Por Antonio Rossi.-

Más allá de la desprolija movida mediática que desplegaron los protagonistas para presentar el hecho como una simple operación empresaria, el nuevo cambio de manos de las distribuidoras eléctricas bonaerenses Edelap y EDEA promete convertirse en un serio problema político para la administración provincial de María Eugenia Vidal.

Casi al mismo al mismo tiempo en que se daba a conocer la “llamativa” venta de la firma IECSA vinculada a la familia presidencial al empresario Marcelo Mindlin, la compañía local DESA salió a confirmar la compra de las sociedades controlantes de las eléctricas Edelap y EDEA que estaban bajo el control de un grupo inversor encabezado por Alejandro Macfarlane.

DESA (Desarrolladora Energética SA) es una inversora local que conduce el ex gerente de Edenor y del grupo Pampa de Mindlin, Rogelio Pagano y que viene manejando desde hace varios años las otras principales distribuidoras eléctricas privadas de la provincia como son EDEN y EDES.

Con esta adquisición -que se habría cerrado en una suma del orden de los 260 millones de dólares- DESA se ha transformado en la única operadora de las cuatro distribuidoras eléctricas privadas que están bajo la órbita del gobierno bonaerense.

El nuevo escenario surgido tras la salida del cuestionado grupo liderado por Macfarlane pone ahora a la administración de María Eugenia Vidal contra las cuerdas y la obliga a tener que afrontar los costos políticos de expedirse sobre tres cuestiones calve.

La primera de ellas tiene que ver con la clara e irrefutable concentración monopólica y posición dominante que ha pasado a tener DESA en el sistema eléctrico provincial.

Tanto el sentido común, como el ordenamiento regulatorio local y las normas antimonopolio indicarían que no es posible aceptar la situación generada por DESA.  Si opta por aprobar la transferencia accionaria y darle vía libre a la expansión de DESA, Vidal corre el riesgo de abrir un sonoro frente de tormenta político con la oposición y quedar salpicada por las seguras denuncias que sobrevendrán contra la polémica medida.

La segunda cuestión está vinculada con las pésimas gestiones de Macfarlane al frente de Edelap y EDEA que han derivado en inspecciones y auditorías que tiene en curso el OCEBA y en denuncias judiciales contra los gerentes responsables del servicio.

En el caso del OCEBA que comanda Jorge Arce, en los próximos días se darían a conocer las conclusiones y sanciones derivadas de las auditorías efectuadas sobre el estado de las líneas y las instalaciones de Edelap tras los prolongados cortes de servicio que se registraron en enero y febrero.

En tanto, en el terreno judicial, el gerente general de Edelap, Jaime Barba y seis integrantes más del directorio están imputados por los delitos penales de estafas reiteradas, defraudación al fisco y estrago culposo. La causa la lleva adelante la  UFI 9 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Cartasegna, quien busca determinar el grado de culpabilidad de cada uno de los acusados por la deficiente prestación del servicio.

A eso se suma otra causa en el Juzgado en lo Civil y Comercial nº 8 del juez Enrique Gorostegui que aglutina todas las medidas de amparos de los usuarios que se vieron afectados económicamente por los cortes de suministro del verano.

En cualquier caso, el gobierno provincial no podrá dejar de tener en cuenta estos hechos a la hora de resolver si aprueba o no el cambio las transferencias accionarias de las distribuidoras.

La tercera cuestión que debe resolver la administración Vidal es la referida al ajuste de tarifas que debería regir desde el 1 de marzo.

Desde la gobernación decidieron demorar la difusión de los nuevos cuadros tarifarios hasta que se defina la paritaria con los docentes.

La razón de esa jugada tiene que ver con el hecho de que las subas en juego para el servicio eléctrico oscilarían entre el 40% y el 90% por el doble impacto del aumento del precio mayorista de la generación que dispuso la Nación y los mayores ingresos concedidos a las distribuidoras por las revisiones tarifarias integrales (RTI) que se debatieron en las audiencias públicas de fines de diciembre pasado.

Los funcionarios de Vidal no quisieron oficializar esos porcentajes de aumentos en las boletas de la luz en medio de la negociación con los maestros para no darles más argumentos a los gremios que reclaman una actualización salarial del 35% que está muy lejos del 19% que ofrece la provincia.

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