Por Guillermo Cherashny.-

El jueves se desclasifican las grabaciones de los ejecutivos arrepentidos de Odebrecht que se acogieron a la delación premiada y a quienes recibiría la Dra. Gils Carbó, la procuradora general, a la cual el gobierno acusó que sólo quiere incriminar a la familia Macri y sus amigos y pretende que la reciban Garavano y Laura Alonso, de la OA, a la cual los cristinistas acusan de ser parcial y de querer involucrar solamente a los funcionarios K.

En realidad, cuando se habla de sobornos de funcionarios desde 2004 a 2015, obviamente se refiere a los que revistaron en el kirchnerismo. Pero como las dos grandes obras cuestionadas son el soterramiento del Sarmiento y la planta potabilizadora del Paraná de las Palmas, que licitó la empresa Aysa, y en soterramiento la UTE estaba conformada además de Odebrecht por IECSA de Calcaterra, el primo del presidente, y su socia, la italiana Guella, está claro que si la obra se concedió con sobreprecios todos los socios de la UTE están salpicados por corrupción, ya que si hay sobreprecios hay coimas y altas ganancias para la empresas. En el caso de la planta potabilizadora, se asociaron con la constructora brasileña las locales Roggio, Esucco y BTU. También estarían implicados, aparte de funcionarios y empresarios, los intermediarios como Vázquez, Dromi, Baratta y Arribas, como denunciaría el cambista Meirelles, que anuncio que el jueves enviará pruebas de las transferencias a favor del jefe de la AFI.

Como se ve, es un escándalo político-judicial de proporciones que pueden oscurecer la campaña electoral, ya que complica al PRO y al FPV y demuestra que eso espacios políticos fueron socios en la sobrefacturación de las obras públicas, lo que complica a dos de las más importantes fuerzas políticas y deja afuera a la UCR, CC, FR y GEN, que se podrían beneficiar con los infortunios de los que fueron y son gobierno.

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