Por Guillermo Cherashny.-

Sergio Moro, el juez brasileño que destapó el lava jato y los sobornos de Odebrecht, vendrá a la Argentina en los primeros días de abril y será recibido por la Suprema Corte. Pero es imposible que en su estadía en nuestro país señale a los que recibieron coimas de la empresa brasileña pues esos nombres los dará la fiscalía del país vecino o la misma empresa Odebrecht en la Argentina, que tiene una nueva conducción que se autocalifica como transparente. Y como así se considera, quiere seguir normalmente en el registro de contrataciones de obra pública y esa facilidad sólo se la puede dar el gobierno nacional a través del ministerio del interior.

Ahí se abren tres posibilidades: que Odebrecht dé los nombres de los funcionarios K que le adjudicaron las obras, como el soterramiento del Sarmiento o el gasoducto troncal de Córdoba, que se concedió en este gobierno, o dar el nombre de las empresas que conformaron la unión transitoria de empresas con ellos, en cuyo caso ya O Estadao señaló que IECSA de Angelo Calcaterra -primo del presidente- cobró 20 millones de dólares en el 2010. Pero si acusa al primo del presidente, obviamente el gobierno lo sacará del registro de constructores de obra pública y llamará de nuevo a licitación al soterramiento y al gasoducto cordobés. Si es este caso, a Odebrecht y al gobierno nacional no les conviene para nada; pero sí en el primer caso, si denuncian al matrimonio Kirchner y a Julio de Vido. La tercera opción y la más probable es que no denuncien a nadie y que continúen con las obras y ganen otras más.

Todo este acuerdo podría estallar si la fiscalía de Brasil da todos los nombres de la empresas y aparece IECSA -ex Calcaterra-, ahora comprada por Marcelo Mindlin. Pero en los mails de la policía brasileña aparece el nombre de Javier Sánchez Caballero, CEO de IECSA con los Calcaterra pero echado por Marcelo Mindlin, por lo cual este ejecutivo de SOCMA desde los años 80, de 61 años de edad, será el chivo expiatorio para salvar a la familia Macri.

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