Por Rodolfo Patricio Florido.-

Un poco en broma, un poco en serio, ésa dicen que fue la expresión de algún subordinado cuando empezó a trascender que; indirectamente, el escándalo de la ruta del dinero K en lo referente al material rodante secuestrado a Lázaro Báez estaba comenzando a trascender al ámbito militar y político interno hacia el interior de la Alianza “Cambiemos”. Algunos hablan de negocios, otros dicen no querer usar el material sin una partida presupuestaria extra. Pero lo que más abunda es la sospecha de que usar el material implicaría dejar de disponer excedentes de combustible que podrían encontrar mejor destino para algún enriquecimiento ilícito.

¿Por qué? Porque algunos proyectos hacia el interior del Gobierno están viendo de qué manera disponer de esas máquinas en acciones sociales de construcción y reparación de áreas del país que se encuentran sumamente afectadas por desastres naturales especialmente aquellos relacionados con el agua.

Como todos saben, es, más allá de las voluntades políticas, la Justicia la que finalmente determinará si se puede utilizar ese material rodante. Retroexcavadoras, topadoras, tractores, buldóceres, máquinas para nivelar terrenos y muchas camionetas 4×4, están hoy arrumbándose y sufriendo una suerte de canibalismo pseudo salarial.

Como no son pocos los cientos de empleados que se han quedado desocupados y que tampoco han sido despedidos e indemnizados de las variadas empresas de Báez, algunos -señalan diversas fuentes- se estarían cobrando con la venta de partes de un material secuestrado pero que continúa expuesto y sin custodia eficiente. Solo para ejemplificar se señala que una sola cubierta de cualquier retroexcavadora puede valer, dependiendo del tipo de material, entre 4 mil y 15 mil pesos.

Así, señalan que; de los aproximadamente 1200 tipos de vehículos y maquinarias de Lázaro Báez, ya estarían sin posibilidad de ser operados entre 500 y 600 porque entre el abandono y la “desaparición” de partes, no están en condiciones de ser usados. O sea, en solo 6 meses, la mitad o casi la mitad, no pueden ni siquiera venderse como usados en condiciones de uso inmediato. No hay que ser muy despiertos para hacer un cálculo básico y proyectar que en los próximos 6 meses no quedaría ninguno sin, como se dicen en la jerga, ser canibalizado.

En el contexto de esta situación y de algunos proyectos que danzan sobre cómo utilizar positivamente el material, se va extendiendo un rumor que llega desde tres sectores diferentes del poder. El militar propiamente dicho, el político dentro del Gabinete del Presidente y la mismísima Justicia. El rumor coincidente es que la máxima autoridad militar o algún área hacia el interior del Ejército, estaría aprovechando algunos contactos con sectores judiciales para que no autoricen que parte o el total de material rodante secuestrado a Lázaro Báez vaya al Ejército para ser usado en acción social y civil reparadora de desastres. Entendió bien. No estarían usando los contactos para acelerar y disponer del material para ayudar en las zonas de desastre sino por el contrario para que no se los den.

Obviamente la pregunta vuelve a imponerse… ¿Por qué? La respuesta se encontraría, según algunas internas políticas, judiciales y militares. En que habría un importante excedente de combustible mensual que; lejos de disponerlo para el uso militar más intenso de la preparación y disposición de las tropas, podría encontrar otro destino comercial relacionado con estaciones de servicio de bandera o sea aquellas que son independientes y que no están integradas con operadores petroleros, ni están vinculadas con éstos. Sobre este particular cabe recordar que no son pocos los datos de adulteración de números que luego permitirán ocultar los ilícitos en la comercialización. Ver, sólo a modo de ejemplo, lo indicado en solo una de las páginas del INTI: http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc54/inti5.php

Si bien todo pareciera recaer en el plano militar interno, comienza ya a trascender alguna repercusión en el plano político y esta repercusión roza al ex Secretario de Provincias de Fernando de la Rúa, el político radical puntano Walter Ceballos, que desde que en la Alianza Cambiemos se le dio al radicalismo el Ministerio de Defensa, este dirigente recaló en el cargo de “Secretario de Planificación, Logística y Coordinación de la Asistencia Militar para la Emergencia”. Obviamente su sola pertenencia al cargo no implica que conozca o tenga algo que ver en esta presunta o sospechada maniobra. Lo que sucede es que la política tiene a veces cierta memoria selectiva y no son pocos los que recuerdan lo oportunamente publicado en la web “Periodistas en la Red” en donde se señala que (http://www.periodistasenlared.info/agosto08-20/nota6.html) cosechó numerosas denuncias por presuntos cobros de retornos y compras de voluntades políticas a través del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (A.T.N.), de los cuales eran beneficiarias algunas provincias cuyos gobernantes se prestaban a los intereses del gobierno nacional, y en otros casos -como sucedió en la provincia de San Luis- eran usados abiertamente para financiar municipios que confrontaban políticamente contra el gobierno provincial.

En esa misma web, obviamente relacionada con denuncias realizadas por peronistas ligados los hermanos Rodríguez Saa, señalan… “Tampoco los peronistas de San Luis podemos olvidar el escándalo de la BANELCO en el Senado de la Nación cuando se producía el tratamiento de la Ley de Reforma Laboral, y las reveladoras denuncias del gremialista Hugo Moyano contra Walter Ceballos por el ofrecimiento de tres millones de pesos a cambio de levantar un protesta en Plaza de Mayo”

Mas tarde, en agosto del 2014 en otra publicación, en este caso… http://edicionabierta.com.ar/index.php/provinciales/2508-qdwfv afirma el diputado José Giraudo que… “Es inminente la presentación de una denuncia penal para Walter Ceballos. Negocios incompatibles con la función pública” Art. 265 Código Penal”. La presunta acusación, señala que Ceballos desarrollaba negocios privados con el Estado Provincial siendo que por su carácter de legislador esta práctica estaría prohibida… «Negocios incompatibles con la función pública” Art 265 Código Penal, Además de las prohibiciones que establece la constitución.

Con no poca ironía una de las fuentes nos señaló… “que lejos pareciera haber quedado aquella frase de Ceballos cuando participó de la segunda reunión del Gabinete de Emergencia del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), cuando afirmó… «Desde el Ministerio de Defensa contamos con un recurso humano de alta especialización para que los argentinos tengamos menos impactos negativos de los fenómenos climáticos»… «Estamos diseñando una política de Gestión de Riesgo con pronósticos anticipados, donde la descentralización de los recursos humanos esté más cerca para prevenir»… «La mejor manera de atender la emergencia es prevenir los impactos físicos, económicos, materiales de los fenómenos climáticos que tendrán más recurrencia y dimensiones. Obtener una mayor eficiencia en la asistencia de la Emergencia, ese es nuestro objetivo», concluyó Ceballos.

En cualquier caso, el tema está empezando a extenderse y deberá ser la política primero o la justicia antes o después la que investigue y dictamine si todos estos rumores, fácilmente verificables por cierto, tienen asidero real o bien es un exceso de celo por temor a recibir material muy caro sin las partidas correspondientes para su mantenimiento y/o reparaciones que pudieran eventualmente necesitar. Claro que esto último parece poco probable sobre todo si se tiene en cuenta que el material se está muriendo a la intemperie casi como una obra de arte de la corrupción en proceso de oxidación.

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