Por Guillermo Cherashny.-

Terminada la feria judicial, en el mes de febrero los jueces federales están dispuestos a actuar. En primer lugar, el juez federal Claudio Bonadío estaría dispuesto a pedir la declaración indagatoria a Aníbal Fernández por la causa FIFA, por la que ya está detenido José Luis Meiszner, ex presidente de Quilmes y socio del ex jefe de gabinete en muchos negociados, entre ellos el Fútbol para Todos, donde Fernández y Julio Grondona se vieron implicados junto con Meiszner por las declaraciones de Burzaco «el malo», es decir, el hermano del Secretario de Seguridad, más conocido como «el bueno». Por su parte, la jueza federal María Servini de Cubría, que recibe la causa del triple crimen de General Rodríguez más la causa de la efedrina, quizás empiece por los hermanos Zacarías y de ahí a lo más alto del poder, pero no avanzaría todavía contra Aníbal Fernández.

El juez Ariel Lijo dictaría la prisión preventiva de Amado Boudou por peligro de fuga y otro juez haría lo mismo con Ricardo Jaime, otro candidatazo a terminar en la cárcel.

Aunque la ley del arrepentido no se aprobó, Ricardo Echegaray, el jefe de la Auditoría General de la Nación, estaría dando mucha información sobre los tres personajes citados anteriormente y sobre Cristina Fernández de Kirchner y su situación impositiva.

En cuanto a la ex presidente, no habría novedades en el mes de marzo, porque el juez Rafecas se quiere sacar la causa de encima y mandarla a Santa Cruz, pero los camaristas Jorge Ballesteros, Eduardo Freiler y Eduardo Farah -especialmente los dos primeros- son temerosos de la reacción de la opinión pública y no se deciden a cometer ese escándalo político-judicial. Pero la situación de CFK marcharía lenta para no convertirla en una víctima, ya que se esperaría su evolución política -actualmente en descenso por la ruptura del FpV en diputados y senadores- y también se aguarda la sanción no sólo de la Ley del Arrepentido sino de la Ley de Extinción de dominio, porque la idea sería procesarla dentro de unos meses y que quede en libertad pero embargarle los hoteles de Santa Cruz en la investigación de lavado de dinero que se le sigue en varios juzgados federales.

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