Preparativos para la persecución judicial de Macri

Por Carlos Tórtora.-

La campaña electoral -que técnicamente todavía no empezó- mantiene casi paralizado al Congreso. Pero uno de los pocos temas que algo se conversaron en el bloque kirchnerista es el encauzamiento futuro de las denuncias por corrupción contra el macrismo. En general hay consenso en que las investigaciones se deben dividir en dos grandes grupos. Las que se refieren a hechos penales individuales deberían seguir exclusivamente en manos de la justicia federal. Pero los supuestos ilícitos que se realizaron como consecuencia de las políticas del gobierno macrista deberían quedar comprendidas también por una comisión bicameral nueva o alguna de las ya existentes y que funcionan a media máquina.

La Cámara Federal avaló la investigación judicial que lleva adelante el juez Ariel Lijo y que más preocupa a la gestión de Mauricio Macri. Se trata de la causa por el acuerdo presuntamente espurio entre la empresa de la familia del Presidente y el Estado Nacional para condonar la deuda concursada del Correo Argentino.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia rechazaron los pedidos de nulidad que habían hecho tanto los directivos de Correo como el actual ministro de Defensa y exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El Presidente está imputado en esta causa, pero nunca se lo citó a declarar. Esta decisión de la Cámara se conoció después de la derrota electoral que sufrió el oficialismo en las PASO. Si bien el Correo es la causa más avanzada, no es la más importante por su volumen económico y se avizora un grupo de expedientes que están en los inicios de la etapa instructoria.

La mayor parte de las denuncias penales tienen como autor al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que es quien lleva la iniciativa ante los tribunales federales. En materia energética, por ejemplo, está la investigación por la compra-venta de seis parques eólicos por parte de las empresas de la familia de Mauricio Macri, que suma nuevas medidas en torno a la ruta del dinero y a supuestos favoritismos del Ejecutivo.

En este caso se investiga si el Ejecutivo favoreció a las empresas de los Macri para que se quedaran con seis contratos sin pasar por licitación pública y poco después les permitieran revenderlos por una suma casi cuatro veces mayor, como reveló en enero de 2018. El programa Renovar, ejecutado por la Secretaría de Energía, le aseguraba al titular de cada contrato una rentabilidad del 10 por ciento, con lo cual el riesgo empresario desaparecía y el verdadero negocio fue quedarse con contratos para venderlos sin haber hecho desarrollo alguno. La sociedad formada por SIDECO, Juan Srodek y, entre otros socios, el jugador Hugo Tévez, fue una de las más activas, ganando también la concesión de la central térmica de Pilar.

Otra cuestión que dará que hablar es la gestión del mayor fondo del país, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES a la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó a mediados del mes pasado y por unanimidad un informe lapidario sobre el manejo que se hizo durante 2016 del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que debe funcionar como un colchón o reaseguro del sistema jubilatorio. El análisis advierte sobre existencia de posibles incompatibilidades del ex secretario de Finanzas, Luis Caputo -quien casualmente reapareció esta semana para decir que en Argentina manda el FMI- y del empresario Luis María Blaquier, ambos integrantes del órgano directivo del FGS y a la vez vinculados con empresas y fondos de inversión que intervinieron en diversas operaciones que podrían haber perjudicado al Estado. Entre las firmas beneficiarias aparecen Cablevisión, Arcor, Pampa Energía y un grupo de fondos como Axis Ahorro Plus. Algunos aspectos de estos planteos ya habían sido judicializados, con denuncias incluso contra el titular de la Anses, Emilio Basabilbaso.

El FGS se compone de acciones de empresas, dinero, plazos fijos y títulos públicos y realiza inversiones. Funciona como un resguardo del sistema previsional. Fue creado en 2007 con el objetivo de atenuar el impacto financiero que pudieran tener las variables económicas sobre el régimen jubilatorio y a modo de fondo de reserva. Inicialmente se nutrió de recursos de las AFJP. Estaba pensado para una inversión apropiada de excedentes del régimen previsional y atender a la vez a sus posibles insuficiencias. Una modificación de 2016 habilitó la posibilidad de que se utilizaran los recursos del FGS para cumplir con los acuerdos del Programa Nacional de Reparación Histórica, por el cual se ofrecía un ajuste limitada a los jubilados y pensionados a cambio de que desistieran de los juicios contra el Estado. Lo que revela el informe de la AGN -que está integrado por siete auditores de las principales fuerzas políticas, aunque lo encabeza el opositor peronista Oscar Lamberto- es que desde tiempo antes de la llegada de Mauricio Macri al gobierno, hubo quienes integraban empresas y fondos de inversión que habrían preparado el terreno con antelación para hacer negocios con el FGS. Aunque dejaran las firmas a las que pertenecían para pasar al Estado, habrían generado las condiciones para determinadas operaciones que luego ellos mismos se encargaron de instrumentar como funcionarios públicos.

Algunos de los casos analizados habían sido denunciados también por el fiscal Gabriel De Vedia, quien estuvo al frente de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES) y fue desplazado durante la gestión del actual procurador interino, Eduardo Casal. Todos los integrantes del Colegio de Auditores firmaron el informe. Ellos son: Lamberto, Alejandro Nieva, Juan Ignacio Forlón, Jesús Rodríguez, María Graciela de la Rosa, Javier Fernández y Gabriel Mihura Estrada.

Uno de los puntos analizados indica que el FGS podía comprar, y lo hacía, LEBACs (Letras del Banco Central). La ventaja es que tratándose de la ANSES no pagaba comisiones. El problema fue que la compra se hizo a través de operación tercerizada por medio de la cual se pagaron comisiones a fondos de inversión, en los que el FGS tenía participación. Pero el pago era innecesario. Esos fondos son Axis Ahorro Plus, Gainvest Renta Fija, Megainver Renta Fija y Superfondo Equilibrado. “Dicha decisión de inversión no sólo genera comisiones que podrían haberse evitado al invertir en forma directa con el Banco Central de la República Argentina sino que, además, restringe la liquidez otorgada por los FCI (fondos comunes de inversión)”, dice la Auditoría. A todo eso se suman detalles tales como que Caputo había sido director y presidente de Axis hasta diciembre de 2015, y luego se sumó al gobierno de Macri. Tiempo antes de dejar Axis había motorizados gestiones junto con Carlos Planas ante la Comisión Nacional de Valores que allanarían el camino a las operaciones con el FGS. Planas quedó luego en el fondo de inversión.

Como secretario de Finanzas, Caputo integró el comité ejecutivo del FGS. Es decir, tenía poder de decisión allí. La AGN dice que sobre su permanencia en Axis al menos hasta septiembre de 2015, “no se ha obtenido ninguna comunicación” que “aclare” esa “circunstancia”, que podría implicar un “conflicto de intereses incumpliendo los artículos 13 y 15” de la Ley de Ética Pública y un choque con los “Principios de Seguridad y Rentabilidad de las Inversiones con Activos del FGS”.

Energía y transporte

La lista de casos nos lleva también a otro denunciado por Tailhade, el del traspaso de EDENOR y EDESUR a la órbita de la provincia de Buenos Aires en el cual 7000 millones de pesos correspondientes a multas fueron traspasados a ambas empresas. El mismo diputado promueve que se investigue lo actuado en Autopistas del Sol en las cuales el grupo Macri se hizo cargo de la concesión que se valorizó gracias a los sucesivos aumentos de peajes, lo que les permitió vender la misma en condiciones óptimas.

Las centrales térmicas Ensenada Barragán y Brigadier López en Santa Fe también se suman a la nómina. Allí el estado nacional le pago 100 millones de dólares a IECSA por distintos reclamos para luego dejarla fuera del emprendimiento por diversas irregularidades. Los dos ingenieros jefes de obra de IECSA fueron inmediatamente contratados por el estado para continuar el proyecto. Por ultimo -y esto no agota el listado- la licitación del puerto de Buenos Aires es una caja de sorpresas, ya que el gobierno la adjudicaría a toda máquina el 9 de diciembre, un día antes de dejar el poder. El verdadero plan sería el Puerto Madero Dos, que ocuparía el espacio del puerto, y éste se iría trasladando a dos islas a construirse a pocos metros de del mismo. Se trata potencialmente del mayor negocio inmobiliario del país.