Por Carlos Tórtora.-

Rol de empresario del juego y funcionario de la Lotería Provincial

En el transcurso del año 2013, la Justicia revocó el sobreseimiento de un ex hombre fuerte del sciolismo: Luis Peluso, quien fue interventor de la Lotería de la provincia. Está acusado de integrar una mesa de dinero oculta que funcionaba en la década del 90 en uno de los barcos casino, para prestar plata a apostadores. Le imputan no haber pagado impuestos.

La decisión judicial fue de la Cámara de Casación Penal, que ordenó seguir adelante con la investigación contra el ex funcionario, que dejó su cargo en 2009, cuando se hizo pública la pesquisa.

El fallo, que revoca el sobreseimiento de Peluso, fue dictado por los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación, Eduardo Riggi, Mariano Borinsky y Liliana Catucci.

Los magistrados dieron marcha atrás con una decisión de la Sala A en lo Penal Económico, que confirmaba un fallo de primera instancia anterior.

La causa prosperó a instancias del fiscal Ricardo Weschler y del querellante Rubén José Curdi, quien denunció supuestas actividades de Peluso en el barco Estrella de la Fortuna, donde prestaba dinero a apostadores.

Curdi, que dijo haber trabajado en esa supuesta mesa de dinero, se mostró activo en la causa como querellante. Según le dijo Curdi al diario Perfil en 2009, Peluso habría prestado 14 millones de dólares en seis meses.

El querellante aportó 157 planillas donde dejó asentado los millones de pesos/dólares que prestaron a jugadores del casino.

En esta causa, Peluso está siendo investigado por la imputación de Curdi de omitir declarar ante la AFIP las ganancias de su participación en una sociedad de hecho que se mantuvo entre 1999 y 2000, que «brindaba asistencia financiera» a los jugadores del barco casino, según el fallo de Casación.

Esas maniobras, de comprobarse, podrían constituir el delito de evasión fiscal, dijo el tribunal.

La Justicia, al comienzo de la investigación, le pidió a la AFIP que averiguara sobre esta sociedad de hecho, pero el organismo concluyó que «no surgen elementos que permitan establecer la existencia de la sociedad de hecho denunciada, ni el acaecimiento de hecho imponible alguno, ni indicios que permitan cuantificar una presunta evasión fiscal».

Pero los jueces de la Casación señalaron que lo que se investiga es si existió «una maniobra para que una sociedad de hecho denominada Casino Flotante ocultara en diversos períodos fiscales sumas millonarias de ganancias producidas como consecuencia de la actividad financiera marginal, llevada adelante en esa sede».

Por eso entendieron los jueces que no se hicieron todas las medidas conducentes a verificar la existencia y el monto del hecho y, en razón de ello, «no es posible descartar la hipótesis delictiva».

Rubén Curdi dijo que sus actividades se hacían a la vista de la Lotería y que el negocio de los préstamos no era atractivo por el interés que pagaban los apostadores, que era ínfimo, sino que «la ganancia extraordinaria estaba en el 12,5% de lo que perdía cada jugador, que el barco le pagaba a Peluso y los socios».

Ahora bien, ese mismo expediente tuvo un trámite zigzagueante y muy sugestivo; el juez de primera instancia -López Biscayart-, la Cámara Penal Económico y la propia Casación “ se dieron cuenta” luego de cinco años de trámite procesal que “el hecho estaba prescripto desde el inicio mismo del trámite”.

Sobreviene entonces la pregunta del millón: ¿puede aceptarse alegremente que tres instancias judiciales no hayan advertido que desde el mismo arranque del expediente el caso estaba prescripto?.

Esto le da un tono de mayúsculo escándalo al caso, cuando el mismo asunto está por definirse ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se recuerda que el Alto Tribunal acaba de revocar otra “prescripción”; se trata del valijero venezolano Guido Antonini Wilson quien en agosto del año 2007 fue interceptado en el Aeroparque Metropolitano en un vuelo privado de “Royal Class” (Pablo Yabrán) procedente de Caracas encontrándose en su valija la módica cantidad de U$S 800.000; en ese mismo vuelo -entre otros- viajaba junto con el valijero venezolano el ex titular del ONCOVI Claudio Uberti. Y mucho se hubo hablado acerca del circuito comercial clandestino que unió Buenos Aires con Caracas en pleno esplendor del eje kirchnerista-chavista.

El titular de la Corte -Ricardo Lorenzetti- no se cansa de decir desde el atril público que “es política de Estado de esta Corte terminar con la impunidad”; ahora será cuestión de ver si esa promesa tiene lugar en el circuito de los empresarios que explotan la actividad relacionada al juego; hasta ahora ningún empresario del rubro apuestas ha sido procesado ni tampoco condenado por actividades lúdicas.

El caso de Peluso lo muestra de los dos lados del mostrador; desde por lo menos 1999 hasta el 2005 formando parte de la sociedad de hecho que explotó la mesa de dinero clandestina en el Casino Flotante; luego como funcionario de la Lotería Provincial y hombre fuerte del ex gobernador Daniel Scioli.

Y la reciente denuncia de la Diputada Nacional -Elisa Carrió- contra la gestión del propio Scioli (Aguas Bonaerenses, Lotería Provincial, Puerto de la Plata, IOMA, Jefatura de Gabinete bonaerense), vuelve a poner a Luis “Chiche” Peluso en el centro de la escena; pero esta vez mostrándolo de los dos lados del mostrador.

Es cuestión ahora de esperar si las rimbombantes promesas del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se traducirán en demostraciones concretas o si todo quedará relegado a una simple retórica discursiva mientras la misma doctora Carrió tiene en puerta un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, respecto de quien ya hubo efectuado denuncias públicas por corrupción incluyendo en ese mismo esquema al Secretario Letrado del Alto Tribunal, doctor Marchi.

Share