Gran parte de la masiva exteriorización de activos ocultos se volcó a títulos públicos aprovechando que están exentos de impuestos. Esto promueve mayor endeudamiento y retrasa la recuperación vía atraso cambiario por la entrada de dólares “blanqueados”. Para capitalizar el éxito del blanqueo sería recomendable comenzar a eliminar las exenciones impositivas a los títulos públicos, reducir impuestos sobre la producción y aumentar energías en reducir el gasto público.

En las reuniones del Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Buenos Aires prevaleció el optimismo respecto a las posibilidades de recuperación de la Argentina. Pero también se señaló entre las razones que estarían retrasando las inversiones, además de la incertidumbre política, la alta inflación, las elevadas tasas de interés y cierto atraso cambiario. Más allá de los matices, estos tres factores tienen un común denominador que es el desequilibrio de las cuentas públicas.

Según datos del Ministerio de Hacienda para el año 2016, los ingresos totales del sector público nacional alcanzaron al 20% del PBI, mientras que los gastos totales ascendieron al 26% del PBI. Esto implica un desequilibrio fiscal del 6% del PBI. Dentro de los ingresos, se computan recursos por 1,2% del PBI que corresponden al blanqueo. Sin este recurso extraordinario, el desequilibrio habría sido de 7,2% del PBI.

La información oficial también permite identificar los principales componentes del gasto público. En este sentido, los datos del Ministerio de Hacienda señalan que:

  • Las prestaciones sociales equivalen al 12,1% del PBI de los cuales 8,4 puntos porcentuales corresponden a jubilaciones y pensiones.
  • Los gastos de funcionamiento representan el 4,3% del PBI.
  • Los subsidios económicos a la energía, el transporte y otras empresas absorben otros 3,6% del PBI.

Estos datos señalan que entre los tres principales componentes del gasto público se explica el 75% de las erogaciones totales. El resto son otras transferencias (como a las universidades y a provincias), inversión pública y pago de intereses de deuda. Si bien la revisión de la gestión del Estado debería ser integral, la concentración del gasto en estas tres finalidades señala la importancia estratégica de abordar la reforma previsional, revisar la burocracia estatal y reducir los subsidios económicos.

El éxito del blanqueo es una muy buena noticia. Pero en las actuales condiciones aumenta la tentación de seguir dilatando la reducción del gasto público. Un factor clave que potencia los riesgos de postergar el ajuste fiscal es que los bonos del Estado están exentos del pago de impuestos. Este trato privilegiado facilita la emisión de deuda pública induciendo una masiva entrada de dólares “blanqueados” que generan mayor atraso cambiario desalentando o postergando la recuperación de la actividad económica.

Haber logrado una masiva adhesión al blanqueo aumenta la urgencia de extremar esfuerzos para reducir el déficit fiscal. Uno de los ejes es seguir avanzando con la reducción de los subsidios económicos. Pero no menos importante es dejar de ejecutar programas naciones que se superponen con funciones de las provincias y desmantelar las estructuras burocráticas que los administran. De todas formas, el tema más importante es el menos debatido: la reforma previsional. El impacto fiscal más importante de la reparación histórica no es el reconocimiento de deudas acumuladas sino el aumento de las erogaciones a futuro al comenzar a pagar correctamente los haberes. Existe una visible contradicción entre el hecho de que el blanqueo generó un stock de recursos, mientras que la reparación histórica generó un aumento del flujo en el pago de jubilaciones y pensiones. Si a esto se agrega el impacto del envejecimiento poblacional, el sistema previsional es el principal factor de desestabilización de las finanzas públicas.

Para capitalizar el éxito del blanqueo sería recomendable comenzar a eliminar las exenciones de impuestos que gozan los títulos públicos. De esta forma, se desalentará el uso del blanqueo para seguir aumentando el endeudamiento público dilatando las reformas para una mejor organización del Estado. Pero, fundamentalmente, servirá para crear espacios fiscales que permitan reducir otros impuestos nacionales y provinciales que gravan la actividad productiva y promover así la llegada de las tan ansiadas inversiones. (IDESA)

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