Por Carlos Tórtora.-

Hace unas semanas, el juez federal Sergio Torres allanó oficinas de la petrolera Pan American Energy (PAE), propiedad de los hermanos Bulgheroni, a raíz de la denuncia de una de las hijas del fiscal federal Guillermo Marijuán acerca de que su padre recibió una amenaza de muerte. El fiscal Marijuán investiga actualmente a los Bulgheroni por el supuesto pago de coimas en el año 2007 al gobierno de los Kirchner a fin de lograr la prórroga de la concesión del yacimiento de Cerro Dragón, ubicado en Chubut. Entre los beneficiados en la maniobra, estarían el ex ministro Julio De Vido, el gobernador Mario Das Naves y otros funcionarios.

A raíz de este allanamiento, Carlos Bulgheroni, que se encontraba en el exterior, debió viajar de forma urgente a Buenos Aires el pasado miércoles 27 para ponerse al frente de la empresa y buscar cómo “zafar” de esta situación. En PAE se comenta en sus pasillos que Bulgheroni está furioso con su jefe de seguridad, el ex general del ejército Guillermo Lagier, quien habría sido el que desencadenó el allanamiento a las oficinas de PAE por estar detrás de las amenazas al fiscal Marijuán.

Según trascendió, en el allanamiento ordenado por el juez Torres se secuestraron teléfonos, computadoras y otra información que le habría brindado al juzgado datos de cómo se habría organizado el seguimiento de Marijuán en EEUU, quien viajó a recolectar pruebas para la causa “Cerro Dragón”.

Guillermo Lagier, el jefe de seguridad de PAE, prestó declaración en sede judicial y habría contado algunas cosas que sorprendieron a sus interlocutores, ya que habría reconocido sus vínculos con ex militares ligados al proceso militar, a la inteligencia militar “K” y al general César Milani. Relató sus vínculos con el ex carapintada Roberto Galeano, empleado de Electroingeniería SA, empresa muy vinculada a funcionarios K.

Galeano se hizo conocido hace un tiempo por el caso del denominado “gendarme carancho”, quien se arrojó de forma intencional sobre un vehículo en Panamericana cuyo conductor protestaba por el cierre de la empresa LEAR. El mencionado Galeano trabajaba como asesor para el Ministerio de Seguridad a cargo de Sergio Berni y se lo identificó como la persona que impartía órdenes en el operativo de gendarmería. Según algunas fuentes, Roberto Galeano trabajaba en Chubut para PAE ocupándose de lo que denominarían “control gremial”, esto es, identificar a personas problemáticas políticamente o que no fueran sumisas a la empresa y obligarlos a renunciar o acogerse a retiros voluntarios. Él no trabajaría sólo en esta tarea, ya que contaría con el apoyo del secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge «Loma» Ávila. De la declaración de Lagier surgen otros vínculos, como con el ex militar Jorge Fernández, el que es investigado por la AFIP porque habría incrementado su patrimonio 17 veces y -dicen algunos- sería un testaferro de Lagier en distintos negocios relacionados a PAE. Ambos tendrían una denuncia en la justicia realizada por un ex vice presidente de PAE que fue perseguido internamente por medio de informes tendenciosos y dieron como resultado su despido.

Otra relación de Bulgheroni que sorprendió fue la del ex teniente coronel Hugo César Espeche, detenido por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Salta cuando era capitán y a quien se le adjudican doce asesinatos de presos políticos. Espeche había huido a Europa cuando se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Pero por temor al Juez Baltasar Garzón volvió al país. En ese momento se contactó con Carlos Bulgheroni, con quien tendría algún vínculo familiar, y a través de la empresa de seguridad y limpieza ESPE SRL consiguió contratos con la petrolera PAE en Cerro Dragón (Chubut), que aún se mantienen.

De las investigaciones surgen otros vínculos de Bulgheroni con personajes del proceso militar. El caso del ex capitán Roberto Guillermo Fossa es un buen ejemplo. Fossa estuvo procesado por el secuestro y asesinato del empresario Osvaldo Sivak en 1985, pero fue sobreseído en el juicio. Trabajó para la empresa “CT Consultores”, que comandaba el ex general Alfredo Sotera, quien fue jefe del Destacamento de Inteligencia 121 y está acusado de 79 casos de secuestros y torturas y 22 homicidios durante el proceso militar. CT Consultores era una empresa que brindaba servicios exclusivamente a PAE y, cuando su titular Sotera fue detenido, pasó directamente a depender de Bulgheroni. Es por eso que el ex capitán Fossa demandó en el 2012 al propio Carlos Bulgheroni por despido, ya que no se le habría pagado indemnización. Las pruebas son públicas:

JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO Nº 30 SECRETARIA UNICA – 16/03/2012

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo nº 30, Secretaría única, sito en Tte. Gral. Perón 990, piso 4º, C.A.B.A., cita y emplaza a Carlos Alberto Bulgheroni por el término de diez (10) días, a fin de que conteste la demanda instaurada en los autos “Fossa, Roberto Guillermo c/C.T. Consultores S.R.L y Otros s/Despido, ofrezca prueba y oponga las excepciones que tuviere, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 71 de la ley 18.345, sustituido por el art. 40 de la ley 24.635 (art. 356 C.P.C.C.N). Notifíquese al Codemandado Carlos Alberto Bulgheroni por edicto conforme lo ordenado precedentemente. Buenos Aires, 7 de marzo de 2012. Beatriz Quaglia de Vivas, juez nacional del trabajo.

¿Otro Petrolao?

Hasta aquí es evidente que los Bulgheroni mantuvieron y mantienen vínculos con   personajes del proceso militar como así también se valieron de la estructura de inteligencia del ex jefe del ejército César Milani. Surgen algunas preguntas: ¿Para qué habrá contratado Bulgheroni a un ex militar involucrado en el secuestro de Sivak? ¿Qué servicios obtenía de ex represores? ¿Acaso aplicaría los mismos métodos? Lo que es evidente es que todo este entramado de ex militares siempre conduce al jefe de seguridad de PAE, el ex general Guillermo Lagier. Es por eso que Carlos Bulgheroni lo culpa directamente por todo lo que trascendió. Se comenta en la empresa que luego del allanamiento Lagier sufrió una crisis que obligó a su internación. Pero más que a Bulgheroni, las causas de sus problemas de salud se deben a su cuñado Gustavo Benvenuto dueño de la constructora “Desarrollo y Construcción SA”, esta empresa la posee en sociedad con Carlos Liuzzi, el ex segundo de la secretaría Legal y Técnica que comandaba Carlos Zannini, aunque no sería la única empresa que los vincula. Benvenuto lo culparía a Lagier por haber expuesto públicamente a Liuzzi/Zannini nuevamente y mostrar los entramados societarios que existen y como determinadas empresas fueron beneficiadas por el estado nacional. Algunas fuentes dicen que Carlos Zannini realizó el viaje a EEUU donde fue “escrachado” en el avión, para arreglar algunos papeles y mover fondos que lo comprometerían. Zannini se habría alojado en su estadía en Miami en el complejo Continuum, localizado en South Beach, propiedad aparente de Benvenuto y adonde Lagier suele concurrir en sus viajes a Miami.

En el ámbito de inteligencia local, se menciona que Lagier ante toda esta situación habría realizado varias reuniones con gente cercana a César Milani para solicitar ayuda. Principalmente para frenar a varios personajes de inteligencia militar vinculados a Milani a los cuales les debe dinero por “servicios” que se prestaron y nunca fueron pagados. Otro de los involucrados en este tema, según las mismas fuentes es el jefe de seguridad de AXION ENERGY José Palleja, quien trabajaría a la par de Lagier y mucho del entramado lo involucraría, ya que en la justicia se investiga a la empresa GIF CONSULTORES por violar la Ley de Habeas Data y fue contratada por ambos.

Asimismo, también se menciona que alguien vinculado a la inteligencia de una fuerza (gendarmería, ejército, etc.) o de la AFI, tendría filmaciones tomadas de cámaras de seguridad cercanas a la casa de Carlos Bulgheroni en Recoleta y en donde se vería más de una vez a Julio De Vido ingresar en la casa. Estas visitas son coincidentes en el tiempo con la negociación de Cerro Dragón y con el armado del programa “Petróleo Plus”. Se menciona que dichas filmaciones podrían llegar a manos de Elisa Carrió, que está investigando el tema y fue denunciante de la causa por las coimas en Cerro Dragón.

La causa de corrupción en Petrobras Brasil llamada «Petrolao» fue abierta en 2014 como un proceso de relativo impacto hasta alcanzar su punto más alto hoy con el interrogatorio obligatorio del ex presidente Lula da Silva, un hecho destinado a repercutir en el gobierno de su correligionaria, la mandataria Dilma Rousseff. Podemos suponer que todo este entramado se puede parecer y terminará conduciendo a la justicia a funcionarios K y a su cabeza, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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