Por Guillermo Sandler.-

“The economy, stupid”, Bill Clinton, 1992.

El libro “Progreso económico con justicia social” (más recursos públicos con menos impuestos), recientemente publicado, incluye la Sección 3, Capítulo II “Prioridades para el Gobierno elegido el 10 de diciembre de 2015”. Ahí sostenemos, como lo venimos haciendo desde hace muchísimos años en la función pública y en ámbito académico, en la medida que no se ejecute un “Programa de Política y Administración fiscal,” seguiremos el camino del despilfarro, el endeudamiento público, la ineficiencia económica, la corrupción y la consiguiente inflación endémica.

Sin embargo, no se escuchan voces que pretendan encarar seriamente esta problemática fiscal; muy pocos son los que perciben la gravedad de la situación que ha llevado a la decadencia y al deslizamiento por el plano inclinado a la Argentina desde hace más de 75 años, olvidando que como muy bien decía el genial J.B. Alberdi, “el presupuesto es el barómetro que mide el grado de buen sentido y de civilización de un país” y José Terry (1898) agregaba hemos vivido y vivimos, decimos nosotros, en una sociedad donde reina el despilfarro público, el crédito público y el déficit público.

A continuación, mostraremos algunas cifras extraídas de los proyectos de Presupuesto Nacional de los años 2001 y 2016 de poquísimas Jurisdicciones y Entidades, a los efectos que se tome conciencia del drama en que nos encontramos y para hacer entender a la sociedad, la opinión pública, los niveles académicos, economistas, funcionarios, sindicalistas, políticos despiertan de su letargo mental y actúen en bien de la Patria.

1. Artículo 1 de la Ley de Presupuesto: Fíjase en la suma… de gastos corrientes y de capital…

Año 2001 Año 2016 % incremental
$ 51.232.366.227 (millones) $ 1.569.412.091.951 (billones) 3.063.34%

2. Recursos tributarios

$ 30.573.600.000 $ 841.439.500.000 2.752.23%

3. Administración Central

J.01-Poder Legislativo. Nacional

$ 389.565.687 $ 11.665.792.114 2995,04%

P.16- Cámara de Senadores d la Nación: 72 Senadores

$ 138.547.001, 2713 agentes $ 5.051.002.000, 6020 ag. 3.645.70%

Costo Mensual p/Senador: $ 148.020 (2001)

Costo Mensual p/Senador: $ 5.396.376 (2016)

P.17-Cámara de Diputados de la Nación: 257 Diputados

$ 194.602.232, 4914 agentes $ 3.981.305.000, 5625 ag. 2045,87%

Costo Mensual p/Diputado: $ 58.246 (2001)

Costo Mensual p/Diputado: $ 1.191.559 (2016)

P.18-Biblioteca del Congreso de la Nación

$ 23.749.240, 965 agentes $ 1.032.268.114,1613 ag. 4346,53%

P.19-Imprenta del Congreso de la Nación

$ 9.105.000, 650 agentes $ 359.168.000, 575 ag. 3944,73%

J.25-Jefatura de Gabinete de Ministros

$ 119.251.331 $ 9.879.909.700, 1766 ag. 8284,95%

55- M. de Planificación. Fed, Inv. Pública y Servicios

$ 1.989.307.606 $ 157.752.661.932, 763 ag. 7930,03%

80-Ministerio de Salud

$ 575.763.266 $ 31.846.067.202, 5311 ag. 5311,00%

J.85-Ministerio Desarrollo Social

$ 1.255.619.047 $ 90.475.084.790, 3436 ag. 7205,62%

4. Organismos Descentralizados

E.115 Biblioteca Nacional

$ 9.209.000, 210 agentes $ 417.176.547, 201 ag. 4530,10%

914. Superintendencia de Servicios de Salud

$ 155.399.342 $ 4.779.909.000, 734 ag. 3075,89%

850. Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)

$ 22.505.278.800, 5761 ag. $ 33.841.744.437, 16038 ag. 3257,86%

5. Inflación período 2001/2015

En base a la información provista por el INDEC hasta el año 2008 y por los datos de la Dirección de Estadística de la Provincia de San Luis (2008/2015), resulta un incremento en el Índice de Precios al Consumidor de 808,10%. Llama la atención la diferencia abismal con los incrementos habidos en los gastos del Presupuesto Nacional.

En principio daría la impresión de existir un conjunto de causas: 1. los recursos no alcanzan para financiar los gastos; 2 es necesario tomar crédito público; 3. emitir dinero; 4.alta presión impositiva, agobiante para el sector privado y 5 estatización de la economía con mayor intervención del Estado Nacional.

6.A rtículo 12 de la Ley de Presupuesto:

Se asigna a las Universidades Nacionales el crédito de $ 50.342.271.000 bajo el control de Ministerio de Educación -Secretaria de Políticas Universitarias (en la realidad sin control alguno). Se observan Universidades Nacionales como U. de las Artes, Chaco Austral, Arturo Jauretche, José Clemente Paz, Hurlingham, Alto Uruguay, Rafaela, etc.) (¿) ¿Qué es esto?

7. Principios básicos de técnica presupuestaria

Uno de los principios básicos de las finanzas públicas dice que el presupuesto debe respetar el principio de universalidad (todos los gastos y recursos deben estar incluidos) y el principio de unidad (en un solo documento). En nuestro caso el presupuesto nacional se divide en:

Presupuesto de la Administración Nacional que el artículo 1.de la Ley fija “como techo” del gasto en $ 1.569.412.091.951(Billones) y  5 Sectores que están fuera del Presupuesto, comprendido por 4.1: 17 Fondos fiduciarios que gestionan entre gastos y recursos la suma de $ 123.163.451.000; 4.2 Otros Entes del Sector Público Nacional (AFIP, INCAA, UESRT, INAMU, INSSJP, OSFA y OSIS) que en entre ingresos y gastos insumen $ 259.268.193.000 y 4.3 Empresas y Sociedades del Sector Público Nacional que entre gastos y recursos suman $ 264.938.544.000, dando el consolidado de 4.1, 4.2 y 4.3 $ 647.330.904.000. Reiteramos que está suma global está fuera del Presupuesto Nacional. Si además agregamos el crédito que establece el art 12 de la Ley que fija créditos para las Universidades Nacionales por $ 50.342.271.000, tendríamos un total un total de $ 697.673.175.000 que no son gestionados a través de la Ley de Presupuesto. Es decir, el 44,5% del gasto público se determina en forma discrecional por sus gestores, dando origen a posibles formas de corrupción, discrecionalidad e ineficiencia en el manejo de los recursos de los contribuyentes.

8. Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)

Vale la pena analizar la Entidad 850- ANSES, no solamente por su significación financiero que representa el 46,76% del Presupuesto de la Administración Nacional, sino por la cantidad de “beneficiarios” de todo tipo que financia.

Jubilac. y Pensiones = 6.440.897

Personal militar = 81.218

F.de Seg. Sev.Pen.Fed. = 179.042

Adm. Parques Nacional.= 170

Ex combatientes = 136.911

SUBTOTAL JyP = 6.756.220

Pens.no Cont.-Ex comb. = 25.083

Pens. p/Ivalidez = 1.047.354

Madres c/7 hijos = 329.529

Pens otorg.p/legisl.  = 82.944

Pens. Leyes espec. = 1.612

Pens.p/vejez = 10.666.

Comp.Prest. Prev. Tarifas = 88.127

Subs. Conten. Fam. = 277.230

Seguro desempleo =  63.618

Asig. Familia Adop. = 207

Asig p/hijo = 3.430.822

Asig hijo discap. = 189.040

Asig Maternidad = 182.674

Asig Nacimientos = 143.616

Asig Prenatal = 61.796

Asig ApoyoEsc Anual = 3.091.586

Asig. Cónyuge = 709.196

Asig.Univ. p/hijo = 3.613.112

Asig Ayuda Esc. Anual = 3.251.801

Asig p/Embarazo = 178.761

TOTAL = 23.391.851

Es decir, el 54,42% de la población del país vive de los subsidios que le otorga el Estado Nacional.

9. Régimen tributario global:

La recaudación proyectada del IVA es 8,31% del PBI gravando fuertemente el consumo. Los derechos de exportación e importación, parcialmente derogados figuraban en la Ley con 3,16% del PBI, afectando las relaciones comerciales internacionales. El “impuesto al cheque” altera las operaciones bancarias y el comercio en general, siendo su presión un 1,97% del PBI. En materia de Aportes y Contribuciones que graban el salario de todos aquellos que están en relación de dependencia asciende a 7,64%.

Por otra parte, existe un conjunto de impuestos: Monotributo, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta que apenas logran recaudar 0,5% del PBI, sin tener en cuenta que además si lográramos cuantificar -en otros países más serios se hace- el costo que significa para el contribuyente el tener que contratar un contador, llenar aplicativos, trámites administrativos, pérdida de tiempo, pago de honorarios mensuales y, por otra parte, el gasto para la AFIP en cuanto poner a disposición del contribuyente espacios físicos, uso de material impreso y otros bienes, la contratación de personal para la atención y control de estos impuestos, moraleja: un simple análisis arrojaría una pérdida neta para el Estado.

El Dr. Antonio I. Margarita autor del Capítulo I “Crítica al régimen fiscal argentino actual de la Sección 3 ARGENTINA EN EL MUNDO ACTUAL del libro PROGRESO ECONOMICO CON JUSTICIA SOCIAL, afirma que el régimen fiscal argentino es un “perverso galimatías”, que son burlados los derechos y garantías, que es una maraña tributaria, que es una jungla legal compuesta por 35 impuestos nacionales, 10 impuestos al trabajo, 23 impuestos provinciales, impuestos encubiertos, 27 regímenes de información fiscal y 20 retención y percepción de impuestos ajenos.

10. Recursos humanos en la Administración Nacional

En el año 2001, la Administración Nacional contaba con 297.887 agentes, distribuidos de la siguiente manera: Administración Central 22.301, Organismos Descentralizados 53.728 e Institutos de Seguridad Social 14.858. En el presupuesto del año 2016 surgen 403.839agentes, distribuidos 322.838 en Administración Central, 63.445 en Organismos Descentralizados y 17.556 en Institutos de Seguridad Social. Se debe dejar en claro que la nómina de personal del año 2001 no era una designación óptima, sino que ya entonces se necesitaba reducir la cantidad de agentes del Estado Nacional, que en parte se redujo con las concesiones de los servicios públicos.

Por lo tanto, en el periodo 2016/2001 se incrementó la planta de personal de la Administración Nacional en 105.952 personas. Por otra parte, ciertas Jurisdicciones y Entidades cuentas con lo que se llama “horas cátedra” que se utilizan para contratar personal. Finalmente, habría que analizar el Inciso 3 Servicios no Personales Partida 34 Servicios Técnicos y Profesionales en que se contrata personal sin relación de dependencia.

11. Estructura del Gasto Público

El Programa de Reforma de la Administración Financiera Gubernamental de la Secretaria de Hacienda de la Nación del año 1992 formuló el Presupuesto Nacional aplicando la técnica de programación por programas que consiste en Programas, Subprogramas, Actividades de diversa índole, Proyectos, con metas y resultados, cuya estructura sigue formalmente vigente pero sin ningún contenido de eficiencia y eficacia.

Es decir, los datos expuestos que hemos analizado someramente, representan una ínfima parte del Presupuesto Nacional. Es necesario y urgente analizar -con la ayuda de expertos independientes, nacionales y extranjeros- los 356 Programas y Subprogramas; las 912 Actividades que coadyuvan a esos programas; los 312 Proyectos; los 5 “Otros Entes”; los 64 “Organismos Descentralizados”; las 29 “Empresas y Sociedades del Estado Nacional”, los 17 “Fondos Fiduciarios”.

Un solo propósito debe regir la metodología de trabajo: verificar si cumplen los objetivos que significaron su creación y de qué manera pueden eliminarse, reducir sus gastos, mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio o simplemente transferir a provincias o municipios porque su área de cobertura o responsabilidad es local y no nacional. Por ejemplo, el Teatro Cervantes debe transferirse a la CABA y el Instituto Nacional de Vitivinicultura a las provincias productoras de vino.

12. Conclusiones y recomendaciones

En los Manuales de Finanzas Públicas se sostiene que el Presupuesto es el Plan de Gobierno en cifras”. En nuestro caso sostenemos algo más profundo y abarcativo: sostenemos que “El Presupuesto Nacional” refleja el orden económico-social real existente en nuestro país, que según lo “up supra” manifestado se aleja de los ideales manifiestos en nuestra Constitución de 1853.

12.1 Conclusiones

En primer lugar, no se ha cumplido el principio sostenido por J.B. Alberdi “Gobernar es poblar”, ya que existen provincias y departamentos/partidos de escasa población, por no decir despobladas, y el Área Metropolitana de apenas 3.833 km2, con densidades de población como en la Ciudad de Buenos Aires de 15.325 h/km2 y el GBA con Partidos que superan los 8.719 h/km2 (Tres de Febrero), mientras las Provincias de Santa Cruz tiene 1,1 h/km2 h/km2, La Rioja, 3,2, Catamarca 3,3, Chubut 1,8, Tierra del Fuego 1,0. Incluso Partidos importantes de la Provincia de Buenos Aires como Ayacucho tiene una densidad demográfica de apenas 3 h/km2 para su vasto territorio de 6.749 km2, que en Europa sería casi un país.

Para que se comprenda la importancia del tema que aquí comentamos superficialmente pero que es suficiente para señalar que los técnicos de una vez por todas encaren este problema si realmente queremos tener un país política, social y económicamente integrado.

El Partido de La Matanza en el Gran Buenos Aires cuenta con una población de 1.772.130 de habitantes que es la cantidad de habitantes que corresponde a cuatro provincias juntas (Santa Cruz, Chubut, La Rioja y Catamarca). Esta distribución territorial-población se traduce luego en decisiones políticas, ya que 3 Senadores de la Provincia de Buenos Aires que produce el 40% del PBI del país está en inferioridad de condiciones frentes a 12 Senadores que representan a provincias de bajos niveles de PBI geográfico y demandan por parte del Gobierno Nacional provisión de bienes públicos en cantidad y calidad. Evidentemente, algo no funciona bien. Asimismo, en la CABA + GBA habitan 18.270.000 personas, mientras que en el resto del país 24.710.000.

Es decir, el 42,50% de la población total del país habita en 3.833 km2 y el resto del 57.50% está desparrama en 2.787.977 km2. Situación difícil para lograr un federalismo político y económico

En base a éstos datos, es casi imposible lograr una integración territorial mediante un sistema de comunicaciones por distintos medios de transporte: ferrocarriles, aeropuertos, vías navegables, autopistas, particularmente por un hecho real y efectivo: ¿quién financia todo esto?. Por eso la generación del 80 fue muy visionaria al respecto, hasta que J.D. Perón hizo tabla rasa con lo que se había logrando no sólo al estatizar el sistema y gran parte de la economía, sino crear una burocracia sindical que impide cualquier racional funcionamiento.

En segundo lugar, el régimen tributario vigente-como bien lo define el Dr. Antonio Margariti es una jungla que grava fuertemente el consumo, la producción, los salarios y todas las actividades económicas, bajo el lema cuanto más productiva es una actividad más hay que gravarla.

En tercer lugar, se habla de que no se respeta el federalismo económico cuando el Presidente asignó una partida adicional a la Ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, pero la mayoría de las provincias se comportan pasivamente exigiendo mayores recursos al Poder Ejecutivo Nacional para financiar sus gastos sin hacer ningún análisis de sus caóticos regímenes tributarios locales.

Por otra aparte, los convencionales de la Reforma de la Constitución Nacional de 1994 no han sido muy brillantes al redactar el Inciso 2 del Art. 75 de la Reforma sobre la coparticipación de impuestos, verdadera cuadratura del círculo sin solución posible.

En cuarto lugar, el esquema de ANSES, referido a la cantidad de personas que en nuestro país reciben un subsidio estatal, es incomprensible para un país de escasa población de algo de más de 40 millones. No puede ser que el 54,44% de la población recibe un subsidio personal del Estado Nacional. Atención aquí no está incluida la población que “trabaja” en el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Pregunta: ¿cuál es la población económicamente activa que genera riqueza para mantener a 40 millones?

12.2. Recomendaciones

El aporte de este trabajo -como hemos dicho- es despertar el interés de todos a los efectos de conformar y retomar la senda que habían forjado las Generaciones del 37 y del 80, que se refleja en el Preámbulo de la CN de 1853 y que fue remplazada “de hecho” por un régimen corporativo iniciado en la década del 30 y consolidado en el período1943/45, del cual no hemos podido (o no hemos querido?) salir. Este Gobierno puede ser “El Gran Escape” en crear las condiciones para un mejor desarrollo económico con justicia social para todos.

Es vox populi que el problema es la inflación, pero nadie la ataca en serio puesto que unos piden un incremento del 37% en su salario, el Gobierno ofrece 23%, sin darse cuenta que la inflación es un cáncer social que no sólo destruye el orden económico sino que destruye los valores de la sociedad y la misma sociedad . La inflación es una enfermedad monetaria que obliga a buscar cuales son sus causas reales. Ejemplo, tengo 39 grados de temperatura y me siento mal, sabiendo que la temperatura media del cuerpo humano son 36 grados, recurro a un médico me da una serie de medicamentos a los efectos de atacar la infección u otras causas y vuelvo a mi vida normal con una temperatura de 36 grado.

Si la economía argentina acepta una inflación de 25% es que está gravemente enferma. Hay que buscar las causas de esa enfermedad. No es la emisión monetaria la causa de la inflación. La inflación monetaria es-como el termómetro- la manifestación del mal. Hay que ir más al fondo y observar las distorsiones que puedan existir en los factores elementales de la economía: la tierra, naturaleza o medio ambiente en que desarrolla su actividad el hombre (trabajo); relaciones libres o de esclavitud, para producir riqueza para el consumo o reservar esa riqueza como capital para producir posteriormente más riqueza (la soja en el silo para la próxima cosecha).

Al estudiar la tierra, naturaleza o medio ambiente como se quiera; en realidad estamos hablando del territorio argentino y hemos destacado las distorsiones que existen no de la tierra en sí, sino en el uso de la misma que se refleja en densidades poblaciones de distintas regiones, provincias, partidos o departamentos del país. Evidentemente, este es el primer problema que hay que encarar y resolver, sino se resuelve este problema es como el ejemplo del árbol que nació torcido es sumamente difícil enderezarlo.

Por tal motivo, cuando hablamos de ordenamiento territorial estamos pensando en una nueva ley nacional de catastro en reemplazo de la ley 20.440 con el objeto de reconocer, determinar, medir y valorar el espacio territorial y sus características físicas, económicas y fiscales de las tierras urbanas y suburbanas, de las tierras rurales y subrurales, de las tierras fiscales usurpadas o no explotadas o en poder de entidades públicas nacionales, provinciales o municipales.

Este recurso natural es la fuente fundamental en la creación de riqueza y en el diseño de políticas públicas que permite tomar decisiones para resolver problemas sociales (vivienda), económicos (actividades) y fiscales (ingresos) del país y de sus habitantes.

Esta tarea es simplemente realizable con la creación de una Agencia Federal Territorial compuesta por el Instituto Geográfico Nacional, las Direcciones de Catastro y de Rentas de la CABA, de las Provincias y de los Departamentos/Partidos del país para valor los recursos con que cuenta el país en sus tres dimensiones (atmósfera, superficie y profundidad).

El segundo paso en ese proceso de reformas del Programa de Política y Administración Fiscal, es diseñar un orden impositivo nacional, provincial y municipal de acuerdo a las características de los bienes públicos, según la teoría de los bienes públicos con limitación territorial: bienes públicos nacionales, provinciales, locales o regionales.

En tercer lugar, ello requerirá el diseño de un sistema integral e integrado de transporte en sus diversas formas: autopistas, rutas, aeropuertos, puertos, vías navegables.

En cuarto lugar, ese federalismo económico se deberían transferir a las Provincias las universidades nacionales para que ellas asuman la responsabilidad de gestionar dicho nivel académico como sucede en casi todos los países federales del mundo (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza), ya que actualmente se ha transferido la educación infantil, primaria, secundaria, técnica y artística ha las Provincias y CABA.

En quinto lugar, habrá que modificarse la actual Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (24.156) por una ley que comprenda al Estado Argentino y no solamente al sector público nacional.

En sexto lugar, sería oportuno crear dentro del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación un organismo a semejanza del Instituto de Estudios Fiscales de España con el objetivo de formar profesionales que sepan gestionar la problemática pública, comenzando por economistas fiscales. Que el país no cuenta.

El país cuenta con contadores y administradores públicos, economistas expertos en macroeconomía y en política monetaria, pero no economistas fiscales como es común en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda o Japón.

Una anécdota personal: En una de las frecuentes reuniones en el departamento del Prof. Dr. Jorge Macón, lamentablemente olvidado, me decía: Ud., Guillermo, lo que está pidiendo son economistas fiscales a lo que le respondí: por supuesto. Pues traía conmigo la experiencia personal de haber trabajado durante muchos años en el sector público y, específicamente, en la Secretaria de Hacienda de la Nación y haber observado la falencia en la toma de decisiones por parte de altos funcionarios por desconocimiento de temas de economía fiscal.

Finalmente, un tema a resolver es el problema del “Escalafón del Personal del Estado”, para lo cual hay que diseñar una nueva carrera pública que tenga en cuenta los progresos tecnológicos que se vienen realizando a partir de los 90 y que los funcionarios públicos deben tener un “status” especial porque se deben ocupar por temas de mayor amplitud y significación de lo que se puede realizar en cualquier empresa privada, ya que esta en consideración el bienestar de la población.

Por otra, parte, un Estado no puede funcionar con personal de planta que más que su calificación personal predomina la antigüedad del agente; con agentes contratados por 3 ó 6 meses, con pasantes estudiantes que se reciben y siguen siendo pasantes; con becarios. Todo eso crea a parte de ineficiencia administrativa desmoralización del agente público.

Finalmente, como sucede en otros países, constituir en el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación un “Grupo de Asesores” que, sin que sus informes impliquen obligación en la toma de decisiones por parte de las Autoridades, sólo expongan puntos de vistas profesionales y académicos a cargo de personas que gozan de respeto y autoridad pública.

* El título elegido no va hacia ninguna persona en particular, sino es una generalización de un slogan político.

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