Por Antonio Rossi.-

Una marcada preocupación quedó planteada entre las navieras locales por la movida de los ministros de Energía, Juan José Aranguren y de Transporte, Guillermo Dietrich, que favoreció el desembarco del gigante marítimo danés Maersk en el negocio de los remolcadores.

En medio de fuertes sospechas y denuncias de irregularidades, la estatal Enarsa le adjudicó a Maersk y la local Logística y Servicios Marítimos (LSM) de la familia Samarín un contrato de 50 millones dólares anuales por el servicio de remolque de los barcos de GNL que arriban a los puertos de Bahía Blanca y Escobar.

La empresa Transona -que había quedado relegada al segundo lugar por una diferencia de precios de 8%- denunció en el Juzgado Civil y Comercial Federal Número 7 a cargo de Bibiana Adriana Pérez el direccionamiento de la licitación y la existencia tres aspectos clave de la oferta de Maersk que no se ajustaron al pliego y que los funcionarios de Enarsa dejaron pasar avalados por con el aval de Aranguren y Dietrich.

• La propuesta y la rebaja tarifaria de Maersk y LSM estuvo condicionada a dos variantes que no estaban contempladas en el pliego: un contrato por 24 meses y la doble operación de los puertos de Bahía Blanca y Escobar.

• Los trece remolcadores ofrecidos por Maersk no estaban matriculados en la Prefectura Naval al momento de presentación de la oferta, tal como exigían las bases y condiciones de la licitación.

• Si bien LSMSA es una empresa nacional, lo que ofrece para remolque son unidades extranjeras que no se encuentran inscriptas legalmente y no se ajustan a las reglas del Compre Argentino y a la ley de cabotaje que prioriza a las embarcaciones locales.

Además de la movida de Transona, la cuestionada licitación de los remolcadores arrastra otra denuncia de irregularidades y pago de sobrecostos marítimos y portuarios afrontados por Enarsa.

En una presentación conjunta, la Cámara de Lanchas de Prácticos, la Cámara de Practicaje y Pilotaje, la Cámara Santafecina de la Industria Naval y la Mesa de Unión Naviera denunciaron que Enarsa mantiene la estructura de los sobrecostos portuarios y marítimos de los barcos de GNL que sido había diseñada durante la administración kirchnerista por la agencia marítima Meridian que también pertenece a la familia Samarín.

Además de consignar que se siguen contratando más remolcadores de los necesarios, las entidades advirtieron que la agencia de Samarin nunca le habría trasladado a Enarsa -que era la que pagaba todos los gastos- las bonificaciones del orden de 150.000 dólares que obtenía de las empresas de remolque y practicaje por cada barco de GNL que ingresó al país en los últimos años.

Meridian está involucrada en la causa en que fue procesado el ex titular del SOMU, Omar “Caballo” Suárez por maniobras fraudulentas, lavado de dinero y desvío de fondos de la entidad gremial.

Según las pruebas reunidas en la causa contra Suárez que lleva adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, Meridian -actuando por cuenta y orden de Enarsa- desvió el pago de una factura de casi 2 millones de dólares por cursos de capacitación que debía ir para la Fundación Azul del gremio a la pesquera privada San Jorge Marítima que tiene entre sus dueños al ex líder del SOMU.

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