Por Guillermo Cherashny.-

Las revelaciones de la policía federal brasileña sobre cinco mails en donde IECSA y Odebrecht aparecen en los intercambios efectuando pagos de los brasileños a la empresa de los Macri-Calcaterra por 20 millones de dólares arrojan dos nombres claves: Javier Sánchez Caballero, por el grupo Macri, que trabaja en ese conglomerado desde 1980, y Mauricio Couri Ribeiro, de Odebrecht, en junio del 2010.

Haciendo un poco de historia, el soterramiento del Sarmiento, que es la obra pública por lo cual se pagaron estos sobornos, fue un proyecto ideado por dos macristas en 2005 y se trata de Juan Pablo Schiavi, jefe de campaña de Macri jefe de CABA 2003 y Daniel Chaín, ex secretario de obras de la Nación hasta diciembre del 2016 y ministro de obras públicas de CABA del 2007 al 2015.

Chaín y Chivi tenían en 2005 una consultora en la calle Tres Sargentos entre Reconquista y San Martín y en esa oficina se reunieron con el hoy condenado Claudio Cirigliano, dueño de Trenes de Buenos Aires, Automotores Plaza, para ampliar el Tren Sarmiento en forma subterránea con una tuneladora. Le vendieron la idea a Ricardo Jaime y Manuel Vázquez, y Néstor Kirchner la anunció en 2006. Y en enero de 2008, CFK la adjudicó a una UTE integrada por IECSA de Calcaterra, Odebrecht, la italiana Ghella y la española Comsa, es decir, firmó la presidente, el jefe gabinete Alberto Fernández, Julio de Vido y Ricardo Jaime; y en mayo del 2008 se reunieron Couri Ribeiro, por Odebrecht, y Javier Sánchez Caballero, por IECSA, con Juan Carlos Barboza, subsecretario de economía, cuyo titular era Carlos Fernández, quien negó que en esa reunión se hubieran pactado las coimas.

En junio del 2010, con Juan Manuel Abal Medina en la jefatura de gabinete, Julio de Vido y Juan Pablo Schiavi como secretario de transporte, Sánchez Caballero del grupo Macri recibió 20 millones de dólares y a la semana siguiente esos 20 millones de dólares, convertidos en 109 millones de pesos, ingresaron en la sociedad Inversid, que es la controlante de Sideco y Socma, las empresas de la familia Macri.

Según nuestras fuentes, el gobierno argentino adelantó 60 millones de dólares y la obra se adjudico por 1600 millones de dólares en ese entonces, por el doble de su valor, es decir, que a los 60 millones de dólares de adelanto hay que agregar el sobrecosto del soterramiento. Pero está claro que el grupo Macri cobró 20 millones de dólares y, como Odebrecht reconoció que pagó 35 millones de dólares en nuestro país, es seguro que esos 20 millones de dólares fueron un arreglo entre el grupo Macri y Odebrecht, que además le pagó al matrimonio Kirchner los 35 millones de dólares, una parte por el soterramiento, otra por el gasoducto del norte, que motivó el caso Skanska, en donde también estuvo implicado el grupo Macri con la empresa IECSA y que fue sobreseída por el entonces juez Guillermo Montenegro, que pasó luego a ser ministro de justicia y seguridad de CABA, con Macri como jefe de gobierno.

Volviendo al soterramiento, la obra se paralizó porque IECSA y Guella, que hicieron la obra del Maldonado en CABA, se comprometieron a conseguir el financiamiento internacional por medio del Credit Swisse, el banco donde tiene la cuenta Gustavo Arribas, el jefe de la AFI. Pero como el financiamiento se podía dar si el riesgo país no superaba los 800 puntos y Argentina espantaba por arriba de esos límites, no se pudo hacer.

En febrero de 2012, después de la tragedia de Once, renunció Juan Pablo Schiavi, el otro condenado junto a Claudio Cirigliano, y asumió el santafesino Claudio Ramos; pero al poco tiempo Florencio Randazzo agregó transportes a su ministerio del interior y compró la tunelera para el soterramiento en ese año. En 2013 se reflotó la obra, pero esta vez con el financiamiento de Odebrecht por el BNDES, el Banco de Desarrollo de Brasil.

Según nuestras fuentes, Randazzo habló con Franco Macri, con quien tenía trato cotidiano por la compra de vagones de ferrocarril para los trenes suburbanos, y le exigió que hablara con su familia y los socios de la UTE para que devolvieran el adelanto de 60 millones de dólares, porque si no, no iba a readjudicar la obra. Franco convenció a la UTE y de ese modo Florencio Randazzo readjudicó, se pudo llevar su parte, y devolvió el adelanto de los 60 millones dólares y el 1% de ese monto podrían ser los 594.000 dólares que recibió Gustavo Arribas.

Las revelaciones de la policía federal de Brasil estallaron en el mes de junio y salpican a Angelo Calcaterra, dueño de IECSA, aunque el periodista Roberto Navarro dice que esa empresa nunca se vendió y el dueño es el presidente Macri. Por tanto, la única forma de que la familia Macri se salve de este escándalo de corrupción es con dos aspectos: 1) que Sánchez Caballlero sea el culpable de la coima para lo cual la nueva ley de responsabilidad empresarial que anunció el presidente exime en algunos casos a los accionistas si tuvieron gerentes infieles, en este caso Sánchez Caballlero y el segundo aspecto que el grupo Macri venda IECSA. En ese sentido el periodista Roberto García, el sábado, en Perfil, escribió que la empresa IECSA la compro Marcelo Mindlin, quien sería testaferro de Joe Lewis, el magnate británico dueño de Lago Escondido en el sur e íntimo amigo del presidente Macri. ¿Será así la maniobra?

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