

Ante los reiterados pedidos del fiscal federal Franco Piccardi, el juez Martínez de Giorgi decidió intervenir el consorcio que construye el soterramiento del tren Sarmiento, actualmente integrado por la constructora italiana Ghella, socia de la familia Macri, y SACDE, de Marcelo Mindlin, antes IECSA de la familia Macri-Calcaterra, una obra faraónica que fue adjudicada en 2009 por 1600 millones de dólares, readjudicada en 2013 por 2.200 millones de dólares y ampliada en junio del 2016 a 3.000 millones de dólares en el gobierno macrista recién asumido pero firmado curiosamente por Gabriela Michetti, la vicepresidente, para eludir sospechas de que el presidente favorecía a su primo hermano dueño de IECSA, que meses después se vendió a Marcelo Mindlin por un precio superior, que aún no se sabe por qué el DNU lo puso en valor al aumentar el desembolso que asumió el estado, porque no logró desde el 2009 ningún financiamiento externo, por lo cual en ese junio del 2016 el presidente Macri debió cancelar la adjudicación y llamar a una nueva licitación pero decidió que lo financie el estado del presupuesto nacional, en un verdadero desatino jurídico.

Como señalamos más arriba, en 2009 Ricardo Jaime lo adjudicó a una UTE integrada por Odebrecht, IECSA, Ghella y la española Consa, y la mayoría era de IECSA-Ghella, porque obtendrían financiamiento italiano pero nunca lo lograron. En el 2013, la mayoría pasó a Odebrecht, quien conseguiría financiación del BNDES brasileño, pero por el lavajato no lo obtuvo y así llegamos al 2015, donde era obligatorio anular la adjudicación porque se hizo bajo la condición del financiamiento externo y por tanto caducaba la concesión. En la adjudicación de un acueducto en La Pampa, el gobernador Verna del peronismo concedió a la brasileña OAS, que no obtuvo financiación del exterior, anuló y llamó a nueva licitación, como tendría que hacerlo el gobierno nacional con el soterramiento del Sarmiento.

En la construcción de la represa Paraná de las Palmas de AYSA, el juez Casanello aceptó las declaraciones de arrepentidos brasileños a pedido del gobierno nacional, pero este mismo gobierno puso trabas para que declaren sobre el soterramiento del Sarmiento. Sin embargo, el descubrimiento de transferencias de Odebrecht desde el banco privado de Andorra a empresas argentinas para pagar coimas a los funcionarios del kirchnerismo para la obtención del contrato del soterramiento del Sarmiento obligaron al juez Martínez de Giorgi a intervenir el consorcio ahora integrado por la italiana Ghella y SACDE de Marcelo Mindlin, también conocido como «el Lázaro Báez» de Macri, quien además es el zar de las empresas eléctricas donde, por rara casualidad, no se detectaron coimas como en las empresas de gas o en la construcción de represas hidroeléctricas, todo muy raro, la facilidad con que Marcelo Mindlin, primo de Héctor Timerman, hizo grandes negocios con los K y con Macri y sólo una vez fue citado por la justicia y fue sobreseído. Como siempre, hay hijos y entenados.

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