Por Guillermo Cherashny.-

La jueza que reemplazó a Sergio Moro en la causa Odebrecht decomisó los fondos que la constructora tenía en el Meinl Bank de las islas Antigua y Barbuda y que estaban destinadas a pagar coimas en la Argentina para la construcción del soterramiento del Sarmiento y la planta potabilizadora de AYSA. Esos pagos de Odebrecht estaban dirigidos a funcionarios del kirchnerismo pero eran transferidos a las compañías locales que formaban la unión transitoria de empresas para construir esas obras públicas. En el caso del soterramiento del Sarmiento, fueron dirigidas a Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Franco y Mauricio Macri y luego de Angelo Calcaterra, si en verdad le transfirieron IECSA.

Hace quince días aparecieron pruebas de que un banco de Andorra transfirió fondos de Odebrecht a la empresa IECSA pero el juez federal Martínez de Giorgi, en un actitud insólita, se declaró incompetente, alegando que, como IECSA disfrazó una evasión impositiva, lo derivó al fuero penal económico. Martínez de Giorgi tiene a su cargo la investigación sobre las coimas en el soterramiento del Sarmiento pero hasta ahora guarda el expediente en el cajón. Si este juez leyera la nota de Hugo Alconada Mon en La Nación y la cruzara con la causa del Correo al sólo efecto de saber cómo actúa el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, descubriría que ese banco, propiedad de Odebrecht, es el principal acreedor del grupo Macri en la convocatoria de esa empresa y el que aprobó el acuerdo leonino que saltó a la luz por la actuación de la fiscal comercial Graciela Boquín.

Así las cosas, si Martínez de Giorgi actuara de acuerdo a derecho, concluiría que en el soterramiento hubo coimas de Odebrecht y que los pagos a los K los hizo la familia Macri.

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