Por Guillermo Cherashny.-

El fiscal Carlos Gonella, titular de la PROCELAC, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, se hizo conocido al ser procesado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi por el delito de prevaricato. Según fuentes judiciales, el juez tomó la decisión de avanzar con la causa al conocer que en la Procelac se había hecho una investigación interna que involucraba a Báez y sus empresas. Pero cuando intervinieron en el requerimiento de instrucción en un caso por lavado de dinero no apuntaron al empresario de la construcción.

Ahora Gonella insiste con iniciativas para colonizar la justicia y la última, su intento por frenar las operaciones de “contado con liqui”, no prosperó. La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso que había presentado la Procelac para declararla ilegal. La transacción consiste en comprar con pesos bonos nominados en dólares o acciones que cotizan fuera del país para su posterior venta en moneda estadounidense. La diferencia entre lo que se paga y lo que se recibe en dólares determina un tipo de cambio.

Para los operadores de la Bolsa es una transacción legal. Sin embargo, el fiscal Gabriel Pérez Barbera y la Procelac piensan lo contrario. Es por eso que elevaron un recurso de queja ante la Corte Suprema, en el marco de una causa contra el BBVA Francés y un particular por la compra de divisas. La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico absolvió a los acusados y ratificó una sentencia de primera instancia. La Procelac quiso revertir el veredicto en la Corte y sentar jurisprudencia. No lo logró y Gonella quedó muy mal parado con los funcionarios de Economía, de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central, que ayer al mediodía tuvieron que aclarar que no querían prohibir esa operatoria.

Una torpeza atrás de otra

No se sabe si Gonella consultó antes a Kicillof, actuó por iniciativa propia o recibió instrucciones de su jefa, la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. De lo que no hay dudas es de que el episodio disparó un clima de inestabilidad y nerviosismo en los mercados. Esto se sumó a la nueva doctrina de inteligencia nacional establecida por el anexo del Decreto 1311 de la semana pasada, que le asigna a la AFI la función de espiar las maniobras financieras “desestabilizantes” y los golpes de mercado. Asi se instaló en la Citi la impresión de que se está criminalizando la actividad de los operadores de los mercados, obligando a que el titular de la AFI, Oscar Parrilli haya tenido que reunirse con brokers, traders y agentes de bolsa para aclarar que el gobierno no piensa investigarlos por venta de acciones, bonos y dinero o en los casos de subas del dólar. Las aclaraciones, sin embargo, no alcanzaron para evitar la suba del paralelo. Ahora la conducción económica deberá buscar la forma de frenar esto subiendo la tasa de interés para calmar esta minicorrida cambiaria que se esperaba para pocos días antes del 9 de agosto, fecha de las PASO. Pero se adelantó por la difusión de la doctrina de inteligencia nacional y el desafortunado recurso de queja del fiscal Gonella. Las decisiones que tome ahora Kicillof tendrán un costo económico que afectará seguramente el consumo, ya que la ampliación de la brecha cambiaria asusta al consumidor y paraliza la estancada economía argentina. Y muy probablemente deberá hacerlo porque el blue se sigue escapando y se convertiría en un problema electoral, ya que el paralelo contenido y con una brecha del 25% era el principal activo que mostraba el ministro de economía. Esto pese a una inflación del 30%, la caída de exportaciones y el superávit comercial.

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